Italia quiere dar un vuelco a la economía
Renzi intenta usar la crisis para cambiar las prácticas que han lastrado al país en 30 años
La clave, más aún que en los números, está en la confianza, en la capacidad de Italia para recuperar, ante Europa y ante sí misma, la credibilidad perdida. De ahí que, cuando a mediados de diciembre, los principales sindicatos italianos plantearon una huelga general para protestar contra la reforma laboral del Gobierno de Matteo Renzi, su habitualmente flemático ministro de Economía y Finanzas, Pier Carlo Padoan, un antiguo peso pesado del Fondo Monetario Internacional (FMI), no pudiese contener su satisfacción: “La huelga es la señal de que vamos en la dirección correcta. Los sindicatos se han dado cuenta y, gracias a esta huelga, también Europa comprobará que el Gobierno italiano está haciendo lo que tiene que hacer”. Apenas un mes después, el jueves pasado durante el foro de Davos, la canciller alemana Angela Merkel daba el acuse de recibo: “Por fin, también Italia está haciendo las reformas”.
Todo está listo, pues, para el despegue. Las condiciones meteorológicas externas empiezan a ser favorables —descenso del precio del petróleo, depreciación del euro, disminución fortísima de los tipos de interés, el ansiado plan de Draghi para comprar deuda pública…—, aunque para poner en órbita una maquinaria tan pesada aún queda mucho por hacer. El FMI estima el crecimiento de Italia en 2015 en un asfixiante 0,5% (el de España será del 2%). El Istat, el instituto nacional de estadística, ha calculado que la relación entre déficit y PIB alcanzó en el tercer trimestre de 2014 el 3,5%, un 0,2% más que el mismo periodo del año anterior; la deuda publica, que toca el 135% del PIB y que creció un 4% en 2014, es la segunda más elevada de la Unión Europea, solo por debajo de la de Grecia (176%) en esta incómoda clasificación.
Tampoco en el mercado de trabajo los datos son muy alentadores: la tasa de desempleo asciende al 13.4%, y se dispara hasta el 49,3% entre los jóvenes. Y la pobreza , calculada respecto a la renta media de la población, ha llegado a niveles inéditos: el 16,6% de los italianos vive bajo el límite de 972 euros mensuales de gastos en familias con dos miembros que marca el umbral de la pobreza estadística.
Entonces, ¿cuál es la buena noticia? Aunque parezca mentira viendo a los diputados y senadores reeditando las vistosas grescas parlamentarias, la noticia más alentadora es la determinación de Matteo Renzi de hacer lo humano e incluso lo inhumano —pactar con Silvio Berlusconi, por ejemplo, o liquidar al ala izquierdista de su partido, por poner otro ejemplo— para sacar adelante las reformas cueste lo que cueste.
Para ello ha configurado un gabinete en el que solo brillan con luz propia tres personas: él —su gran concepto de sí mismo es de hecho su mejor combustible—, Graziano Delrio, subsecretario de la presidencia del Consejo de Ministros y hombre de su absoluta de confianza, y Pier Carlo Padoan, titular de Economía y Finanzas. El exalto cargo del FMI —fue director ejecutivo para Italia, Grecia y Portugal— fue la única imposición que, a la hora de formar gobierno hace 11 meses, Renzi le aceptó al presidente de la República, Giorgio Napolitano.
Padoan es la toma de tierra del Ejecutivo, la garantía de que el ímpetu reformista del joven primer ministro —cumplió 40 años hace unos días— puede adecuarse al presupuesto. La obsesión del Gobierno, apoyada en sus tres únicos pilares, es vencer las viejas desconfianzas propias y ajenas, basadas en años de incumplimientos, y hacer pasar la idea de que, ahora sí, Italia va a cambiar.
“Y 2015 puede ser efectivamente el año de la lenta recuperación. El pasaje entre una fase de caída a una fase de resistencia”. Stefano Manzocchi, profesor de Economía Internacional de la Universidad LUISS de Roma. Está convencido de que “Italia necesita aquello que el Gobierno está intentando hacer, una reforma del mercado laboral que permita a los trabajadores moverse mejor entre un trabajo y otro —porque hay empleos predestinados a desaparecer— y una gran reforma de la administración pública, porque nuestra administración trabaja todavía mal, no por culpa de los funcionarios, sino porque está mal organizada y padece una burocracia muy poco efectivo”.
Si, además, añade el profesor Manzocchi, el Estado es capaz de superar su incapacidad crónica para invertir bien los fondos europeos — “estamos todavía recuperando lo que no hemos gastado del periodo 2007-2013 y hay que invertir mejor lo correspondiente a 2014-2020”—, el presente ejercicio se puede convertir en el año del cambio. Que no es poco.
Sobre todo teniendo en cuenta, como recuerda Manzocchi, los problemas estructurales que Italia, y también otros países de Europa, tiene que arrastrar: “Desde el punto de vista demográfico tenemos un gran problema debido al gran envejecimiento de la población, lo que conlleva costes muy altos tanto económicos como sociales. Tenemos también un problema tecnológico debido a la poca inversión de los últimos 30 años en los terrenos de la educación, la investigación y las infraestructuras tecnológicas”.
“En 30 años se ha invertido muy poco en tecnología”, dice un experto
Y, como no, el problema milenario de la economía italiana: la desigualdad regional. “Mientras que, en algunas zonas del norte, funcionan algunas de las industrias más fuertes de Europa, en algunos puntos del centro y sobre todo del Sur el atraso es considerable”, sigue desgranando Manzocchi. “Por ejemplo, en una región como Sicilia la industria cuenta menos en términos de empleo que la administración pública. Por si fuera poco, en estos últimos años hemos registrado un aumento muy fuerte de la pobreza”.
De ahí que ahora, según el profesor de la LUISS, lo importante es que el Gobierno cree las condiciones para que los italianos tengan menos miedo: “Menos miedo de los ciudadanos a gastar, de las empresas a invertir y hasta de la administración pública a cambiarse a sí misma, para de una vez dejar de ser un freno para Italia y se convierta en motor del cambio”.
Los sindicatos están en pie de guerra contra el primer ministro Renzi
Al ministro Pier Carlo Padoan no le cabe ninguna duda de que el cambio es ya imparable. El titular de Economía y Finanzas está convencido de que el paquete de reformas —llamado Jobs Act [Ley del Trabajo]— “producirá beneficios cada vez mayores y mejorará el mercado del trabajo”, a pesar de la feroz oposición de los sindicatos. “No me sorprende que esté habiendo resistencia”, asegura, “la historia de los países en los que se han hecho reformas es también una historia de conflictos, porque las reformas modifican los incentivos, las convenciones, las posiciones de privilegio. Pero esta reforma es necesaria para incluir en el mercado de trabajo quienes se hayan quedado excluido, sobre todo los jóvenes.El verdadero drama del mercado de trabajo italiano es que el desempleo juvenil es gigantesco”.
El desánimo de la juventud italiana preocupa a Padoan. “Tienen por delante una perspectiva mucho menos favorable de la que tenía yo con su edad”, comenta. “De hecho, existe el riesgo de una generación perdida”. Al igual que Matteo Renzi, con quien mantiene cordiales diferencias, el ministro de Finanzas le quita importancia al rechazo sindical: “Es la señal de que vamos en la dirección correcta”. Una toma de posición inédita —sobre todo teniendo en cuenta de que se trata de un gobierno presidido por el secretario general del Partido Democrático (PD)— que ha puesto en pie de guerra a las principales centrales sindicales.
La reforma laboral pretende agilizar la movilidad de los trabajadores
La punta de lanza contra el Gobierno es Susanna Camusso, líder desde hace cuatro años de la Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL), el sindicato mayoritario del país, con más de seis millones de afiliados, la mayoría de ellos procedentes de la izquierda. “El PD de Renzi”, ataca a la yugular Camusso, “se ha convertido en el partido que representa a la empresa. Esto significa cambiar la base de referencia, es todo un salto cultural con respecto a la política italiana. Se siente impotente para gobernar la crisis y trata de apoyarse en ese lado”.
La valoración de la reforma de Maurizio Landini, secretario general de FIOM, la federación de los trabajadores metalúrgicos de CGIL, es tajante: “No estamos frente a una reforma, porque las reformas implican progresar. Esta en cambio es una regresión: se borran derechos y se introduce la libertad para los empresarios de despedir como quieran, solo pagando algo de dinero”. Landini hace hincapié en que las nuevas normas “borran los derechos de los trabajadores y no tutelan de ninguna forma a las personas en las condiciones más difíciles y a los desempleados en particular. Además, en ningún momento se ponen en marcha medidas para contrastar la evasión fiscal y la corrupción, que cuestan respectivamente 180.000 y 60.000 millones de euros al año, ni se hace nada a nivel europeo para modificar los vínculos de las políticas de austeridad”.
El sindicalista denuncia la “falta total de una política que incentive las inversiones, tanto privadas como públicas, que trate de solucionar el desempleo y que afronte una cuestión muy grave: en Italia las personas que están en condición de pobreza absoluta y las que rozan ese umbral suman ya casi 17 millones”. Para contrarrestar una tendencia que consideran desastrosa, Landini y los miembros de su sindicato valoran poner en marcha nuevas formas de lucha: “Pensamos seguir peleando en lo jurídico, ya que las reformas del Gobierno son inconstitucionales, y también estamos planteando nuevas huelgas”.
Maresca: “Creo que la refoma laboral impulsará el contrato indefinido”
Según Francesco Liso, catedrático de Derecho del trabajo de la universidad de Roma Sapienza y exsubsecretario de Trabajo, el ataque a los sindicados es uno de los principales fallos de la reforma del mercado laboral puesta en marcha por el Ejecutivo: “Es una ley que se ha concebido con una actitud de deslegitimación hacia los sindicados, sin casi tener en cuenta el dialogo social. El Gobierno de Renzi ha provocado a la CGIL, la ha tachado de conservadora y la ha acusado de preocuparse solo por los trabajadores ya empleados”. Liso se refiere también el despido, cuya disciplina cambia con la nueva ley: “Las nuevas normas [que favorecen la indemnización de un trabajador ilegítimamente despedido respecto a su reintegro en el puesto de trabajo], permiten a los operadores económicos saber de antemano cuánto le costará la interrupción de una relación laboral, lo cual incentiva la creación de nuevos puestos de trabajo. Pero por otro lado limitan la intervención judicial en los pleitos y devuelven todo el poder a los empleadores, que solo pagarán una indemnización por despedir y se verán obligados a afrontar un juicio en muy pocas ocasiones”.
También la renovada apuesta por los contratos indefinidos incluida en la reforma alimenta cierto escepticismo en el catedrático: “Es cierto que la ley prevé incentivos fiscales [la posibilidad de no pagar la seguridad social durante tres años] que estimulan la contratación de los trabajadores. Pero hubiese hecho falta especificar más las categorías laborales a las que se destinan esas ayudas: es innecesario incentivar a los empleadores para que contraten a trabajadores que hubiesen contratado de todas maneras”. En su conjunto, asegura el académico, la reforma da pasos atrás en vez de progresar: “El Estatuto de los trabajadores estableció en 1970 unas prerrogativas claras para los empleados. Excluir a las organizaciones que los representan de la gestión de temas tan delicados como el despido no significa avanzar, sino retroceder”.
Arturo Maresca, también catedrático de derecho laboral en la universidad romana, comparte solo parcialmente la visión de su homólogo, y se demuestra mucho más entusiasta respecto a la nueva ley: “Finalmente, el derecho del trabajo italiano cambia de rumbo. Se deja de incentivar los contratos temporales que, aunque no tanto como en España, han caracterizado el mercado laboral italiano en los últimos años, y se apuesta por los indefinidos. El hecho de gozar de fuertes incentivos fiscales a la hora de contratar a nuevos trabajadores es un estímulo enorme para los empleadores”, afirma, y explica que ya hay quienes agradecen las nuevas normas: “Acabo de volver de un seminario con 300 empresarios en Vicenza [en la productiva región de Véneto, al noroeste del país]: todos están esperando la aplicación de estas reglas para contratar a nuevos trabajadores”. Maresca asegura que los decretos legislativos con los que entrarán en vigor las nuevas reglas “se están aprobando en tiempo récord, el pasaje parlamentario debería acabarse en la segunda mitad de febrero”. Y aunque especifique que la aplicación de la reforma no implicará la creación de nuevos puestos de trabajo, aclara que “si a finales de 2015 los nuevos contratos a tiempo indefinido serán más que los nuevos contratos temporales el Jobs Act habrá sido un éxito”.
Entre quienes valoran las reformas de Renzi como la panacea de los atávicos males italianos y quienes ni siquiera la consideran reformas, una vez más Italia se devide a la hora de afrontar una etapa fundamental para su futuro, algo nada nuevo en un país partido por profundas fracturas sociales y económicas. Frente a tanta incertidumbre y a números tan dramáticos, la única verdadera base de su recuperación es, quizás, la confianza.
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