Bruselas pagará ayudas de la PAC sin necesidad de producir

Los titulares de las explotaciones agrarias podrán cobrar las ayudas de la Política Agrícola Común (PAC) sin necesidad de que sus tierras produzcan. Bastará con que realicen solo tareas de mantenimiento de las tierras. El Ministerio de Agricultura, las comunidades autónomas, organizaciones agrarias y cooperativas querían que para percibir el dinero comunitario fuera necesario que la finca estuviera produciendo. Pero la Comisión Europea no lo veía igual, advirtió a España de que no podía obligar a nadie a producir para cobrar, y ha forzado el cambio que vio la luz el pasado viernes en el Consejo de Ministros en cuatro disposiciones por las que se aplicará en España la reforma de la Política Agrícola Común.

Todas las organizaciones agrarias rechazan la imposición comunitaria por considerar que puede ser una puerta abierta para que reciban pagos los llamados cazaprimas frente a los profesionales, al margen de la dimensión de las explotaciones, lo que puede provocar la aparición de superficies abandonadas e improductivas. Desde el Ministerio de Agricultura, el director general de Producciones y Mercados, Fernando Miranda, estima que Bruselas debería haber considerado las especificidades, la mayor diversidad y la climatología que existe en el sector.

La reforma de la PAC contempla la necesidad de que las ayudas directas —más de 35.000 millones de euros para España entre 2014 y 2020— no sean percibidas por superficies de terrenos no dedicadas a la actividad agraria, como aeropuertos o campos de golf. Bruselas estableció la figura del agricultor activo como único beneficiario de los pagos, pero no la definió y dejó un amplio margen a cada país para determinar las condiciones que deberían reunir esas personas.

En España todos los protagonistas del sector definieron la figura de agricultor activo cuando los ingresos de la explotación, vía ayudas PAC, no superasen el 80% de los ingresos totales y que, como mínimo, un 20% de los ingresos correspondieran a ventas de sus productos en los mercados. En la agricultura, esto requería justificantes de una actividad real y, en el caso de las explotaciones ganaderas, además de figurar en el correspondiente registro, el mantenimiento de una carga mínima de 0,20 unidades de ganado mayor por hectárea, el equivalente a una vaca por cada cinco hectáreas.

Según los datos manejados por Agricultura, con estas exigencias unos 71.000 perceptores de 550 millones en ayudas, de los 900.000 beneficiarios que existen en España, se quedarían fuera. Sin embargo, la Comisión entendió que España no podía obligar a los perceptores de fondos a desarrollar una actividad real para acceder a los pagos directos y que sería suficiente que esos beneficiarios realizaran simplemente tareas de mantenimiento de las superficies agrícolas o de los pastos en el caso de las explotaciones ganaderas. Agricultura se vio obligada finalmente a modificar esta disposición.

De los 900.000 perceptores de ayudas, solamente unos 350.000 se hallan en el régimen de la Seguridad Social Agraria, aunque hay otros miles de agricultores a tiempo parcial dados de alta en otros regímenes.