España propone a Bruselas medidas fiscales para las multinacionales

El Gobierno quiere abanderar la lucha contra la elusión fiscal de las multinacionales que se libra en Bruselas. La decisión del Reino Unido de establecer un impuesto a las grandes empresas para evitar que desvíen sus beneficios a otros territorios con menos fiscalidad, que ha bautizado como impuesto Google, ha despertado una catarata de iniciativas de varios países europeos para luchar contra la planificación tributaria de las grandes corporaciones para reducir su factura fiscal. Londres ha fijado un impuesto del 25% para los beneficios que las grandes corporaciones obtengan en un país y desvíen a otro.

Por ese motivo, España ha decidido plantear a Bruselas que extienda una serie de medidas que reduzcan el margen de las grandes compañías tecnológicas de para escapar al fisco. Entre ellas, Hacienda propone que se establezcan los niveles de tributación real de cada Estado para ampliar la definición de los paraísos fiscales. En ocasiones, los países informan sobre los impuestos generales que imponen a las empresas pero ocultan la información sobre la maraña de deducciones y beneficios fiscales, así como de acuerdos especiales que mantienen con las empresas. Esta práctica hace que la información que facilitan esté distorsionada.

El Consejo Europeo ha pedido a la Comisión y a los Estados que intensifiquen sus esfuerzos para luchar contra el fraude, la planificación fiscal agresiva, la erosión de las bases imponibles a través de resquicios legales y el traslado de beneficios a otras jurisdicciones con fiscalidad favorable.

Otra de las medidas que plantea Hacienda consiste en establecer un mecanismo de intercambio de información sobre los tax ruling —acuerdos fiscales de los países con las multinacionales para que tributen en sus territorios a cambio de reducir sus obligaciones fiscales— sobre operaciones transfronterizas relevantes. Es decir, que todos los países conozcan los acuerdos especiales que los países tienen con las empresas.

El 'impuesto Google'  impulsado por Reino Unido ha provocado una catarata de iniciativas

Hacienda también ha reclamado unificar el tratamiento de los híbridos. Por ejemplo, un préstamo participativo que en algunos países se considera como deuda mientras en otro está calificado como fondos propios. España ha introducido en la reforma fiscal un mecanismo para impedir que los gastos financieros derivados de estos instrumentos sean deducibles cuando no se tributa por ellos en otros países.

España propone además extender el exit tax, el impuesto antielusión que obliga a tributar por los beneficios latentes de los activos financieros cuando un contribuyente traslade su residencia habitual de un Estado a otro.

Hacienda también pretende llevar al próximo Consejo Europeo el establecimiento de un número de identificación fiscal europeo, para facilitar la identificación de los contribuyentes que realicen operaciones transfronterizas, con el objetivo de limitar las grandes operaciones de fraude de IVA. Además, en la batería de propuestas que España quiere poner encima de la mesa en la próxima reunión en Bruselas está un código de buenas prácticas fiscales, que incluiría un conjunto de recomendaciones para mejorar la seguridad jurídica de los sistemas tributarios. Esta medida debería contar con el apoyo de las grandes empresas mediante un certificado de buenas prácticas.

Algunas de estas medidas están incluidas en el programa de la OCDE para evitar los abusos fiscales de las multinacionales.