Solo la justicia restablecerá la confianza

Se ha hecho público el Informe que los peritos del Banco de España, a instancias del Juez Andreu, aportan al proceso abierto en la Audiencia Nacional, sobre la situación financiera y contable de Bankia. Sus conclusiones coinciden con las que venimos defendiendo en los procesos que hemos iniciado en defensa de los intereses de los miles de afectados por su fallida salida a bolsa, que cada día se siguen sumando.

Los hechos eran tan evidentes que no hacía falta tener profundos conocimientos contables para saber que algo se había hecho mal cuando una sociedad presentaba unas cuentas con casi 300 millones de beneficios y con esa tarjeta de presentación pedía dinero a unos 300.000 pequeños ahorradores, y sólo unos meses después era intervenida, arrojaba pérdidas de 3.000 millones de euros, y solicitaba un rescate de más de 20.000 millones. Si a esto se añadía que la empresa en cuestión era una entidad de crédito, y que por lo tanto se hallaba bajo la supervisión del Banco de España, y además la operación requirió la autorización de la CNMV, no nos cabía explicación alguna para entender lo sucedido.

Este informe confirma la consumación de un fraude financiero de gran magnitud en el que los controles institucionales fracasaron, incluidos los del propio Banco de España, cuyos peritos ahora descubren ahora una realidad, que nuestro banco central no advirtió cuando hubiera podido evitar el daño.

Este informe confirma la consumación de un gran fraude financiero

Esta situación requiere una doble reparación. Por un lado, debe procederse a la restitución a los pequeños ahorradores, afectados por este gigantesco fraude, del dinero entregado a Bankia como contraprestación por la venta de unas acciones vacías de cualquier valor patrimonial. No nos cabe ya ninguna duda de que la compra de las acciones en la salida a bolsa se hizo bajo un consentimiento viciado. Según nuestro Código civil, tales contratos pueden ser anulados y por consiguiente procederse a una restitución de las prestaciones realizadas. El accionista devolverá la acción a la compañía y la compañía devolverá el dinero al inversor con intereses y, en su caso, con la indemnización por daños y perjuicios que pudiera corresponder. Por otro lado, debe procederse a una restitución al ciudadano de la confianza legítima que debe tener en sus instituciones.

Un sistema político y jurídico funciona bien, no cuando no tiene fallos, sino cuando los detecta y consigue subsanarlos. Porque nada nos asegura que no se puedan cometer fraudes en el futuro: puede pasar aquí o en cualquier país avanzado. La diferencia la vamos a encontrar en la reacción del sistema: el país avanzado resolverá el problema; el no avanzado lo barrerá debajo de las alfombras. En EE UU Irving Picard, el abogado fideicomisario que trabaja para recuperar fondos para los perjudicados ha conseguido ya la recuperación del casi el 60% de todo lo defraudado. El Informe de los peritos del Banco de España es un primer paso en la buena dirección. Pero es necesario que todas las instituciones públicas que fallaron en prevenir este fraude bursátil masivo asuman sus responsabilidades y a los defraudados se les restituya su dinero.

Javier Cremades es abogado