Empleo cobra por las prejubilaciones de firmas con beneficios 82,7 millones

Las arcas públicas ya han recaudado 82,7 millones de euros por las prejubilaciones de mayores de 50 años de las grandes empresas con beneficios. Hace poco más de un año, la cifra no llegaba al millón de euros. Ahora se ha multiplicado por 82 y en esta operación aún faltan otros 700.000 euros reclamados por el Ministerio de Empleo y que las compañías requeridas todavía no han ingresado, según los datos oficiales a los que ha tenido acceso este diario.

Desde que en julio de 2011 se estableció la obligación de que las empresas con más de 100 trabajadores compensaran a la Administración con los costes que soporta el erario público por las prejubilaciones (básicamente el seguro de desempleo) hasta que se ingresó el primer euro pasaron más de dos años. Varios cambios legales y la falta de un reglamento que regulara este cobro explican ese retraso. Ahora, en cambio, una vez establecidos todos lo cauces, la recaudación de esta obligación va tomando cuerpo. No obstante, los casi 83 millones ingresados todavía están lejos de los 390 millones al año que el Ejecutivo esperaba por este concepto, según la memoria económica que remitió al Congreso de los Diputados.

Por el momento, lo recaudado corresponde al despido —un prejubilado es un despedido en los últimos años de su vida laboral— de 5.214 trabajadores procedentes de 18 empresas.

En la lista de empleadores que han tenido que afrontar este coste están el banco británico Barclays, el fabricante de móviles Nokia, la química Pfizer, la asociación ecologista Greenpeace, la embotelladora Schweppes, la editorial RBA Revistas y, sobre todo, Telefónica. Precisamente, es esta última compañía la que dio nombre a esta medida, que se conoce popularmente con el nombre de enmienda Telefónica, ya que su creación fue anunciada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y continuada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, después de que la compañía anunciara un despido colectivo en su división española en abril de 2011, un día después de publicar sus beneficios trimestrales.

El objetivo explícito de la medida del Gobierno era frenar las prejubilaciones encareciéndolas. Hasta entonces, una parte importante de los costes de estos despidos era asumida por el erario público, ya que en los cálculos de las empresas y los sindicatos, a la hora de negociar las indemnizaciones se descontaban los dos años de prestación contributiva frente al desempleo a los que suelen tener derecho estos trabajadores y también el subsidio posterior, así como su cotización correspondiente. Desde que la medida está en vigor, en las negociaciones tiene que incluirse al menos una parte de ese coste. El porcentaje a pagar por este concepto está en función del tamaño de la empresa y del peso de las prejubilaciones dentro del despido colectivo.