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OPINIÓN

Ingresos y deuda

Los votantes de los países endeudados ya se han cansado y la estabilidad social está amenazada

Siete años de crisis, más de un billón de deuda pública y España tiene un sistema de seguimiento de cumplimiento de las cuentas públicas impropio de un país de 32.000 dólares por habitante. La información que se publica es de las partes, pero no tenemos la del todo. La Administración central está adulterando sus datos de ingresos con atípicos procedentes de emitir bonos a tipos de interés por debajo de su cupón. Pero eso es una pura anotación contable que no mejora el dinero disponible en la caja para pagar sueldos de funcionarios, pensiones e intereses de la deuda.

Los ingresos de la Administración central, eliminando ese efecto, crecen un 4% anual y están inflados por ingresos ocasionales que se registraron en el primer trimestre del año y que no volverán a producirse en el futuro. Los ingresos de la Seguridad Social están estancados y los de las comunidades autónomas caen próximos al 1%. La realidad es que los ingresos públicos totales crecen el 1,5% anual en los primeros nueve meses de 2014. Estamos obsesionados con el PIB pero lo determinante en la crisis de deuda es la recaudación.

La bajada de prima de riesgo, sobre todo a corto plazo, ha frenado la dinámica de insostenibilidad de deuda. Pero el coste implícito de la deuda pública está próximo al 4%. Para conseguir estabilizar el ratio de deuda pública sobre PIB el gobierno debería conseguir un superávit primario (diferencia entre ingresos y gastos antes del pago de intereses) del 2,5% del PIB, la diferencia entre el crecimiento de ingresos y el coste de la deuda. España cerrará 2014 con un déficit primario próximo al 3% del PIB. Por lo tanto, el gobierno tendría que hacer un ajuste fiscal adicional del 5,5% del PIB, o sea 55.000 millones de euros para retornar a la senda de sostenibilidad. Pero eso es un análisis puramente contable. Con un multiplicador fiscal, por muy bajo que se elija, este ajuste provocaría caída de PIB y empleo. Lo que nos enseña la teoría económica y la historia reciente es que los inversores volverían a dudar de recuperar su dinero invertido en deuda española y tendríamos otra crisis financiera, intensificando el crecimiento del pago de intereses.

La solución más razonable es aumentar el crecimiento, la inflación y el crecimiento de los ingresos fiscales. Esto es lo que ha hecho EE UU desde 2009 y tiene la tasa de paro en el 6% y el déficit público acabará 2014 próximo al 3% del PIB. Pero la negación de la realidad de los gobernantes europeos y españoles nos aleja de la solución. El relato oficial es que los bancos son solventes, que la deflación es expansiva, que la solución es más austeridad, más competitividad, o sea más bajada de salarios, y que hay margen para bajar los impuestos.

Pero hay dos variables que los gobiernos no controlan: la estabilidad social y los votos de los ciudadanos y los mercados. Los votantes de los países endeudados ya se han cansado y la estabilidad social está amenazada. Y los mercados empiezan a ponerse nerviosos. Aún hay tiempo, aunque cada vez menos, para un diagnóstico realista, un debate europeo serio sobre la deuda y un cambio de rumbo de la política económica. Pero parece que nuestros gobernantes seguirán malgastando el tiempo, mientras la deuda crece exponencialmente.