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Las ayudas a la contratación restarán 1.600 millones a la Seguridad Social

La pérdida de ingresos presupuestada se duplica en 2015 con la tarifa plana

Las ayudas a la contratación mermarán los ingresos de la Seguridad Social en 2015 en 1.614,8 millones, según el Ministerio de Empleo. Esta cantidad supone un salto de 826 millones sobre lo presupuestado para este mismo año y la más alta, al menos, desde 2008. La principal causa de este salto hay que buscarla en la tarifa plana de 100 euros para contingencias comunes que el Ejecutivo aprobó el pasado febrero para tratar de animar a las empresas a incrementar sus plantillas.

Para fomentar la contratación, normalmente la indefinida, entre los empresarios y el empleo, los diferentes Gobiernos han recurrido a dos tipos de ayuda: las bonificaciones a la contratación y las reducciones durante un periodo de tiempo limitado. Para el empresario, en principio, no hay diferencia entre una y otra, ya que él va a pagar menos sí o sí. En cambio, las arcas públicas de la Seguridad Social sí que notan la diferencia entre una y otra. En las bonificaciones los Servicios Públicos de Empleo ponen la cantidad que el empresario deja de pagar, para que no haya una merma en la cotización. En las reducciones —como las aplicadas desde febrero— nadie asume la diferencia y por tanto disminuye la recaudación.

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Ayudas a la contratación 

Tradicionalmente las bonificaciones han sido la herramienta más utilizada para impulsar la contratación, pese a que la literatura económica —y la hay abundante— ha probado que cuando su uso se generaliza no cumplen con su objetivo. Pero desde 2012, con las políticas de ajuste, las bonificaciones han caído. De hecho, en el decreto de recortes de ese año se eliminaron buena parte de ellas. En cambio, las reducciones han seguido un camino inverso y han crecido año a año. Así para 2015, Empleo ha previsto gastar 1.500 millones en bonificaciones y dejar de ingresar 1.614 millones por las reducciones. Por primera vez, estas últimas superarán a las primeras.

El Gobierno tendrá que pagar 1.500 millones por las bonificaciones

La merma de ingresos por reducciones, que pasa de 786 millones a 1.614 millones, se debe a la llamada tarifa plana de contratación. Esto puede comprobarse en el informe económico financiero que acompaña los presupuestos de la Seguridad Social para el año que viene. Además de las cantidades monetarias, también hay una relación de las ayudas, y queda de manifiesto que la única novedad significativa que puede tener impacto en el ejercicio próximo es la tarifa plana. Hay otras ayudas, como la otra tarifa plana, destinada a los autónomos y creada en 2013, y otras heredadas de años atrás (algunas incluso de la década de los años ochenta).

La última tarifa plana, que supone el pago por parte de las empresas de solo 100 euros sobre contingencias comunes por trabajador —y a la que hasta ahora se han acogido más de 133.000 contratos— consiste en que el empresario que suscribiera un contrato indefinido que aumentara plantilla solo tendría que pagar esa cantidad mensual durante dos años, y el tercero, la mitad de lo que le correspondería, siempre que lo firmara antes del 31 de diciembre. La condición del aumento de plantilla se quedó muy desdibujada con la redacción del decreto.

El Ejecutivo negó que la medida tuviera impacto en las arcas públicas

En la memoria económica que acompañó el decreto de creación de la tarifa, el Ministerio de Empleo no cifró en el impacto económico que iba a tener la medida. Afirmaba que lo que se perdía por la reducción de cotizaciones se ganaba al estimular la contratación y crearse nuevos empleos. La argumentación fue rebatida desde Fedea y desde CC OO con sendos estudios, que cifraban el impacto agregado de la medida entre los 2.500 y los 2.750 millones de euros durante toda su vigencia. Además, estos documentos subrayaban que la tarifa plana no iba a estimular la contratación, puesto que era medida poco focalizada sobre un colectivo en concreto, y, por tanto, todo lo que dejara de ingresar la Seguridad Social se convertiría en lo que los economistas llaman peso muerto. Lo máximo que se admitía era que con la medida, al establecer el límite de diciembre para poder acogerse a ella, se podía adelantar la decisión de algún empresario de contratar.