La Audiencia Nacional da el primer paso para juzgar a exdirectivos de CCM

Juan Pedro Hernández Moltó, expresidente de Caja Castilla La Mancha, y Ildefonso Ortega Rodríguez, exdirector general, están a un paso de sentarse en el banquillo por supuestos delitos societarios de falseamiento de cuentas y administración desleal.

El juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha dado a las partes personadas en el caso del saqueo de la caja un plazo de diez días para que soliciten la apertura de juicio. En el auto, Ruz estima en 149,8 millones los perjuicios por cinco operaciones fallidas en las que los imputados intervinieron para conceder créditos sin garantías a varias empresas, refinanciaciones en condiciones fuera de mercado, condonación de intereses o daciones en pago que no fueron ni aprobadas ni convalidadas por la comisión ejecutiva de la caja.

El Consejo de Ministros aprobó el 29 de marzo de 2009 en una reunión de urgencia la intervención de la caja manchega, que fue la primera en ser nacionalizada con un rescate de 9.000 millones de euros. Moltó y Ortega fueron destituidos de sus cargos por el Banco de España por las presuntas irregularidades derivadas de su gestión.  Los propios directivos, que prestaron declaración ante el juez a finales de 2013, admitieron haber avalado créditos sospechosos concedidos por la entidad porque estos contaban con el dictamen favorable del Área de Riesgos y del Comité Superior de Riesgos.

Las operaciones fallidas

El juez explica en su auto que en varias ocasiones, Moltó y Ortega pusieron en riesgo a la caja por la "notoria desproporción entre los riesgos concedidos y su probabilidad de recuperación", en operaciones fallidas. La primera que explica el juez, referida al grupo Renovalia, consistió en la refinanciación de un préstamo de 25 millones de euros para enjugar créditos anteriores concedidos a los administradores del grupo de negocios Urbaja, los hermanos Antonio y e Ignacio Barco Fernández. Ambos eran considerados los reyes del ladrillo de Ciudad Real durante el boom inmobiliario. La refinanciación se concedió "sin solicitar aval", a los empresarios, lo que abocó a la caja "a perder el recurso a la ejecución del patrimonio personal de los acreditados".

Otra de las operaciones que detalla el auto es la relacionada con el desembarco del empresario Luis Portillo en la Inmobiliaria Colonial, una ruinosa operación financiada por la CCM. La operación se inicia en junio de 2007 con la aprobación de la solicitud, por parte de la sociedad patrimonial de Portillo y su mujer, de un crédito de 60 millones para comprar acciones de Colonial. Los peritos apreciaron que el grupo Portillo recibió "condiciones más favorables a las habituales", como menores garantías para recibir los fondos. Las operaciones derivadas de ese crédito se hicieron prácticamente a ciegas, ya que la caja "no conoce ante quién se presenta ese aval y a quién se están comprando las acciones". Tampoco se valora la "viabilidad y finalidad del proyecto".

La actuación de Ortega y Hernández Moltó no se quedó ahí. Con la sociedad Naropa la caja realizó "operaciones carentes de racionalidad económica que solo beneficiaron al grupo y perjudicaron a CCM", con un agujero de "al menos 9,9 millones". La generosidad de CCM con algunas empresas también tocó al grupo Lábaro con un préstamo de 50 millones para financiar una compra de acciones de la sociedad de Domingo Díaz de Mera, otro empresario del ladrillo de Ciudad Real. Los peritos concluyeron que la operación suponía valorar la firma en 200 millones "de forma injustificada".

La caja también adquirió acciones de la empresa T-Solar por 41 millones de euros pagando un sobreprecio al vendedor "por el simple hecho de que en el guruo existiteran ampliaciones de capital", algo que, según la investigación judicial, "en sí mismo no justifica ese pago".

Estas operaciones, que el juez califica de "singulares", se hacían "sin observar las reglas de la práxis habitual bancaria y de la propia normativa interna de la entidad, lo que se tradujo en un trato de favor hacia la parte deudora en la práctica totalidad de los casos".

Cuentas falseadas

Otra de las conductas fraudulentas que el juez aprecia en los exdirectivos tiene que ver con las cuentas de la caja del año 2008, formuladas por Ortega por orden de Hernández Moltó y falseadas para "presentar beneficios". Según el auto, ambos eran conscientes de que la entidad en realidad "había incurrido en pérdidas". Esas cuentas fueron publicadas por la Confederación de Cajas de Ahorros (CECA), "sin los ajustes exigidos por el Banco de España".