El juez Ruz cita como imputados al ex presidente y al ex director de CCM

El ex presidente de Caja Castilla La Mancha y ex diputado del PSOE, Juan Pedro Hernández Moltó, no será el único en responder ante la justicia por la presunta defraudación que condujo a la intervención de esa entidad financiera el 29 de marzo de 2009. La Fiscalía Anticorrupción, que también investigaba por su cuenta los presuntos delitos, ha solicitado que, además de Moltó, declare también como imputado el ex director general de la caja, Ildefonso Ortega. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha citado a ambos para los próximos 1 y 5 de febrero.

El caso nació con la denuncia que seis consejeros de CCM nombrados a propuesta del PP -Constantino Berruga, José Miguel Imedio, Juan José Alcalá, José Aceituno, Jaime Ramos y Fernando Torres- presentaron en un juzgado de Cuenca que, después, se inhibió a favor de la Audiencia Nacional. En su escrito imputaban a Moltó y a "todas las personas que de la investigación resultaren presuntos responsables" los presuntos delitos de administración desleal, negativa o impedimento a socios del ejercicio de sus derechos, falsedad contable, estafa y falsedad en documento mercantil.

Se les acusa de administración desleal, falsedad en documento y estafa

A la denuncia se ha sumado Anticorrupción, que abrió sus propias diligencias de investigación tras remitirle el Banco de España el demoledor informe de la Inspección -fechado el 29 de abril de 2009, solo un mes después de la intervención de la entidad- en el que se recogían los "graves errores y carencias" que se produjeron en la gestión de CCM desde 2007.

El escrito de Anticorrupción se basaba en ese documento, que responsabilizó directamente de la situación de la entidad a Hernández Moltó. También abrió expediente a varios consejeros (no a los del PP, que habían dimitido), ya que el entonces presidente de CCM, a pesar de carecer de funciones ejecutivas, "presidía la comisión ejecutiva, el comité de dirección y realizaba funciones de gestión de forma directa". El informe de la Inspección del Banco de España también cargaba contra el entonces director general Ildefonso Ortega, al que responsabilizó de no limitar las demandas de financiación de las sociedades participadas por la entidad.

Atendiendo a las propuestas de sanción de los inspectores del Banco de España, el Ministerio de Economía y Hacienda castigó a ambos con la inhabilitación por cinco años y con multas de 155.000 euros para el ex presidente y de 150.000 para el ex director general. Ahora, además, Anticorrupción entiende que la actuación de ambos podría tener relevancia penal.

El juez Pablo Ruz aceptó el caso el pasado 3 de diciembre tras recibirlo del Juzgado de Instrucción número 3 de Cuenca, donde se presentó la denuncia. En su resolución, el magistrado de la Audiencia recordaba cómo, debido a la presunta actuación delictiva de Moltó, el Consejo de Ministros tuvo que reunirse "con carácter extraordinario" por "circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad" que obligó a avalar con hasta 9.000 millones de dinero público a CCM para facilitarle liquidez y que pudiera siguir operando y evitar perjuicios a sus clientes y acreedores.

El rescate de CCM ha sido el más costoso del sector. Se necesitaron 5.618 millones entre las aportaciones del Banco de España y del fondo de garantía de las cajas, que se quedó sin patrimonio. Estas ayudas superan en 2,8 veces el rescate de Banesto, que ascendió a 1.970 millones de euros brutos y que provocó 1.168 millones de pérdidas netas para el fondo de garantía de los bancos. Según el juez, las cifras "evidencian de forma palmaria la enorme magnitud y trascendencia de los hechos denunciados para la economía nacional".