Los grandes despachos cuestionan algunos aspectos de la reforma fiscal

Consideran que el proyecto tributario del Gobierno contiene aspectos de "difícil interpretación y futura conflictividad"

La Fundación Impuestos y Competitividad, integrada por los ocho grandes despachos de asesoramiento fiscal ha cuestionado algunos de los puntos de la reforma fiscal aprobada por el Gobierno, que se encuentra actualmente en tramitación parlamentaria.

La fundación integrada por PwC, Cuatrecasa, Gonsalves Pereira, Uría Menéndez, Baker &Mckenzie, Deloitte, EY, Garrigues y KPMG considera que "el juego de equilibrios" en los impuestos que se han reformado en el proyecto del Gobierno "no permiten evaluar el impacto neto de reducción anunciado". La traducción del lenguaje sibilino de los despachos de abogados es que la rebaja de tipos va acompañada por la supresión o limitación de varias deducciones que pueden que al aplicarse no surta efecto la rebaja fiscal prometida.

Los grandes despachos de asesoramiento fiscal creen también que la reforma fiscal contiene elementos con "un alto potencial de dificultad interpretativa y, por tanto, de futura conflictividad, con una clara proliferación de normas antiabuso".

Gines Navarro, director de la Fundación Impuestos y Competitividad, ha calificado la reforma fiscal como inacabada porque aún está por redactar las novedades de Ley General Tributaria y desarrollar los cambios en los impuestos autonómicos (sucesiones, donaciones, patrimonio...).

Entre los aspectos que más ha criticado está la supresión del escalón de tipos del impuesto de sociedades que hasta ahora existía para las pymes. Las pequeñas y medianas empresas tienen actualmente un tipo del 25% frente al 30% general. Con la reforma se unifica en el 25% dentro de dos años, cuando la reforma se desarrolle al completo. "Habrá que ver el impacto de la supresión del tipo reducido para comprobar el efecto", dijo con cierto escepticismo Navarro.

Este experto tributario opina, además, que "hay una amplia lista de medidas cuya incidencia negativa en la competitividad de la empresa es altamente probable". Se refería a algunas medidas del impuesto de sociedades que limitan algunas deducciones o exenciones. Entre ellas, el deterioro de diversos activos financieros y de inmovilizado inmaterial, la posposición de resultados negativos en operaciones entre empresas del grupo, posposición de pérdidas en operaciones con participadas o establecimientos permanentes, limitación de los gastos de representanción, limitación de los gastos financieros y la compensación de bases imponibles negativas.

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Navarro destacó la limitación que el Gobieno ha establecido sobre las bases imponibles negativas (BIN), los créditos fiscales que originan las empresas cuando tienen pérdida y le sirven para reducir su factura fiscal cuando arrojan beneficios. El Gobierno establece un límite del 60% de la compensación de bases negativas a cambio de eliminar el límite temporal que existía, en 18 años. "Están criminalizando la financiación ajena", dijo Navarro.

La Fundación también ha repasado algunas medidas del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) que considera que pueden perjudicar la competitividad. Y aunque ha resaltado las mejoras en el régimen de impatriados ha criticado el "exit tax", una iniciativa por la cual los ejecutivos que se van fuera de España tienen que aflorar sus plusvalías.Por eso, la fundación considera que algunas de las medidas de la reforma fiscal podrían ir contra la normativa comunitaria.

Sobre la firma

J. S. GONZÁLEZ

Redactor jefe de Economía y Negocios en EL PAÍS. Estudió Económicas y trabajó cinco años como auditor. Ha cubierto la crisis financiera, contado las consecuencias del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, el rescate a España y las reformas de las políticas públicas de la última década. Ha cursado el programa de desarrollo directivo (PDD) del IESE.

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