China se abre a una nueva era económica

Liu Guanghai no se considera un hombre afortunado. Ya no. En sus buenos tiempos llegó a acumular una fortuna de más de cien millones de yuanes (12,3 millones de euros), una cantidad sumamente respetable en China. Hoy, a este antiguo socio de la Compañía de Productos Minerales Tianci, una empresa propietaria de dos minas de carbón de la provincia de Sichuan, en el centro de China, se le acumulan las deudas, los bancos quieren embargarle y trata desesperadamente en los tribunales de no perder su casa.

Hace tan sólo cinco años, el Gobierno municipal de Fengjie, la localidad donde tiene su sede la compañía, premió a Tianci como una de las ocho empresas que pagaron más impuestos en el sector minero en 2008. Eran buenos tiempos para la industria. La minería estaba considerada un área estratégica, una de las que alentaban aquel crecimiento prodigioso, del 10% anual y más, que era la envidia de los países occidentales. Todas las puertas se les abrían. Hombres como Liu eran los reyes.

Pero todo eso ha cambiado. “Sus minas ya no dan nada de beneficio... Está en una situación muy difícil”, explica su abogado, Zhou Litai. Liu llevaba más de diez años en el sector, pero ahora debe más de setenta millones de yuanes (casi diez millones de euros). Un tribunal de Chongqing, en Sichuan, ha ordenado el embargo de las minas y de su vivienda. Su caso, asegura Zhou, famoso en China por prestar ayuda legal a grupos vulnerables, no es ni mucho menos el único en los últimos tiempos. “Es bastante general en el sector minero”.

En sus últimos años de mandato el primer ministro Wen Jiabao y ahora el Gobierno que encabeza el presidente chino Xi Jinping han decidido abandonar el modelo económico basado en el crecimiento a toda costa, incluida una explotación exhaustiva e insostenible de los recursos. La prioridad está ahora en un nuevo modelo que busca potenciar el consumo interno. En noviembre del año pasado, la reunión plenaria anual del partido comunista anunció un amplio proceso de reformas de 60 puntos, mucho más ambicioso de lo que esperaban los analistas, encaminado a dar protagonismo a las fuerzas de mercado. En numerosos campos, desde una mayor apertura del sector bancario a la ampliación de la cobertura del sistema de seguridad social. Incluye, entre otras cosas, por reducir el exceso de capacidad en sectores como el carbón. Y empresarios como Liu —en casos que evocan a las víctimas de la reconversión industrial española de los años ochenta— han sido algunos de los perjudicados.

“La economía estaba en la adolescencia

Mientras Liu batalla en los juzgados, los analistas son unánimes. Las reformas de la segunda economía del mundo son inevitables, y urgentes, ante un modelo que ha permitido sacar a más de cuatrocientos millones de personas de la pobreza y que, guiado en sus comienzos por el reformista Deng Xiaoping, se ha ido alejando gradualmente de las premisas comunistas de Mao Zedong. Pero que se había quedado anticuado y comenzaba a dar peligrosas señales de agotamiento. “La economía china se encontraba en su adolescencia y, como todos los adolescentes, registró unos años de crecimiento muy rápido. Pero en algún momento los adolescentes dejan de crecer a ese ritmo y se convierten en adultos”, explica el catedrático del Instituto de Economía de la Academia de Ciencias Sociales de China (CASS), Wang Hongmiao.

Ese crecimiento rápido había creado problemas que, con la ralentización de los últimos años, han quedado cada vez más de manifiesto. Tras la crisis financiera de 2008, China ha alentado el crecimiento mediante la inversión estatal, lo que ha creado un sector inmobiliario que burbujea y ha beneficiado desmesuradamente a las grandes empresas públicas, muchas de ellas dinosaurios ineficientes.

El crecimiento por el crecimiento ha disparado la desigualdad social, la contaminación medioambiental y la inseguridad alimentaria. La oferta de China como fábrica del mundo, con una mano de obra barata y poco cualificada, se ve amenazada ante el envejecimiento de la población y el aumento de los costes de producción, especialmente por la subida de los salarios. Crece la diferencia entre la costa desarrollada y el interior rural: en 2013, la renta per capita disponible en las ciudades más que triplicaba la del campo. La inversión como arma de crecimiento se ha empleado mucho más allá de lo que era necesario y genera ahora cada vez menos rendimiento. El Fondo Monetario Internacional instaba en noviembre de 2012 a China a reducir su inversión en 10 puntos porcentuales de PIB para garantizar un crecimiento óptimo.

Ante esta encrucijada, las autoridades chinas han empezado a poner en práctica las reformas. La voluntad de cambio por parte del nuevo Ejecutivo —a diferencia de la década administrada por el binomio Hu Jintao y Wen Jiabao, llena de buenas palabras pero pocos avances— parece clara. De los 60 puntos planteados en noviembre de 2013, cuando el régimen incluyó una inédita referencia al papel “decisivo” de las fuerzas del mercado en la asignación de recursos, ya se han comenzado a desarrollar 49. “Puede haber dudas sobre su implementación, pero esta declaración es la más impresionante que hemos visto en este siglo”, dijo entonces al respecto la consultora de investigación económica británica Capital Economics.

Las puertas de

Pero si la voluntad de cambio parece manifiesta, su efectividad es aún una incógnita. De momento, el crecimiento ha bajado de aquellas alturas de dos dígitos de hace unos años a un 7,7% el año pasado, que se calcula que rondará el 7,5% cuando concluya éste. Las autoridades chinas insisten en que no se trata de crecer en cantidad, sino en calidad, y las reformas darán fruto gradualmente y conseguirán un crecimiento sostenible a largo plazo. No acometerlas, sostienen, supondría abocarse a una caída aún más fuerte, con consecuencias trágicas en la estabilidad social.

Una de las iniciativas más aplaudidas es la entrada de inversión privada en las todopoderosas empresas estatales, que dominan industrias que van desde la energía, infraestructura o telecomunicaciones y que actúan bajo un régimen prácticamente monopolístico. “Hasta ahora las empresas privadas chinas, que tienen un potencial infinito, se han enfrentado a distintas restricciones por culpa de las compañías estatales y las instituciones gubernamentales. Lo oficial y lo estatal han acumulado la riqueza del pueblo”, afirma Hu Xingdou, catedrático de Economía del Instituto de Tecnología de Pekín. Cómo él, varios analistas consideran que estas empresas absorben la mayoría del crédito, crean ineficiencias y que, en definitiva, se han convertido en un lastre para el crecimiento económico del país. En julio, China anunció un programa piloto para que la inversión privada entre en el accionariado de seis de estas compañías, entre ellas el gigante alimenticio COFCO, para fomentar la propiedad mixta. Sectores como el petrolero o las telecomunicaciones están en medio de procesos similares.

Por estratégico y por su capacidad de actuar como repartidor del juego entre el resto de la economía, Pekín ha puesto especialmente énfasis en la liberalización del sector bancario. El año pasado el Ejecutivo puso fin al control estatal sobre los tipos de interés de los préstamos, algo que ha abaratado el crédito. Ha dejado pendiente, en cambio, la de las tasas de los depósitos, una reforma clave que solucionaría muchos de los problemas que acechan a la segunda economía mundial. Según Alicia García Herrero, economista jefe de mercados emergentes del BBVA, el hecho de no liberalizar por completo las tasas de interés “ha facilitado la emergencia de un sector bancario en la sombra que agrava las fragilidades estructurales del país”. Ciertamente, las bajas tasas que ofrecen los bancos, el poco desarrollo de los mercados bursátiles del país y en general la falta de ingeniería financiera legal ha provocado que los ahorradores particulares chinos hayan buscado otros canales donde invertir, como el sector inmobiliario o la llamada banca en la sombra. Son dos de los mayores riesgos a los que se enfrenta China en el futuro próximo, según García Herrero, junto con el elevado nivel de deuda tanto de los entes municipales como en el ámbito corporativo.

Pekín, sin embargo, ha permitido la entrada a unos jugadores inesperados que pueden revolucionar el sector. El Gobierno ha repartido cinco licencias para crear nuevos bancos de propiedad privada. Una de ellas se la adjudicó Tencent, el dueño de la mayor red de mensajería instantánea de China (WeChat, 438 millones de usuarios), mientras que se espera que otra recaiga en Alibaba, el líder indiscutible del comercio electrónico del país y cuya próxima salida a Bolsa en Wall Street está destinada a romper todos los récords de recaudación, dicen los analistas. En teoría, estas nuevas entidades “aumentarán la competencia en el sector”, según la Comisión Reguladora de la Banca de China, aunque esto está por ver dado el tamaño y el dominio de la banca estatal. Los analistas esperan, sin embargo, que al menos alivie la falta de crédito a las pequeñas empresas, uno de los problemas endémicos de China. “Lo importante es que el mercado ha ganado importancia en ciertas áreas en las que antes estaban prohibidas y que el papel del Gobierno se vaya reduciendo, que es el principio básico de este cambio de mentalidad”, asegura Xu Bin, catedrático de Economía y Finanzas de la Escuela de Negocios CEIBS, con sede en Shanghái.

Estos cambios, muy lentos para unos y demasiado bruscos para otros, acarrean una cierta liberación ideológica en un país acostumbrado a que los tentáculos del Estado pasen directa o indirectamente por prácticamente todos los aspectos de la vida diaria de los chinos. Cada uno de los anuncios de nuevas reformas ha sido previamente estudiado en los más altos niveles y no se hace público sin un consenso en el seno del partido comunista. Tras el anuncio, la puesta en práctica supone otro reto en un país de 1.300 millones de habitantes reticente a cambios de cualquier índole. “El principal obstáculo a la reforma son los grupos de interés que se han formado durante todos estos años, generalmente dentro de las empresas estatales, que están bajo el control de familiares de los líderes y que son muy poderosos”, señala Hu.

El aumento de la iniciativa privada y la progresiva reducción del intervencionismo del Estado implican un reequilibrio de fuerzas, en el que el consumo de ciudadanos tiene que ganar peso en la economía en detrimento de los grandes proyectos de inversión pública, algunos de ellos de dudosa rentabilidad. Según datos del Banco Mundial, en 2013 el consumo privado supuso solamente el 34% del producto interior bruto de China, una cifra muy por detrás de los porcentajes de entre el 60% y el 80% que se registran en los países desarrollados. A pesar de los bajos salarios, la tasa de ahorro de los hogares chinos es de las más altas del mundo, algo que se puede atribuir a la propia cultura —un famoso proverbio reza: “Muchos pocos hacen un mucho”—, pero sobre todo a la falta de un sistema fiable que les ayude en caso de que pierdan el empleo, cuando se retiren y sobre todo les cubra los altos costes médicos. “Cambiar la propensión al consumo de los chinos no es algo que se pueda hacer de un día para otro”, apunta Niny Khor, economista del Banco Asiático de Desarrollo, “el éxito dependerá de lo bien que el Gobierno se las arregle para poner en marcha un sistema de seguridad social y de asistencia sanitaria, ya que eso es a medio plazo lo que realmente empujará a los consumidores a ahorrar menos y gastar más”.

Otro de los ases en la manga que tiene el Gobierno para incentivar el consumo es el proceso de urbanización, cuyo principal defensor, el primer ministro Li Keqiang, considera como “el mayor potencial para la expansión de la demanda interna”. El plan es claro: aumentar del 53,7% actual al 60% el porcentaje de la población que vive en las ciudades y llegar al 70% en 2030, con más o menos mil millones de chinos urbanitas. Para conseguirlo, las autoridades han iniciado primero una tímida reforma del sistema de permisos de residencia o hukou, implantado durante la Administración de Mao Zedong en 1958 para controlar la migración masiva. Este sistema perjudica gravemente a los trabajadores migrantes, que quedan privados de servicios sociales cuando abandonan su tierra natal y se trasladan a las ciudades en busca de una vida mejor.

“Se trata de un momento crucial. Deng Xiaoping convirtió China en un país de ingresos medios y ahora el desafío de Xi es poner las bases para la consecución de una nación desarrollada, y hacerlo con estabilidad y sin malestar social. Es un gran reto tanto para él como para el partido comunista en general”, asegura Khor. Un reto que el régimen ha consagrado en un lema, “el sueño chino”, y que se ha marcado conseguir para 2020.

Como en cualquier proyecto de esta escala, no todos se verán beneficiados. Algunos sectores otrora esenciales para el crecimiento, como el minero, y algunas provincias que dependían de ellos, ven sus cifras caer estrepitosamente. Como en la reconversión española de los ochenta, los millones de personas afectadas tendrán que buscar alternativas. El empresario minero Liu será uno de ellos. Cuando termine su batalla en los tribunales.