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Empleo revisará al detalle los 35.000 casos en los que se aplaza la jubilación

Inquietud entre los afectados por el cambio de criterio de la Seguridad Social.

Jesús Sérvulo González
Oficina de la seguridad social en Madrid.
Oficina de la seguridad social en Madrid. Álvaro García

La Seguridad Social va a revisar los casos de los afectados por el cambio de criterio que implica el retraso de la jubilación anticipada de unos 35.000 trabajadores despedidos antes de abril de 2013 que se iban a retirar a los 61 años.

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El instituto público, en un comunicado interno, admite que su nueva interpretación de la norma ha generado numerosas dudas en cuanto a la aplicación y alcance. Así que ha decidido que las nuevas solicitudes de jubilación, que reciban en sus oficinas, que tengan suscrito un convenio especial —por el cual asumen su cotización a la Seguridad Social para mantener su base de cotización— se remitan a la subdirección general de Gestión de Prestaciones. "Entre tanto", precisa el comunicado, "el expediente queda pendiente de resolución a la espera de criterio".

Esta última frase ha desconcertado a varios afectados y a algunos trabajadores de las oficinas de la Seguridad Social que interpretaban que Empleo podría haber suspendido la aplicación de la nueva normativa. Sin embargo, el Ministerio de Empleo niega que haya dado orden de suspender o congelar el criterio por el que aplaza la jubilación a unos 35.000 despedidos. Empleo admite en el comunicado remitido a las oficinas de la Seguridad Social que la nueva normativa "ha venido a generar no pocas dudas en cuanto a la aplicación y alcance de la citada disposición a efectos del reconocimiento de la jubilación desde la situación asimilada a la de alta por convenio especial". Desde el ministerio aseguran que reforzarán el control para analizar la multitud de circunstancias personales que existen en cada caso.

Es probable que el análisis detallado de los expedientes demore la calificación de los casos afectados y que tengan convenio especial. La Seguridad Social dispone de unos 90 días para resolver los casos. De esta forma, el ministerio ganaría tiempo para cambiar algunos de los puntos más polémicos de la norma que aplaza la jubilación de los despedidos.

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Sobre la firma

Jesús Sérvulo González
Redactor jefe de Economía y Negocios en EL PAÍS. Estudió Económicas y trabajó cinco años como auditor. Ha cubierto la crisis financiera, contado las consecuencias del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, el rescate a España y las reformas de las políticas públicas de la última década. Ha cursado el programa de desarrollo directivo (PDD) del IESE.

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