Montoro asume que el éxito de la reforma fiscal depende de las comunidades

“Permitirá que 9.000 millones vuelvan a los bolsillos de los ciudadanos en los próximos dos años”. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se refirió así al impacto económico de uno de los proyectos legales más relevantes del año, la reforma fiscal, remitida al Congreso el pasado viernes. Pero la memoria económica incluida por el Ministerio de Hacienda que explica el impacto de la rebaja del impuesto sobre la renta recoge una importante salvedad: “el coste definitivo de las medidas concernientes al IRPF dependerá de las decisiones que adopten las comunidades autónomas”.

El ministerio que dirige Cristóbal Montoro ya había avanzado que la rebaja del impuesto sobre la renta supondrá un recorte de recaudación (o ahorro para el contribuyente) de 6.000 millones de euros, mientras que el descenso en el impuesto de sociedades (el tipo nominal pasará del 30% al 25%), sumaba a esa cuenta los 3.000 millones restantes. Pero el cálculo definitivo en la parte esencial de la reforma, la que afecta al IRPF, queda a expensas de que los Gobiernos autónomos repliquen la reforma estatal “especialmente, en materia de escalas de gravamen y del mínimo personal y familiar”, según la memoria, a la que ha tenido acceso EL PAÍS.

El interrogante que queda abierto sobre los 6.000 millones que el Gobierno estima de ahorro para los ciudadanos por la rebaja del IRPF no es pequeño: la escala autonómica se aplica sobre el 50% de la base liquidable del impuesto. Lo mismo ocurre con los mínimos, familiar y personal, exentos. Y ambos componentes, en la legislación autonómica, son ahora muy distintos de los que promueve la reforma.

El Gobierno pretende que, a partir de enero de 2015, los tramos del IRPF se reduzcan de siete a cinco, y se apliquen tipos más bajos que los actuales, para revertir el gravamen complementario que aprobó a finales de 2011. Así, el tipo máximo pasará del 52% al 47% en 2015, y al 45% en 2016. Y el mínimo se reducirá del 24,75% al 20% y al 19%, respectivamente, para los primeros 12.450 euros, donde se aplican las exenciones personales y familiares. Además, el mínimo personal subirá de 5.150 a 5.550 euros, y los familiares, un 32,5% de media.

El problema está en que, en 2012, ocho comunidades usaron sus competencias para aumentar los tipos que se aplican a su parte del impuesto entre uno (Canarias, con un tipo máximo del 53%) y cuatro puntos porcentuales (Cataluña, Andalucía y Asturias llegan al 56%). Y todas ellas tendrían que bajar el tipo mínimo en, al menos, dos puntos porcentuales, para que se reduzca efectivamente al 19%, amén de adaptar su escala de tramos a los cinco ahora definidos por el Gobierno.

Las comunidades están atrapadas entre dos fuegos: replicar la rebaja del IRPF y reducir el déficit público

Las comunidades están atrapadas entre dos fuegos: la cercanía de las elecciones (mayo de 2015) para muchos Gobiernos autónomos las empujaría a replicar la rebaja del IRPF, una medida fácil de transformar en mensaje electoral. Pero las exigencias de reducir el déficit público (en conjunto, el desfase autonómico debe pasar del 1,5% del PIB al 0,3% entre 2013 y 2016) también pesa, sobre todo en algunas comunidades como Comunidad Valenciana o Murcia (como el Ejecutivo central, gobernadas por el PP), con saldos negativos aún notables.

Las comunidades tienen 2015 para decidirse —la legislación autonómica se aplica en la declaración final del IRPF, que sería en 2016, no en las retenciones, que se calculan como si el 100% del impuesto se sometiera a la escala estatal—, pero el calendario electoral anticipará la respuesta en la mayoría de los casos.

La memoria económica incorporada por Hacienda no estima cuánto se reducirían esos 6.000 millones de ahorro para el contribuyente por la rebaja del IRPF si las comunidades no replicasen la decisión estatal. Tampoco detalla como llega a ese cálculo global: se desglosa cada medida, pero el análisis se limita a decir si aumentará o bajará la recaudación, sin precisar cuánto.