Reformas para el crecimiento en Chile

El Gobierno de Michelle Bachelet ha emprendido las reformas tributaria, educacional, energética y de productividad anunciadas durante la campaña presidencial. En el ámbito tributario, se intenta recaudar en régimen el 3% del PIB hacia 2018. Desde el actual sistema integrado basado en rentas percibidas con una tasa corporativa del 20% se pasaría a un sistema donde el contribuyente optaría entre renta atribuida y tasa del 25%, o un sistema semiintegrado con renta percibida y tasa del 27%. En ambas se reduciría la tasa máxima del impuesto personal desde el 40% al 35%. Se incorporan impuestos verdes, sobre cigarrillos y bebidas azucaradas. El sistema tributario se hará más progresivo y así colaboraría en mitigar la desigualdad social.

En la reforma educacional, vale la pena detenerse en educación escolar, que para los establecimientos con aporte estatal terminaría con el lucro, con el financiamiento compartido y la selección de alumnos. Se pondría fin al lucro en colegios que reciban aportes públicos, estimulando la reinversión y con ello la calidad. Aquellos con financiamiento compartido (padres y Estado) funcionarían con una subvención estatal completa. Las propuestas se hacen cargo de las promesas de gratuidad, pero se extrañan aquellas focalizadas con mayor fuerza en calidad, particularmente en edad temprana del desarrollo cognitivo. Parece razonable esperar perfeccionamientos que aseguren esta última dimensión.

La agenda de energía tiene varios desafíos, como elevados costos de generación, poca competencia, baja diversificación, alta dependencia de mercados internacionales y problemas de conectividad. En lo principal, esta hoja de ruta fortalece a la empresa estatal de petróleo, aumenta la participación del gas natural en la matriz energética, impulsa el desarrollo descentralizado de las energías renovables y establece un marco regulatorio para la conectividad. Solo cabe cuestionar la mayor relevancia entregada al gas natural en la matriz, por su alto precio y su naturaleza importada.

Finalmente, la agenda de competitividad incrementa la acción conjunta público-privada, intensifica el apoyo a las pymes, incentiva la generación de clusters, propone un puerto a gran escala y se genera el compromiso por resguardar la libre competencia. Algunas críticas serían la discriminación que una política de clusters podría tener, la posición más política del Comité de Ministros que asignarán los fondos estatales a las iniciativas, y la falta de medidas que apunten a mejorar y flexibilizar el mercado laboral. Puede haber cuestionamientos sobre los efectos de corto plazo, pero las reformas emprendidas, de ser bien diseñadas, implementadas y perfeccionadas, aseguran un impacto positivo sobre crecimiento de largo plazo.

Jorge Selaive es economista jefe de BBVA Chile.