La banca acepta 2.124 daciones en pago por el ‘código antidesahucios’

Un total de 23.983 familias sin recursos han acudido en dos años a los bancos que se acogieron al código antidesahucios para tratar de llegar a un pacto tras el impago de su hipoteca. Las 45 entidades que aceptaron cumplir el Código de Buenas Prácticas en 2012 han permitido a 2.124 familias sin recursos, el 8,8% del total de las peticiones, la dación en pago, es decir, entregar su vivienda a cambio de cancelar la deuda pendiente. Otros 6.498 hogares que no podían hacer frente a su hipoteca, el 27%, lograron un acuerdo para una reestructuración de sus créditos.

¿Qué ha ocurrido con las otras 15.361 familias que solicitaron pactar con sus entidades una solución ante la imposibilidad de afrontar los pagos? A una parte le han rechazado su petición. Y “a otras 10.000 familias los bancos les han paralizado los lanzamientos [pese a que ya se ha producido la ejecución hipotecaria] durante dos años, tal y como se comprometieron en los casos de extrema necesidad”, explicó una portavoz del Ministerio.

El departamento de Luis de Guindos hizo este lunes públicos estos datos, a través de una nota de prensa, justo un día antes de la comparecencia del ministro de Economía. Este martes Guindos deberá explicar en el Congreso los cambios que se adoptarán dentro de la legislación española para cumplir el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que consideró que la normativa antidesahucios española no garantiza los derechos de los consumidores y que los afectados están en inferioridad de condiciones frente a los bancos.

Solo 927 viviendas de las 6.000 que tiene el fondo social han sido asignadas

Las cifras que distribuyó Economía suponen un acelerón en los acuerdos con la banca con respecto a los dos años anteriores. Especialmente en lo que a dación en pago se refiere. Tres meses después de la entrada en vigor de este código para la banca, que comenzó a aplicarse en marzo de 2012, solo ocho familias habían logrado pactar la entrega de su vivienda. A finales de 2013 eran 397 las daciones en pago, frente a las 2.124 que comunicó el Ministerio este lunes. En cuanto a las reestructuraciones de deuda, han pasado de 44 a finales de 2012 a 1.227 en 2013 y 6.498 ahora.

El aumento de solicitudes de familias para acogerse al código antidesahucios crece al calor del aumento de las ejecuciones hipotecarias, que entre enero y marzo aumentaron un 13,9%, hasta sumar 24.226 solo en el trimestre. Y el alza responde, además, a los cambios en los requisitos que introdujo el Ejecutivo en mayo de 2013. Tras constatar que eran muy pocos los afectados por desalojos que podían acogerse a la normativa de buenas prácticas, el Gobierno redujo algunas exigencias. Mientras que en el decreto inicial las personas que solicitaran ayuda no podían tener ningún tipo de ingresos, ahora pueden acogerse las familias con ingresos totales de hasta tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que en 2014 quedó fijado en 532 euros mensuales. También es necesario haber sufrido “una alteración significativa de las circunstancias económicas durante los últimos cuatro años” y que la cuota hipotecaria supere el 50% de los ingresos netos de la familia.

Guindos anuncia hoy cambios en la ley para cumplir con la justicia europea

Los avances en los alquileres sociales son, sin embargo, más lentos que en reestructuraciones y daciones. Una treintena de entidades aportaron en enero de 2013 cerca de 6.000 viviendas para el Fondo Social de Viviendas, una cartera de hogares destinados a familias “en situación de especial vulnerabilidad”. Sin embargo, solo se han adjudicado 927 de estas casas, para las que se han formalizado 695 contratos. En septiembre de 2013, el ministro Guindos cifró en 600 los alquileres. El Ejecutivo espera, sin embargo, que aumenten las asignaciones de estas viviendas, después de haber cambiado los requisitos en mayo de este año para acogerse al Fondo Social de Viviendas. Se amplió el grupo de solicitantes de familias desahuciadas a personas dependientes, familias en situación de vulnerabilidad sin ningún ingreso y con menores a su cargo, entre otras.