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El Gobierno ultima el acuerdo con la banca para rescatar las autopistas de peaje

Los acreedores recibirían un bono de 30 años con un interés fijo a cambio de su deuda

Uno de los peajes de acceso a la R-2.
Uno de los peajes de acceso a la R-2.

El Ministerio de Hacienda y el de Fomento ultiman el acuerdo para salvar de la quiebra a las autopistas de peaje con el resto de las partes implicadas en el fiasco de las radiales. Esto es, con las constructoras y, especialmente, con los seis bancos nacionales que figuran como principales acreedores, según han informado en fuentes conocedoras de las negociaciones. La propuesta que está sobre la mesa y que tenía que ser estudiada este jueves es la misma que ya se planteó en marzo. En ella, se ofrece a los acreedores un bono a 30 años a cambio de su deuda, lo que permitiría aglutinar a la docena de autopistas en problemas en una empresa controlada al 100% por el Estado.

Según ha publicado Cinco Días, las partes confían en cerrar los flecos pendientes en la enésima reunión sobre el asunto que se había convocado para este jueves, aunque al final se celebrará la semana que viene para hacerla coincidir con la Comisión Delegada del Ejecutivo. El acuerdo aceptado por la mayoría de interesados y que cuenta con el aval de Bruselas pasa por entregar a la banca acreedora un bono a 30 años por la deuda de las concesionarias tras aplicar una quita del 50% al total. Los títulos rendirían un interés fijo del 1% más una variable en función del tráfico. No obstante, el Gobierno estaría dispuesto a elevar esta rentabilidad fija ligeramente ante la expectativa de que el uso de los peajes mejore en un futuro de la mano de la recuperación económica.

Hacienda ha descartado, sin embargo, conceder a los títulos el aval del Estado, tal y como reclamaba la banca. Garantizar la deuda supondría prorrogar el problema que ha forzado al Gobierno a buscar un acuerdo con los acreedores, ya que la liquidación de las sociedades concesionarias hubiese obligado al Estado a pagar el pasivo por la activación de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA). La deuda total afectada por este extremo asciende a 4.600 millones de euros y una parte menor de la misma está en manos de entidades foráneas. Para facilitar el acuerdo, la banca española estaría dispuesta a asumir el pasivo de la extranjera.

La primera de las 10 autopistas en suspensión de pagos en riesgo de entrar en liquidación es la AP-36 entre Ocaña y La Roda, controlada por Ferrovial. La Abogacía del Estado logró la semana pasada el visto bueno de la banca para posponer a septiembre la votación del convenio de acreedores, lo que ha ganado tiempo para evitar la activación de la RPA.

El resto de vías en quiebra son las concesionarias de las cuatro radiales de Madrid, el eje a la T-4 del aeropuerto de Barajas, la AP-41 a Toledo; la circunvalación de Alicante y, también en la costa mediterránea, la vía de pago Alicante-Cartagena y la autopista entre Cartagena y Vera.