Los trabajadores de Fremap critican los gastos de la directiva

Los trabajadores de Fremap han recibido un correo de los representantes de UGT en el comité de empresa en el que aseguran que los empleados de la mutua de accidentes laborales “se sienten de alguna manera avergonzados” por “las noticias de prensa referentes a presuntas prácticas que se han realizado por parte de las sucesivas direcciones de la mutua”, explica la nota de UGT, el sindicato mayoritario en Fremap, que afirma que se ha creado "un estado colectivo de intranquilidad sobre el futuro de nuestra empresa que va ligado al de nosotros mismos".

“Las noticias” a las que se refiere ese comunicado son las reclamaciones por gastos indebidos que la mutua tiene pendientes con la Seguridad Social y que ascienden a 43,2 millones. Esta cantidad se ha ido acumulando entre los ejercicios de 2006 a 2011, como adelantó este diario. Entre estos gastos, que figuran en informes de la Intervención de la Seguridad Social, hay 24,2 en pagos prohibidos legalmente a colaboradores comerciales, además de marisco, dietas. Asimismo, en las auditorías se aprecia la contratación de coches de lujo (BMW, Audi, Mercedes, Saab, Lexus, Opel Insignia).

“Después de sufrir años de congelaciones y reducciones salariales”, explica la nota, ahora los trabajadores son “objeto de mofas y burlas por parte de un número significativo de personas de nuestro entorno laboral”. Esto se debe a actuaciones de las que no se sienten “responsables las trabajadoras y trabajadores”. La responsabilidad correspondería “a las presuntas actuaciones de los que tenían la obligación de velar por la correcta marcha de la entidad”. Es decir, los representantes sindicales apuntan hacia la junta directiva de la mutua.

Por otra parte, la Seguridad Social interpreta que los miembros de la junta directiva de las mutuas de accidentes laborales sí que pueden optar, a través de empresas, a los contratos de prestación de servicios que sacan estas entidades a concurso. Fremap adjudicó la vigilancia de su hospital de Sevilla por 563.570,64 euros a Segurisa, una empresa presidida y dirigida por su dueño, Enrique Sánchez González, vocal de la junta directiva de Fremap. Fuentes del instituto público afirman que la ley solo veta el acceso a los servicios profesionales y ahí no se incluye la seguridad.