La CNMV cobrará un mínimo de 25.000 euros a las empresas para cotizar en Bolsa

Las sociedades que soliciten por primera vez la admisión a negociación en Bolsa de sus acciones deberán pagar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) una tasa fija mínima de 25.000 euros, según los últimos cambios introducidos en la nueva normativa del regulador bursátil. En el caso de valores participativos emitidos por otros estados miembros que quieran operar en mercados secundarios oficiales, la cuantía será de 4.000 euros.

Según una de las nueve enmiendas que el PP ha registrado en el Congreso al proyecto de ley por el que se regulan las tasas de la CNMV, la fórmula de una cuantía fija mínima es mejor que la opción prevista en el proyecto de ley. En el texto inicial de la norma se abogaba por aplicar una tasa del 0,01% a la base liquidable con un mínimo de 4.000 euros y un tope de 70.000. No obstante, según explica la enmienda, fijar las tasas en función del valor nominal, que suele ser muy bajo, produce una "disfunción entre el trabajo realizado y la tasa correspondiente".

En el caso de los valores de otros Estados, el texto reconoce que "el trabajo de la CNMV es menor", de ahí que la cuantía del pago se reduzca.

Por otra parte, el PP ha registrado una extensa enmienda para incorporar las tasas derivadas de las nuevas competencias supervisoras asignadas a la CNMV. Para afrontar estas tareas con éxito, el grupo popular propone desblogar algunas tarifas que cobra el organismo dirigido por Elvira Rodríguez. Con ello, se pretende "separar convenientemente las que corresponden a la negociación en mercados secundarios de aquéllas a aplicar a la compensación de esa negociación en una entidad de contrapartida central".

Por su parte, los socialistas instan al Gobierno en una enmienda a que en un máximo de 12 meses presente un proyecto de ley para crear una Autoridad de Protección Financiera del Consumidor que, con autonomía e independencia, vele por la protección de los clientes de servicios financieros.

Asimismo, el PSOE cree que este nuevo ente debería asumir funciones en materia de "conducta de mercado, transparencia informativa, servicio de reclamaciones, defensor del cliente, atención al cliente, buenas prácticas, información a consumidores, educación financiera, resolución de conflictos" y otras similares que actualmente recaen en el Banco de España, la CNMV y la Dirección General de Seguros.

Resto de grupos

La Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) aprovecha este proyecto de ley para reclamar al Gobierno que, en el plazo de un mes, presente una propuesta legislativa de creación del Impuesto sobre las Transacciones Financieras, que debería gravar todas las compraventas de instrumentos financieros --títulos de renta fija, variable, instrumentos en divisas y derivados-- en el momento que se producen, y antes de la compensación y liquidación.

Finamente, tanto UPyD como CiU han presentado las mismas cuatro enmiendas, entre las que destaca una que reclama que no se tase a las empresas de asesoramiento financiero en función de su facturación o del número de clientes con los que trabajan, dado que eso perjudicará a las compañías de menor tamaño, lo que puede acabar conduciendo a que "no presten asesoramiento a los clientes minoristas de menor patrimonio". Y es que el proyecto de ley establece una cuota fija mínima de 850 euros que, a 0,47 euros por cliente, obligaría a tener al menos 1.808 clientes para rentabilizar el coste total, a pesar de que en este mercado existen unos 4.000 actores y la media de actividad por empresa es de una treintena de clientes.

Por eso, ambas formaciones piden recuperar el gravamen actual aplicable al volumen de ingresos brutos totales, estableciendo un mínimo "acorde y escalado con el esfuerzo requerido a las empresas con facturación inferior a los 750.000 euros anuales".