Cuenta atrás para el despegue de los drones en España

Alguien ya lo había vaticinado. Jeff Bezos, fundador de Amazon, sugirió el diciembre pasado repartir pedidos a través de aeronaves no tripuladas, más conocidas como drones. Muchos pensaron que se trataba de una estrategia publicitaria visionaria. Pero la tecnología avanza mucho más rápido de lo previsto, sobre todo de la legislación. Frente a una industria que se ha convertido en un hervidero y a unos empresarios que no quieren perder un negocio con un potencial millonario, el Ministerio de Fomento ha preparado el borrador de un decreto ley que regula el uso —y las limitaciones— comercial y profesional de estos aparatos. La normativa será tramitada a final de mes, según anunció este lunes en rueda de prensa Carmen Librero, secretaria general de Transportes.

El principal reto de los drones nunca ha sido la tecnología, sino el vacío legal que los rodea. De momento, los únicos vuelos permitidos en España son los de experimentación o demostración. “Hasta 2011 ni siquiera se consideraban aeronaves”, precisó Librero. Cuando la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) equiparó los drones a las aeronaves tripuladas, estos pasaron a la legislación aeronáutica general. La UE recogió la tendencia y empezó a trabajar en un marco normativo al que espera dar luz verde en 2016. Pese a las dificultades en medir el tamaño de una industria que todavía no está regulada, el sector está creciendo a un ritmo tan rápido que la Comisión Europea estima que llegará a acaparar el 10% del mercado aeronáutico en una década, con un volumen de negocio de 15.000 millones de euros al año.

Quizás la futura regulación ayude a disolver el cerco de desconfianza que envuelve a los drones, cuya popularidad se debe más a su utilización en operaciones militares y de espionaje que a sus potenciales funciones civiles. Librero insistió reiteradas veces en que “la seguridad es primordial”, y remarcó que la nueva ley tendrá en cuenta todos los aspectos. Según la futura norma, los drones no podrán sobrevolar núcleos urbanos, salvo en casos puntuales y siempre tras haber obtenido una autorización previa. El decreto clasificará las aeronaves por categoría según su peso, determinará los requisitos de seguridad, los sistemas de visualización y los procedimientos operativos a ejecutar en el espacio aéreo, además de establecer las condiciones que tienen que cumplir los pilotos. Los aparatos solo podrán volar en espacio aéreo restringido y nunca podrán sobrepasar los 150 metros de altura, para que el piloto pueda verlos.

La nueva norma también regulará los trabajos aéreos que se podrán llevar a cabo a través de drones. Entre ellos, avanzó Librero, están fumigaciones, reportajes fotográficos, operaciones relacionadas con la agricultura, extinción de incendios, inspección de líneas de alta tensión y ferroviarias o vigilancia de las fronteras.

Hasta el momento, tres compañías ya han solicitado autorización para que sus aparatos puedan desplegar funciones civiles. Una de ellas es Flightech, fabricante de FT-ALTEA, el primer dron que obtuvo el certificado de aeronavegabilidad experimental otorgado por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA). La empresa ha solicitado permiso para realizar trabajos de vigilancia, —en particular control de fronteras e incendios— y asegura que ya está en conversaciones para la comercialización de sus servicios.

En España todavía no existe un estudio que recoja el número de empresas que se dedican a la producción de drones y de sus componentes. AERPAS, la asociación española de sistemas de vuelo pilotados de forma remota, que nació el año pasado, tiene 61 afiliados. Pero su presidente, Manuel Oñate, estima que las compañías vinculadas al negocio son 200.

Oñate explica que la falta de regulación representa una desventaja competitiva que “frena el desarrollo del sector en el ámbito civil”. Su previsión es que se produzca una explosión cuando el decreto entre en vigor. “Calculamos que España llegará a tener cerca de 1.000 empresas y entre 10.000 y 15.000 pilotos”. Su pronóstico, explica, se basa en lo ocurrido en Francia, país que reguló el uso civil de los drones en 2012. “Un año y medio después de aprobarse la normativa ya existían más de 700 empresas operando”, garantiza.