El FMI advierte a los países europeos que tendrán que dar más apoyo a su banca

El Fondo Monetario Internacional (FMI) alerta en su informe sobre la situación fiscal global que la época de los espaldarazos públicos a la banca no ha terminado y que la revisión de la calidad de los activos de las entidades de la zona euro “podría señalar la necesidad de más ayuda pública en algunos países”.

Ese es uno de los riesgos que destaca el estudio sobre las cuentas públicas, así como la tan traída y llevada baja inflación, que si persiste dificultará en gran medida el pago de las deudas, ya que su peso real y los intereses crecen con relación al coste de la vida.

España está en el blanco de todos esos riesgos, aunque las previsiones de deuda pública que ha elaborado la institución en estas reuniones de primavera mejora tímidamente respecto a las de hace seis meses: la deuda pública alcanzará el 98,8% este año (el octubre calculaban un 99%) y seguirán subiendo hasta alcanzar el 104% en 2017, frente al 105,4% de la última revisión. El déficit, que el informe calcula en el 5,8% al acabar 2014, quedará por debajo del 3%, que es el objetivo de estabilidad, en 2017.

Previsiones de déficit

Los balances que publica en FMI sobre España incluyen medidas de apoyo al sector financiero estimadas en el 0,04% del PIB para 2010, el 0,5% para 2011, el 3,8% en 2012 y el 0,5% en 2013. El impacto de las ayudas a la banca, según sus cálculos, ha tenido un impacto en la deuda pública equivalente al 7,7% del PIB en 2013.

“En la mayoría de las economías avanzadas, el ritmo de consolidación fiscal se desacelerará en 2014 a medida que, en promedio, la deuda bruta se estabiliza y, tal como corresponde, se presta más atención a asegurar que la composición del ajuste apuntale una recuperación que aún no es pareja”, explica la institución en su informe.

El organismo con sede en Washington destaca que España se encuentra en proceso de una reforma tributaria, cuyo objetivo es embridar los desequilibrios fiscales sin frenar el crecimiento, pero estos cambios no tienen visos de satisfacer una demanda del Fondo y de Bruselas, que es que el Gobierno cambie los tipos de IVA de algunos productos con el fin de aumentar la recaudación.