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El Tribunal de Cuentas afea al FROB su papel en CatalunyaCaixa

La institución sostiene que el fondo originó un "perjuicio" a la entidad bancaria

Una de las principales acusaciones es el mantenimiento de los consejeros existentes

Sede de Catalunya Caixa en Barcelona.
Sede de Catalunya Caixa en Barcelona. Reuters

El máximo organismo fiscalizador del Estado, el Tribunal de Cuentas, tarda en reaccionar, pero cuando lo hace, actúa con contundencia. Y, en ocasiones, en tono crítico, como hizo este lunes en el informe sobre la actuación del Fondo de rescate (FROB), el Banco de España y el Fondo de Garantía de Depósitos durante la reestructuración bancaria.

El Tribunal cargó las tintas sobre la actuación del FROB en Catalunya Caixa (una entidad con 12.055 millones de dinero público) al acusarle de “no actuar con la debida diligencia”, lo que pudo dificultar la adopción de “medidas necesarias para resolver la situación” de la entidad. Entre las conclusiones, recomienda al FROB ser más diligente para proteger el dinero del contribuyente.

Por otro lado, calcula que “los recursos públicos empleados o comprometidos en la reestructuración” alcanzan los 60.345 millones del FROB y 32.267 millones del Fondo de Garantía de los bancos, 92.612 millones sin tener en cuenta las líneas de crédito porque ya se han devuelto.

Fuentes del FROB rebatieron este lunes las acusaciones del Tribunal diciendo que Catalunya Caixa estuvo dos veces en un proceso de venta, lo que dificultó tomar medidas más drásticas sobre la entidad o contra sus gestores. “El segundo intento de venta acabó en marzo de 2013 e inmediatamente se inició el proceso de despido de los anteriores gestores en abril o mayo de ese año”. Sobre las subastas, critica que se gastaran 375.705 euros en un estudio sobre la situación de la caja para los posibles interesados: “Resultó un coste innecesario”.

También le critica por tardar en nombrar a los consejeros a los que tenía derecho desde su entrada en la caja catalana en octubre de 2011, lo que retrasó la atribución a los mismos de los derechos políticos que les correspondían. El FROB apunta que desde que nombró a sus tres consejeros, aunque no fueran mayoritarios, ejercían el derecho de voto sobre el 90% de las acciones. El FROB admite un retraso en la inscripción en el Registro Mercantil.

Entre los ejemplos de falta de control del FROB, trae a colación que las entidades nacionalizadas o con ayudas aplicaban políticas comerciales agresivas, algo que no estaba permitido.

El organismo presidido por Ramón Álvarez de Mirando concluye que el FROB debe “extremar la diligencia” para “asegurar la defensa del interés público”; que “elabore normas escritas de gobierno corporativo” para “conocer, supervisar y gestionar adecuadamente las entidades” públicas o con ayudas y, por último, que “establezca mecanismos claros de seguimiento” de la información para saber si se cumplen las condiciones a los apoyos financieros públicos.

Buena parte del informe se dedica a precisar los honorarios de los gestores del FROB, así como los de sus gestores. Destaca lo que costaron los test de estrés de Oliver Wyman, incluyendo auditores y tasadores: 37,93 millones, que pagó el Fondo de Garantía. En 2011 y 2012, los informes sobre las antiguas cajas que se vendieron costaron 15,4 millones, mientras que los honorarios de los representantes del FROB ascendieron a algo más de 6 millones. Donde más se pagó fue en la CAM, con 1,36 millones entre 2011 y 2012; seguida por Banco de Valencia, con 989.990 euros y Cajasur, con 932.731 euros en 2010. El Tribunal critica que se pagara 1,78 millones a consejeros de NCG y Catalunya, que se podían haber evitado con consejeros del FROB. Este organismo calcula que en el Banco de Valencia, vendido por un euro a CaixaBank, hay 9.868 millones en juego por el seguro de créditos malos.