Las eléctricas deberán devolver 300 millones a los consumidores

Las eléctricas deberán devolver 300 millones de euros a sus clientes por el sobreprecio cobrado de más en el primer trimestre de este año. Así lo desveló este viernes el ministro de Industria y Energía, José Manuel Soria, que indicó que la compensación que recibirá cada cliente dependerá del perfil de consumo. Las asociaciones de usuarios calculan que la devolución para los pequeños consumidores —con potencias contratadas de 10 kilovatios— será de 40 euros de media.

Para acabar con estos desajustes, y acercar más la tarifa al coste real de la electricidad, el Consejo de Ministros aprobó este viernes el nuevo cálculo para el recibo de la luz que supondrá una revolución para los consumidores y, en particular, para los 16 millones acogidos al Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), la que tienen contratada la mayor parte de los hogares y las pequeñas empresas. Se pone fin así a la tarifa que se fijaba cada trimestre por un sistema de subastas en el que participaban compañías eléctricas e intermediarios financieros. A partir del 1 de abril, el recibo de la luz se calculará tomando como referencia el precio del kilovatio en función de su cotización diaria en el mercado mayorista.

El Gobierno pretende con este cambio hacer más transparente el recibo y, sobre todo, abaratarlo, al eliminar los costes adicionales que suponían las subastas llamadas Cesur. Industria anuló por decreto este sistema ante la alarma social provocada por la última puja celebrada el 19 de diciembre de 2013, que arrojó un incremento del 11% para el primer trimestre de este año.

Para ese periodo,y mientras se aprobaba el nuevo sistema, el Ministerio fijó por real decreto ley el precio de la luz en 48 euros/MWh, que suponía un alza del 2,3%, y estableció además la obligación para las comercializadoras de realizar el ajuste entre el precio decretado y el precio medio del mercado que se produjera efectivamente en el primer trimestre. Dado que, a fecha del 28 de marzo, ese precio ronda los 26 euros/MWh, las compañías deberán devolver unos 300 millones de euros a los consumidores.

Soria se mostró convencido de que la desaparición de las subastas trimestrales supondrá un “claro ahorro” para los consumidores y, puso como ejemplo, que solo en entre enero y marzo de este año, se ha producido un ahorro de 500 millones de euros por el cambio de método, un importe que las eléctricas hubieran cobrado indebidamente puesto que, con el anterior sistema, no preveía ninguna refacturación. En los últimos cinco años, ese sobrecoste por las subastas, a costa del bolsillo del consumidor, se ha elevado a 1.671 millones de euros.

Aunque la reforma entra en vigor la próxima semana, las eléctricas tienen un plazo de tres meses para adaptarse al nuevo sistema, por lo que podrán prorrogar si así lo desean hasta el 1 de julio el precio que fijó por decreto el Gobierno para enero. Es previsible que todas las compañías (Endesa, Gas Natural Fenosa, HC, Iberdrola y E.On) opten por esta prórroga ya que exigieron que les dieran un plazo de un año para adaptarse al nuevo sistema, aunque el Ministerio de Industria no se lo concedió.

Los usuarios podrán contratar una tarifa fija anual 

De esta forma, y hasta que se implante efectivamente el nuevo método, las compañías deberán realizar una segunda refacturación, con el plazo máximo del 1 de agosto, a favor o en contra del usuario, según si el precio real de la electricidad en ese periodo transitorio es superior o inferior, respectivamente, al cobrado a sus clientes.

Tanto esta devolución por las cantidades correspondientes al primer trimestre como el ajuste que pudiera realizarse por cantidades facturadas en el periodo transitorio que comienza el 1 de abril se especificarán claramente en la factura de la luz de los consumidores.

La gran incógnita ahora es si el nuevo sistema abaratará el recibo de la luz como prevé el Gobierno, que calcula que la factura se reduzca en un 3% en un año. Los precedentes apuntan a que, al menos, los aumentos no serán tan desorbitados como los que se han producido con las subastas trimestrales, que han provocado un encarecimiento del 70% en los últimos seis años.

Pero no hay que lanzar las campanas al vuelo. Y es que, paralelamente a la introducción del nuevo sistema de cálculo, el Ministerio de Industria cambió la ponderación de la parte fija de la factura, la que se paga todos los meses por la potencia contratada, y la parte variable, la que depende del consumo eléctrico. La medida, en vigor desde el pasado mes de febrero, ha supuesto un incremento del 20% en la parte fija y una reducción del 17% en la variable, lo que penaliza de forma considerable a los usuarios que menos consuman, incluyendo a los que apliquen medidas de ahorro, ya que pagan los mismo o más aunque consuman menos. El regulador estimó que esa medida había supuesto un encarecimiento del 2,3% para la mayoría de los consumidores, lo que tienen contratada una potencia inferior a 10 kW.

Los usuarios que tengan contratado el PVPC recibirán en los próximos días una carta de su compañía informándoles del nuevo sistema de facturación. También podrán optar por firmar un contrato con las eléctricas que les garantice un precio fijo durante un año. Las tarifas se podrán consultar en la web de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a partir del 15 de abril. Las asociaciones de consumidores ya han advertido que esta opción puede ser arriesgada ya que las eléctricas elevarán esa tarifa fija para salvaguardarse de futuras aumentos del precio de la energía.

Los consumidores que se acojan a esta oferta anual tendrán que acordar expresamente en el momento de contratarla si desean una renovación automática y, en todo caso, la comercializadora deberá comunicar el nuevo precio al consumidor un mes antes de que venza el contrato anual. Los usuarios también podrán, como hasta ahora, firmar un contrato bilateral con la compañía eléctrica por el periodo y el precio que decidan de común acuerdo ambas partes.

Con el nuevo método, los que lo tienen más fácil son los clientes que poseen un contador digital, puesto que en su factura vendrá desglosado su consumo y el precio del kilovatio en cada instante, según su cotización en el mercado mayorista.

Para la mayoría de usuarios que no tienen instalado un contador inteligente (las dos terceras partes no disponen aún de uno y el plazo para su instalación obligatoria no vence hasta finales de 2018), su factura bimensual reflejará la media del precio mayorista del periodo de facturación. A los 2,5 millones de usuarios con bono social se les aplicará un descuento del 25%.