La reforma fiscal

La propuesta de reforma fiscal coordinada por Manuel Lagares ha tenido numerosas críticas hasta del Gobierno que se la encargó. La principal es que sería la reforma más regresiva de la democracia ya que bajaría los impuestos al 1% de la población más rica y nos lo subiría al resto, especialmente a los más pobres con la subida del IVA en alimentos del 10% al 21%.

Siendo grave en país con pobreza extrema es muy preocupante también verla desde el enfoque de la estabilidad macroeconómica, condición necesaria del crecimiento económico. La propuesta parte del principio de neutralidad fiscal. Pero es un dogma de fe ya que, a diferencia de lo habitual en países desarrollados, no hace una estimación en euros propuesta por propuesta.

El trío Rajoy, Montoro y Lagares ya estaba en la reforma de 1997. La herencia recibida en 1995 era una economía que crecía un 4%, que creaba 300.000 empleos anuales, con crecimientos de exportaciones del 10%, con equilibrio en la balanza exterior, sin apenas deuda externa, con crecimiento de ingresos fiscales del 7% y una presión fiscal del 38% del PIB, superior a la actual. El déficit primario estaba próximo al equilibrio y la deuda pública era casi la mitad que la que Rajoy dejará al final de la legislatura.

La bajada de impuestos de 1997 fue uno de los mayores errores de nuestra política económica en las últimas décadas ya que coincidió con la entrada en el euro y fue muy inflacionista. Ahí estuvo el origen de nuestra pérdida de competitividad y la burbuja inmobiliaria que nos ha provocado 6 millones de parados. Por eso es tan preocupante que el mismo trío haga la reforma fiscal en 2014. Ahora el PIB nominal está estancado, hay deflación en los salarios y en la mayor parte de bienes de la cesta de la compra, la deuda externa es del 170% del PIB y la deuda externa neta amentó en 2013 hasta el 95%. La deuda pública está en el 100% y falta aún reflejar saneamiento bancario que está inacabado y el déficit eléctrico. El déficit público real debe estar próximo al 8% del PIB viendo el aumento de la deuda pública el pasado año y especialmente tras asistir impávidos al inexplicable aumento de 16.000 millones de deuda pública en enero.

El Gobierno empieza 2014 con unos 10.000 millones menos de ingresos previstos por sus errores de previsión en el presupuesto de 2013. Y aún tiene que hacer un ajuste fiscal de al menos 40.000 millones para erradicar el déficit primario, algo que Grecia, Portugal e Italia ya han logrado. Estos países han optado por la ruta del Canal de Panamá, mientras nuestro presidente ha metido a los 46 millones de españoles en el Cabo de Hornos.

La ruta del Canal de Panamá para España es la que nos recomendó el Consejo Europeo por escrito con luz y taquígrafos el pasado verano. Hay que eliminar las desgravaciones del IRPF y del impuesto de sociedades. Nuestros tipos impositivos son los más altos de Europa pero se aplican sobre las bases más bajas de la OCDE. Las desgravaciones son un lujo que España tras una depresión no se puede permitir. Además son extremadamente regresivas ya que benefician principalmente a las rentas altas y a las grandes empresas.

Si el Gobierno no aprovecha uno de los pocos cartuchos de política económica que le quedan, en cualquier momento nuestros socios europeos nos forzarán a reducir el déficit precipitadamente. El velo de la ignorancia de los mercados se romperá, volveremos a entrar en recesión y la crisis de deuda acabará con arreglos, como siempre había sucedido antes de llegar la democracia.