Aciertos y desaciertos de una reforma necesaria

El pasado viernes, la comisión de expertos del gobierno emitió su informe de conclusiones para la reforma fiscal en España. La última gran reforma se produjo en el año 1977. El pésimo estado económico que atraviesa el país en estos momentos, es comparable al que se vivió en los años que precedieron a aquella reforma fiscal. Al igual que ahora, España necesitaba un vuelco: estábamos inmersos en la llamada crisis del petróleo, existía un gran problema de fraude fiscal, y se necesitaba aumentar la recaudación tributaria para sufragar el incipiente estado del bienestar y de las autonomías que consagró la Constitución.

Hasta aquí los paralelismos. Ahora el problema es costear las múltiples Administraciones creadas y el Estado de Bienestar instaurado. La crisis ha disparado los gastos ligados a las políticas de cobertura social y desempleo. La deuda pública apunta a un preocupante 100% del PIB, lo que implica una carga de intereses demasiado alta. Simultáneamente las cifras de economía sumergida son mareantes. Y el estado de las autonomías ha generado una diáspora competencial en materia tributaria que hace difícil diseñar una política fiscal con criterio nacional. Frente a ello tenemos un sistema tributario insuficiente, ineficiente, obsoleto y poco equitativo.

La comisión Lagares ha presentado su propuesta rodeado de grandes expectativas creadas por el propio gobierno, que en el debate del estado de la nación habló de rebaja de impuestos, por lo que ha dejado un poso de decepción, ya que tras la subida de impuestos del 2012, y más tras las palabras del presidente del gobierno, se creó la convicción de que se avecinaba una reforma fiscal que aliviaría los altos impuestos actuales, lo cual finalmente no ha acontecido. Llegado este punto es conveniente recordar que una cosa es lo que ha concluido el comité de expertos, y otra cosa distinta es la opinión del gobierno, quien ya ha criticado varias de las propuestas del informe, por lo que nadie se rasgue las vestiduras antes de tiempo.

Entrando ya un mero análisis de las líneas maestras, ya que las más de 400 páginas del informe merecen una lectura más reposada, la comisión de reforma propone "una reducción compensada de impuestos directos", lo cual quiere decir que las bajadas en el IRPF o en el Impuesto sobre Sociedades propuestas se compensarán con aumentos en IVA, Impuestos especiales y del mayor control del fraude. Ello es bueno para la sostenibilidad de nuestro sistema, pero un mazazo para los que ahora están asfixiados con la carga tributaria, pues desecha a corto plazo una bajada de impuestos.

El informe aclara en su inicio que pretende ser neutral desde el punto de vista de la recaudación, y ciertamente lo consigue, diseñando un sistema con cierta capacidad recaudatoria, y que traslada la carga tributaria de la imposición directa hacia la imposición indirecta. Pero, ¿serán estos los efectos de la reforma? Analicemos por separado las subida y la bajadas. El hecho de que casi todos los productos ahora gravados al 10% de IVA pasen a tributar al 21%, así como la subida de tipos de los impuestos especiales, supondrá una evidente subida de la recaudación en estos impuestos indirectos.

Pero hay dudas de si bajaran los impuestos directos. En el IRPF se anuncian tipos impositivos más bajos y la subida de los mínimos de tributación, pero también se eliminan o reducen la práctica totalidad de las deducciones del impuesto. ¿Cuál será el efecto resultante? En el Impuesto sobre sociedades pasa otro tanto. La bajada del tipo nominal, unida a la limpieza de deducciones, igualará los tipos nominales a los efectivos, por lo que estaremos hablando de un nuevo tipo efectivo del 20%, el cual, si lo comparamos con el actual (entre un 17 y un 19%), nos da una idea clara que el impuesto sobre sociedades tampoco bajará. El informe contempla la desaparición del Impuesto sobre el Patrimonio o del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, pero contempla subidas en el Impuesto sobre Donaciones y Sucesiones y en el nuevo IBI.

Todo esto, certeza de la subida de los impuestos indirectos y duda del alcance de la bajada de los directos, podría derivar en una nueva subida de impuestos, en lugar de una pretendida neutralidad, lo cual no sería malo para la sostenibilidad de los gastos públicos.

Por otra parte el informe también postula como objetivo de la reforma estimular la producción y el empleo. A ello responde la bajada de los tipos impositivos de IRPF e Impuesto de sociedades y de las cotizaciones sociales, medidas muy necesarias a mi entender, ya que incentivarán la generación de renta y desestimularán el fraude fiscal. No obstante la subida del IVA, deprimirá aun más el consumo, por lo que puede ser incierta la resultante de los dos estímulos.

Pero donde la reforma flojea más es en el principio de equidad, y ha dado pié a que alguno la haya bautizado como la reforma fiscal de los ricos. La gran subida del IVA afectará sobre todo a las clases menos favorecidas que dedican casi toda su renta al consumo, la desaparición del Impuesto sobre el Patrimonio y la rebaja de tipos en el IRPF favorecerán más a los acaudalados, y la mayor tributación de la vivienda habitual y la reducción de la deducción de planes de pensiones perjudicará a las clases medias especialmente. Asimismo el mantenimiento del régimen jurídico de SICAVs, aunque no sea cuantitativamente importante a efectos de grandes números, lanza un mensaje negativo sobre la equidad vertical del sistema ... todo ello hace que la reforma tenga un sesgo poco equitativo, y que el efecto conjunto de la subida y posible bajada de impuestos genere un nuevo efecto redistributivo en perjuicio de las clases medias.

Finalmente, aunque se cita, se echan en falta medidas de enjundia de lucha contra el fraude fiscal. Con una economía sumergida tan alta, se debería apostar por este medio, que permite conseguir ingresos adicionales a la vez que se consigue hacer más justo el sistema, al pagar más los que más tienen. Se echan de menos medidas contra la economía sumergida o contra la economía ilegal, contra la elusión y planificación fiscal internacional agresiva, contra los paraísos fiscales que erosionan las bases tributarias. Y es que el informe, aunque dedica un capítulo al tema, pasa de puntillas ante este fenómeno.

No estoy de acuerdo con las propuestas relativas a eliminar Impuesto sobre el Patrimonio, que además de someter a gravamen a los más acaudalados y generar una justa recaudación, tenía una importante función censal muy apreciada por Hacienda para comprobar otros impuestos. Tampoco me parece justo eliminar la exención por dividendos del IRPF, pues supondrá que las personas que perciben dividendos tributarán dos veces por lo mismo, una en sede de la sociedad y otra en sede del accionista. Tampoco me gusta la eliminación de la deducción en vivienda con efectos retroactivos, que perjudicaría los derechos legítimamente adquiridos de quienes han comprado una vivienda contando con el incentivo. El informe elimina la corrección de la inflación en el gravamen de las plusvalías, lo cual supondrá tributar por beneficios puramente monetarios y reintroducir a la inflación como un impuesto más. La reducción de la desgravación por aportaciones a planes de pensiones hará un flaco favor a los sistemas de previsión social. También llama la atención la eliminación de la deducción de I+D porque en España hace mucha falta ese tipo de investigaciones, o la eliminación del incentivo a la creación de empleo.

Pero no todo son críticas. Me parece positiva la devaluación fiscal planteada para cuando el consumo se haya recuperado; la eliminación del sistema de módulos y del recargo de equivalencia ayudarán a reducir el fraude ligado a la emisión de facturas falsas; también parece acertada la reorganización de los impuestos especiales y medioambientales, ya que suponen consumos que dañan a las personas o al medio ambiente, por lo que al beneficio de su recaudación se suma el efecto positivo de moderar estos daños; más cuestionable es el impuesto del vino, que puede dañar a una importante industria. Igualmente parece acertado el reorganizar la fiscalidad de las comunidades autónomas. Y no se trata de limitar su libertad, ni de privarles de su legítima corresponsabilidad fiscal, sino evitar una competencia fiscal entre ellas, en la que unas pierden mucho y otras ganan poco. Por ello entiendo eficiente para el sistema en su conjunto el recuperar la unidad de mercado y la neutralidad fiscal, hace largo tiempo perdida.

Como conclusión, las grandes líneas de la propuesta (suficiencia del sistema financiero y contribuir a la recuperación económica) son correctas, pero la reforma adolece de cierta falta de equidad. Tampoco incluye las tan necesarias medidas de lucha contra el fraude que el país necesita, que al igual que en el año 1977, fueron la clave para darle profundidad al sistema, y conseguir los recursos públicos que, entonces y ahora, necesitamos para superar la crisis. Confío en que el Gobierno y la Cortes Generales pulan esta propuesta para conseguir un sistema justo, que ayude a la recuperación económica y sea suficiente para mantener los servicios públicos.

Julio Ransés Pérez Boga. Presidente de Inspectores de Hacienda (IHE) En Twitter @jransespboga