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El fraude de Oceanografía apunta a un exfuncionario de Pemex

Mario Ávila Lizárraga autorizó un contrato a la empresa defraudadora cuando ya no ocupaba ningún cargo público

Mario Ávila Lizárraga, exfuncionario de Pemex.
Mario Ávila Lizárraga, exfuncionario de Pemex.

El fraude de la compañía Oceanografía, una de las principales empresas contratistas de servicios de Petróleos Mexicanos (Pemex), ha abierto incógnitas en torno a la corrupción en la petrolera estatal. Su director, Emilio Lozoya, ha admitido que dentro del caso de Oceanografía existieron irregularidades por parte de exfuncionarios de la petrolera durante la administración del expresidente Felipe Calderón. Señaló directamente a Mario Ávila Lizárraga, exdirector de Mantenimiento Logístico de la Coordinación de Servicios Marítimos de la división Pemex Exploración y Producción (PEP), por firmar la ampliación de un contrato con Oceanografía por 7,5 millones de dólares cinco días después de que dejara su cargo en la petrolera en 2012.

El nombre de Ávila Lizárraga no dice mucho hasta que se revisa su corta y acelerada carrera política vinculada al Partido Acción Nacional (PAN, de derecha) en el Estado de Campeche (sureste de México) y su relación con Juan Camilo Mouriño, exsecretario de Gobernación (Interior) y mano derecha del expresidente mexicano Felipe Calderón, que murió en 2008 en un accidente aéreo. Ávila Lizárraga participó en 2009 como candidato del PAN a la gubernatura de Campeche, a pesar de la muerte de Mouriño su cercanía con él le sirvió para conseguir los apoyos dentro del partido. El candidato nunca se había presentado a una elección popular y sólo tenía experiencia en un puesto público.

Ávila Lizárraga no escondía su estrecha relación con Mouriño quien lo llevó a la escena política unos años antes durante la campaña del expresidente – también del PAN-- Vicente Fox. “Todos son grandes amigos, especialmente Juan Camilo [Mouriño], que me invitó a participar en este proyecto. No tenía ninguna intención de ir al Gobierno. Lo hice porque quería hacer un cambio desde la sociedad civil”, dijo a la prensa mexicana durante su campaña en 2009. Ávila Lizárraga, originario del poblado de Pomuch (al norte de Campeche), era antes de la presidencia de Fox el gerente de una concesionaria de automóviles que participó en la vida pública de Campeche como tesorero de una asociación de empresarios. Tras apoyar a Fox fue nombrado delegado de la Secretaría de Desarrollo Social en Campeche en 2002 y ahí permaneció hasta 2009 cuando fue llamado a participar en la elección de gobernador.

Al perder la elección, Ávila Lizárraga fue designado, por la administración del expresidente Calderón, a ocupar la Coordinación de Servicios Marítimos en Pemex donde cerró importantes contratos con Oceanografía para la inspección de la estructura de las plataformas petroleras en el Golfo de México hasta diciembre de 2012. La petrolera ha comenzado una investigación alrededor del exfuncionario, que según la prensa de Campeche, abandonó su casa en la entidad hace un par de meses y ahora se encuentra en Houston (Texas), lejos del servicio público en México. El Fiscal General de la República, Jesús Murillo Karam, ha explicado que tanto los directivos de Oceanografía como los exfuncionarios de Pemex involucrados en el fraude no se les han presentado cargos porque aún se investiga su relación con el caso. Murillo Karam ha insistido en que la petrolera no estaba al tanto de todas las actividades fraudulentas de Oceanografía porque la empresa informó directamente a Citigroup, a través de su filial Banamex, sobre las falsas estimaciones de sus contratos relacionados con Pemex para obtener un crédito por 585 millones de dólares.

Citigroup ha informado a la Comisión de Valores de Estados Unidos que redujo la compensación anual de Manuel Medina Mora, copresidente del grupo, por los problemas de control existentes en la filial Banamex que está bajo su supervisión. Medina Mora sólo recibirá 9,5 millones de dólares, menos que en 2012 cuando obtuvo 11 millones de dólares. En México, aún no se ha denunciado a los responsables, la Fiscalía ha reconocido que existen atrasos en esta parte de la investigación.

Los contratos de Pemex con Oceanografía han sido clasificados como información “reservada y confidencial” mientras las autoridades mexicanas realizan la investigación. La empresa defraudadora continúa sus operaciones en las costas del Golfo de México y el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAEB) se ha encargado de administrar sus recursos para que los trabajadores de Oceanografía reciban el pago de sus salarios y las actividades de la empresa no se detengan. Hasta ahora Pemex tiene 39 contratos vigentes con Oceanografía, la mayoría asignados durante la administración del expresidente Calderón.

El polémico fraude se ha hecho público unas semanas antes de que los legisladores discutan las leyes secundarias de la reforma energética, que servirán para permitir la inversión privada en el sector. Los senadores del PAN se han apartado de las negociaciones para concluir la reforma argumentando que el Gobierno mexicano ha expuesto el caso Oceanografía responsabilizando únicamente a miembros de su partido. Hasta ahora, el PAN ha sido el principal aliado de la administración del presidente, Enrique Peña Nieto, para sacar adelante los cambios para la industria energética mientras la izquierda se opone a la reforma.