Empleo sostiene que la tarifa plana de cotización saldrá gratis a los Presupuestos

Efecto neutro o gratis total. El Gobierno sostiene que la tarifa plana de 100 euros para contratos fijos no tendrá coste alguno para las cuentas públicas. En contra de los estudios de economistas independientes que han cifrado en varios miles de millones el impacto de la medida, la memoria económica del decreto ley aprobado por el Gobierno viene a concluir que saldrá lo comido por lo servido. Es decir, que lo que se pierda por la rebaja de cotizaciones se recuperará a través de más empleo y más recaudación de impuestos. Eso, a pesar de que el Gobierno admite que el efecto en creación de empleo no será muy espectacular: unos 52.000 ocupados más en cuatro años.

Sostiene el documento del Gobierno que el menor coste laboral de las nuevas contrataciones estables supondrá mayor creación de empleo y/o ahorro de costes "que pudieran destinarse a inversión productiva, generando un impacto positivo de segunda ronda sobre la contratación". También es posible que la empresa traslade a precios el menor coste laboral, impulsando la demanda de sus productos y apoyando la competitividad, dando lugar a más exportaciones y menos importaciones. Estos incrementos de la demanda impulsarían de nuevo la contratación. Además, también se sugiere que al ahorrarse cotizaciones, las empresas podrán reducir deuda, rebajar el coste de financiación y aumentar la inversión, creando con ello más empleo. Por otro lado, al favorecerse más los contratos fijo que los temporales, aumentará el consumo, sobre todo de bienes duraderos.

También se reducirá el gasto en prestaciones sociales y se desincentivará la economía sumergida. "La tarifa plana constituye un incentivo para el afloramiento de empleos sumergidos que gracias al abaratamiento del coste en términos de cotizaciones sociales podrían declararse. Se trataría fundamentalmente de empleos informales que serían regularizados gracias a la tarifa plana. En general, la tarifa plana desincentiva el empleo sumergido", dice la memoria.

"Impacto presupuestario neutral"

Así, con todo ello, si el cántaro no se rompe, "el impacto presupuestario anual (...) resultaría neutral, ya que se compensa la pérdida recaudatoria derivada de la aplicación de la tarifa plana a contratos cuya celebración ya estaba prevista con el aumento recaudatorio derivado de la creación de empleo adicional gracias al incentivo de esta medida, tanto en nuevas cotizaciones a la Seguridad Social como en el IRPF, impuesto sobre sociedades e impuestos indirectos (IVA e impuestos especiales), inducidos por la creación de empleo y aumento del PIB".

"Con estos resultados no entendemos porque no se ha hecho antes esta medida", ironiza el economista de Fedea José Ignacio Conde-Ruiz, que critica que en la memoria de impacto del decreto ley se despachen los cálculos importantes en solo dos páginas, sin aportar justificaciones adecuadas.

La memoria económica cifra el aumento del producto interior bruto (PIB) en un 0,33% en cuatro años, del 0,31% en el número de ocupados y del 0,36% en el empleo equivalente a tiempo completo en los mismos plazos. Tomando en cuenta que, según la Encuesta de Población Activa (EPA), hay 16.758.200 ocupados, el incremento de puestos de trabajo derivado de la medida sería de unos 52.000 empleos si se cumplen las previsiones del Gobierno.

Conde-Ruiz había publicado recientemente un análisis junto con Marcel Jansen y José Ignacio García Pérez en que cifraba en unos 2.500 millones el coste de la rebaja de cotizaciones solo para empresas que iban a contratar de igual modo con y sin la medida. "La caída en los costes esperados hará sin duda que muchas empresas se animen a contratar de manera indefinida. Lo que no está claro es cuántos de estos nuevos contratos serán realmente empleo adicional al existente hasta ahora en las empresas ya que no hay que olvidar el comportamiento estratégico que pueden generar estas bonificaciones. La literatura académica encuentra que este tipo de bonificaciones puede conducir a que las empresas encuentren atractivo sustituir trabajadores no bonificados por trabajadores similares con derecho a bonificación. Este tipo de comportamientos estratégicos provoca que el efecto neto en la creación de empleo de estas medidas sea menor", explicaban.

Rebaja sin creación de empleo

De hecho, la letra pequeña del decreto ley abre la puerta a que las empresas se beneficien de la tarifa plana de 100 euros sin crear nuevo empleo neto. La creación de empleo se mide con respecto a la media del mes anterior, luego pueden despedirse empleados por razones económicas de acuerdo con los supuestos de la reforma laboral (como la caída de la facturación) y luego sustituirlos con nuevos trabajadores con tarifa plana. Bastará con dejar un mínimo lapso de tiempo entre los despidos y las nuevas contrataciones para que la media de empleados aumente frente al mes anterior (ni siquiera hará falta esperar un mes). La estrategia no es tan simple, pues debe tenerse en cuenta el coste del despido, pero permite que empresas que ya están procediendo a una renovación o sustitución de plantillas se beneficien de la tarifa plana sin crear empleo, por ejemplo. Además, los despidos que se produzcan después por razones económicas no contarán a la hora de ver si se mantiene el empleo.

El Gobierno no detalla cómo ha llegado a su conclusión de que el impacto será neutro y su análisis deja claro que no ha tenido en cuenta el posible efecto sustitución de empleos actuales por nuevos ni de contratos temporales por indefinidos (que luego puedan rescindirse y aun así salir más baratos que los temporales puros).

La memoria económica indica que solo se han tomado en cuenta tres tipos de efectos con incidencia en la recaudación. Primero, la menor recaudación por cotizaciones por aplicación de la tarifa de 100 euros a contratos cuya celebración ya estaba prevista en lugar del 23,6% de contingencias comunes que hubieran cotizado, que es conocido como el peso muerto. Segundo, el incremento de la recaudación por cotizaciones por el efecto directo de creación de empleo derivado de la tarifa plana de 100 euros. Y tercero, el incremento de la recaudación de impuestos derivados de la creación de empleo y del aumento del PIB inducido por la medida.

El Gobierno limita el llamado peso muerto, pues sostiene que poco más de la mitad de los contratos indefinidos previstos lo son de duración superior a 24 meses y que solo el 60% de estos supone creación neta de empleo, con lo que únicamente afectaría a 232.500 contratos a tiempo completo y 99.600 a tiempo parcial. Además, esa cifra habría que rebajarla porque la medida solo está en vigor poco más de 10 meses de los 12 del año. El Gobierno no calcula ese impacto, pero tomando en cuenta esas premisas y que la base media de cotización al régimen general es de 1.723,26 euros al mes, el coste a compensar calculado por Empleo podría rondar los 900-1.000 millones anuales.

El Gobierno admite que el impacto será transitorio. En 10 años ya será nulo en PIB, consumo, exportaciones y empleo. pero en lo que a puestos de trabajo se refiere, ya será negativo el cuarto año, es decir, provocará un adelanto de la contratación que luego se irá compensando si se cumplen las previsiones del Gobierno.