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Repsol amarra todos los cabos para asegurarse el cobro por YPF

Argentina garantiza con otros 1.000 millones de dólares en bonos el pago

La garantía se activará si el valor real de la deuda entregada cae dse 4.670 millones

El presidente de Repsol, Antonio Brufau, reunido con la presidenta argentina, Cristina Fernández, en la casa del Gobierno argentino
El presidente de Repsol, Antonio Brufau, reunido con la presidenta argentina, Cristina Fernández, en la casa del Gobierno argentino

Compromiso de hierro a dos bandas. El Gobierno argentino lanzará tres emisiones de bonos por 5.000 millones de dólares (3.700 millones de euros) para saldar su cuenta con Repsol por la expropiación de YPF y se obliga a otras tres más adicionales por 1.000 millones si el valor real de mercado cae de esa cifra. El grupo español, por su parte, ata todos los cabos para asegurarse el cobro, de manera que será efectivo cuando entre en caja y no cuando se emita. Así lo acordaron los representantes del Gobierno argentino e YPF, por un lado, y de Repsol, por otro, la pasada semana en Buenos Aires después de casi tres meses de negociaciones.

El cobro no será efectivo hasta que entren en la caja de la petrolera

Para fijar el precio, se tomará la media de la cotización de los bonos en los 90 días previos a la fecha de la firma definitiva del acuerdo. Esta será una vez que haya sido aprobado por el consejo de administración (programado para hoy) y la junta de accionistas de Repsol (prevista para finales de marzo o principios de abril), y de que el Parlamento argentino valide una ley para canalizar la operación y permitir las emisiones.

De las tres series de bonos iniciales, dos son de ya existentes y la tercera de una nueva emisión, y las tres adicionales complementarían las otras y elevarían el valor nominal de 5.000 a un máximo de 6.000 millones de dólares. Este trámite se prevé para primeros de mayo en el mejor de los casos. Es decir, la fecha de referencia para calcular el precio de la operación de acuerdo al valor del mercado se tomaría en ese momento.

El acuerdo fija un valor mínimo del precio en 4.670 millones de dólares. En caso de que el valor real de mercado sea inferior a esa cifra, el Gobierno argentino se compromete a realizar nuevas emisiones adicionales de hasta 1.000 millones.

De esta forma, Argentina asume el riesgo de aportar más dinero del fijado y Repsol, que se garantiza el valor real posible más cercano a los 5.000 millones comprometidos, acepta un hipotético primer tramo de pérdida, es decir, los 330 millones de diferencia entre los 5.000 y los 4.670 millones. En el caso extremo de que el valor de mercado esté por debajo de los 3.670, Repsol tendría que cargar también con lo que exceda de los 1.000 millones. Por ejemplo, si el precio medio de mercado resultante es de 3.500 millones, Repsol asume los primeros 330 millones y los 170 que hay entre 3.500 y 3.670, mientras que el Estado argentino tendría que emitir los bonos por los 1.000 millones restantes. No obstante, Repsol podrá ir cobrando intereses de esa deuda que no se descuentan de la misma, con lo que compensa las posibles pérdidas.

El grupo español podrá cobrar intereses de la deuda sin descuento

Pero Repsol ha conseguido también que la deuda no quede zanjada hasta que Repsol no reciba el dinero, con lo que evita cualquier incumplimiento u otro tipo de problemas por parte del emisor. En ese sentido, irá descontando la deuda a medida que vaya cobrando, que bien puede ser mediante las amortizaciones periódicas de los bonos, bien por la venta a terceros. El caso es que el dinero entre en la caja del grupo que preside Antonio Brufau.

De haber problemas, entonces se desencadenaría un proceso en el que Repsol podría reclamar el pago y recurrir de nuevo al arbitraje internacional. Precisamente, el grupo español ha retirado todos los procesos abiertos contra Argentina ante la corte de arbitraje internacional del Banco Mundial, Ciadi, así como los presentados en los tribunales de España, Argentina y Estados Unidos. Por su parte, Argentina se compromete a no presentar reclamaciones por cuestiones medioambientales o de otro tipo.

Acuerdo antes que seguir con los pleitos

Los representantes de Repsol en la negociación (encabezados por el director general y número dos, Nemesio Fernández-Cuesta; el director financiero, Miguel Martínez, y el vicesecretario general, Miguel Klingenberg) han tenido muy en cuenta a la hora de cerrar el acuerdo con el Gobierno argentino la simulación sobre el saldo que sacaría la empresa en caso de continuar con los pleitos, en los que en principio reclamaba 10.000 millones de dólares (unos 7.000 millones de euros).

Según sus previsiones, el pleito duraría entre nueve y 10 años como mínimo, tras los que, suponiendo que se diera a Argentina como perdedora, se abriría un tiempo en los que el país reclamaría una quita sobre el principal y los intereses, como ha hecho con otros procesos recientemente, que dejaría el pago en una cifra similar a la pactada ahora. Y si fuera superior, el plazo sería tan largo que no merecería la pena.

Ese es el argumento principal que ha esgrimido el presidente de Repsol, Antonio Brufau, para negociar el acuerdo y es el que han manejado en el Consejo de Administración del grupo desde que se desatascó el conflicto que mantenía con el Gobierno de Cristina Fernández de Kichner tras la expropiación de YPF.

Ese enredo comenzó a librarse tras un viaje relámpago del ministro de Industria, José Manuel Soria, y el presidente de Caixabank, Isidro Fainé, a Buenos Aires. La presencia del banquero era lógica como vicepresidente primero de Repsol en representación del 12,1% (lo va a reducir al 9,5%) que ostenta en la petrolera. La del ministro se explica porque el asunto se convirtió en una cuestión de Estado, aunque las fuentes oficiales se apresuraron a decir que era cosa de una empresa privada.

El caso es que, desde entonces, se forjó el pacto, que no será tal hasta que pase todas las bendiciones y que no se alcanzó antes porque los representantes españoles querían estar convencidos de que las garantías estaban bien atadas, según reconocen fuentes argentinas. Los 16 miembros del máximo órgano de administración se cuidaron mucho de tener esas garantías para compensar la expropiación, aunque el precio de 5.000 millones de dólares fuera la mitad de lo exigido en principio. Por eso el encargo al equipo negociador fue extremarlas. Cualquier resbalón puede ser causa de procesos penales si así se lo exigen los accionistas y eso es lo que hay que evitar.

El acuerdo traído de Buenos Aires, del que el Gobierno ha estado informado en tiempo real, parece que, sobre el papel, les permite respirar tranquilos y que previsiblemente pasará la criba en la reunión que tienen esta mañana para poder cobrar la cifra más cercana a los 5.000 millones de dólares (3.700 millones de euros), precisamente la misma cifra que Pemex, ha perdido en enero.

El grupo mexicano, uno de los miembros del núcleo duro de Repsol con el 9,2% del capital, ha sido muy crítico con la gestión de Brufau, del que pidió la dimisión. Una de sus propuestas fue dividir la empresa en dos (upstream y downstream). Su representante en el consejo, Arturo Henríquez, se ha quedado solo frente a los dos consejeros ejecutivos (Brufau y el secretario, Luis Suárez de Lezo), ocho independientes, dos representantes de Caixabank (Fainé y Juan María Nin), otros dos de Sacyr (Manuel Manrique y José Manuel Loureda) y uno del fondo soberano de Singapur, Temasek (René Dahan).

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