El Gobierno español busca minimizar el impacto de la crisis del Canal en el Tesoro

La ruptura de las negociaciones entre el consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC) y la Autoridad del Canal de Panamá ya ha provocado reacciones en la política española e internacional. Mientras la ministra de Fomento, Ana Pastor reclama "responsabilidad" a las partes en torno a la ampliación del Canal, y advierte de que "lo peor sería que la obra no continuara", el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, asegura que el Gobierno intentará minimizar el impacto de las fianzas y avales que dio la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE). También desde Bruselas han llegado las primeras declaraciones: el vicepresidente de la Comisión Europea, Antonio Tajani, ha pedido a las partes que "reconsideren sus posiciones".

Guindos, tras resaltar una vez más el "enorme prestigio" y el carácter "extremadamente competitivo" del sector, ha asegurado que "si se confirma la ruptura [...], lo que hará el Gobierno español es intentar minimizar el impacto que las fianzas y avales dados desde CESCE pudieran tener desde el punto de vista del Tesoro español". El ente avaló a la constructora por importe de 160 millones de euros en 2009 en una cobertura que, por cierto, suscitó críticas desde el Tribunal de Cuentas por cuestiones formales.

"Apelo una vez más a la responsabilidad de las partes porque creo que lo peor sería que la obra no continuara", ha reiterado por su parte Pastor al contestar a los periodistas, tras presenciar el final de la perforación de uno de los túneles del tren AVE entre Alicante y Murcia. Ha sostenido que en este conflicto no se pone en duda la calidad de la ingeniería civil española, "que a día de hoy sigue siendo impoluta", sino que se trata "de un problema financiero que tienen que resolver las partes".

El vicepresidente de la Comisión Europea, Antonio Tajani, tras mostrar su "sorpresa", pidió a las partes que "reconsideren sus posiciones". "La noticia me sorprende pues ayer mismo por la mañana el presidente de la República [de Panamá], Ricardo Martinelli, hizo una declaración pública optimista que señalaba que las partes estaban muy próximas a un acuerdo", explicó en un comunicado.

Martinelli se había mostrado convencido, el pasado lunes, de que las partes estaban cerca de llegar a "una feliz conclusión" a la disputa que estalló por los sobrecostes de 1.600 millones de dólares en las obras de ampliación del Canal. "Confío y deseo que las partes reconsideren sus posiciones en los próximas días, porque la interrupción de las obras sería una mala noticia para el empleo, para la economía mundial, para las propias obras de ampliación del Canal y para las propias partes", recalcó Tajani. Explicó que anoche conversó con el ministro de Asuntos del Canal y presidente de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá, Roberto Roy, pero añadió que "la relación política entre la Comisión y el Gobierno de Panamá ha sido correcta pero corresponde a las partes ponerse de acuerdo dentro del marco jurídico vigente", añadió.

El también responsable comunitario de Industria señaló que "ha seguido de cerca" la evolución de las negociaciones desde que las tres empresas europeas -Sacyr, Impregilo y Jan de Nul- solicitaran a la Comisión Europea que interviniera en el conflicto para tratar de facilitar la resolución del conflicto.