El Canal de Panamá se juega entre tres y cinco años de retraso por el conflicto

Las obras de la ampliación del Canal de Panamá continuaron ayer a bajo ritmo, tras vencer el plazo del preaviso que el consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC) dio para paralizar los trabajos. El consorcio liderado por Sacyr aún espera encontrar soluciones en las próximas semanas para acabar las obras y ofrece cofinanciar los sobrecostes, cifrados en unos 1.200 millones. La alternativa sería más lenta y cara. Un documento confidencial de la Junta de Resolución de Conflictos (DAB, por sus siglas en inglés), el órgano panameño mediador entre las partes, advierte de que, en caso de ruptura del contrato, las obras no se acabarían en 2015, como está previsto, sino más probablemente entre 2018 y 2020, según fuentes de dicho órgano.

Dicho órgano admite que el problema de falta de financiación es real y no una especie de coacción del contratista para lograr beneficios extra. No obstante, esa junta dio la razón a Panamá por dos votos a uno en el primero de los grandes asuntos en disputa, los sobrecostes en la construcción de la ataguía o presa provisional. La DAB, un órgano previsto en el contrato para dirimir las reclamaciones a modo de árbitro, considera que la continuación de los trabajos por parte del consorcio es la alternativa más económica para continuar con las obras y aboga por la inyección de liquidez necesaria para evitar retrasos y más costes.

Precisamente, GUPC alertó anoche en un comunicado de que la falta de un acuerdo sobre la financiación se traducirá en que “las obras no terminarán en los plazos previstos y supondrá un grave retraso, con perjuicio para todas las partes”. En cambio, un acuerdo permitiría finalizar la obra en 2015, "lo que supondría una inmediata generación de riqueza para todos los panameños y aportaría significativos beneficios a todos los que, confiando en la Ampliación del Canal en el plazo previsto, hayan efectuado ya inversiones relevantes", según la nota.

La aseguradora ve prematuro pagar la fianza y apuesta por la mediación

La amenaza de paralización se converte de alguna manera en amenaza de retrasos: "Las obras, que tienen un coste de más de 100 millones de dólares por mes, hoy cuentan con un avance de casi el 70% y técnicamente nada impide que se pueda alcanzar el cronograma presentado. Sólo hay una cosa que puede afectar al proyecto: la difícil situación financiera en la que se encuentra a causa de los costes imprevistos que se han generado, y la consiguiente solicitud del reconocimiento económico de los mismos incurridos en la obra y presentados por GUPC", dice el consorcio.

Cofinanciar los costes

Aunque se han tanteado varias alternativas, finalmente lo que ofreció ayer el consorcio tras una reunión de su consejo de administración es cofinanciar los costes imprevistos para cumplir con el contrato actual dentro del calendario previsto. “GUPC (...) no está pidiendo beneficios extra, solo el cofinanciamiento mientras espera la decisión sobre los mismos del arbitraje internacional”, aunque sin detallar con qué parte de esa cofinanciación correría cada parte.

El consorcio sigue con las obras a bajo ritmo en espera de una solución

El consorcio explica que los fondos que aportase la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) estarían protegidos hasta que los árbitros decidiesen quién debe cargar con los sobrecostes, pues cuentan con las garantías bancarias y de las aseguradoras. GUPC subraya que los sobrecostes están documentados y verificados por la ACP: “No hay discusión sobre la existencia de estos costes imprevistos, lo único que se discute es quién los tiene que pagar, si el contratista o el cliente”, señala en su nota el consorcio, que dice que "está unido y siempre ha tomado decisiones unitarias". Trata de salir al paso así de las informaciones sobre las diferencias entre sus miembros: Sacyr, de España; Salini‐Impregilo, de Italia; Jan De Nul, de Bélgica, y Constructora Urbana SA (CUSA), de Panamá.

El consorcio y el Canal ya negociaron un acuerdo en diciembre bajo la mediación de la aseguradora Zurich, que concluía que GUPC era la opción más barata y más eficiente para completar la obra, un punto que aceptaban ambas partes. El preacuerdo, que al final la ACP rechazó cuando en el consorcio creían que estaba casi cerrado, preveía desembolsos del Canal a modo de adelanto condicionado a lo que la DAB o el arbitraje internacional decidiese sobre las reclamaciones. La negativa de la ACP a firmar el pacto provocó el preaviso de suspensión, según fuentes conocedoras del conflicto. Ahora, GUPC “prorroga el preaviso” sin fecha.

La postura de la aseguradora

Tras el fracaso del intento de mediación de diciembre y el estallido del conflicto, Zurich volvió a dirigirse a Jorge Quijano, administrador del Canal, para subrayarle que caben vías dentro del contrato para que la ACP financie las obras pendientes. Zurich cree improductivo enzarzarse en una batalla legal y aboga por un pacto.

La aseguradora debe hacer frente inicialmente al pago de la fianza en caso de incumplimiento por parte del contratista, aunque a su vez ha reasegurado ese riesgo con firmas nacionales de seguros a la exportación (Cesce, en la parte que corresponde a Sacyr).

Por ahora, Zurich ve prematuro plantearse el pago del aval. Esa fianza es parte del dinero con que contaba el Canal para financiar las obras en caso de ruptura con el consorcio. Zurich, sin embargo, considera que hay demasiados flecos jurídicos abiertos y que para resolverlos haría falta esperar al arbitraje.

Por ello, al igual que la DAB, la aseguradora considera que lo mejor sería una solución negociada. En su análisis de la situación, los expertos de Zurich desmontaban los argumentos de la ACP según los cuales no hay mecanismos dentro del contrato que permitan al Canal financiar las obras sin esperar a un arbitraje.

Zurich considera que cabe un acuerdo entre las partes para cerrar algunas reclamaciones y recuerda que las reglas de la Cámara de Comercio Internacional (ICC) por las que se regirían los arbitrajes contemplan la mediación como alternativa previa. Además, hay reclamaciones que están en primera instancia, sobre las que el Canal tiene plena capacidad de disposición, sin necesidad de remitirlos ni a la DAB ni al arbitraje internacional, que son la segunda y tercera instancia. Un acuerdo completo o parcial sobre esas reclamaciones en una negociación de buena fe permitiría un respiro financiero para continuar con las obras. Además, la aseguradora tampoco ve obstáculos legales para que la ACP adelante financiación para el Canal cuya liquidación final esté sujeta a los mecanismos de resolución de las disputas, como ahora propone el consorcio. Zurich se lamenta de la intransigencia de la ACP para aceptar propuestas que permitan desbloquear el conflicto.

Por ahora, la postura de la española Sacyr, como líder del consorcio, pasa por tratar de acortar la resolución de conflictos, resolver bilateralmente algunas reclamaciones pequeñas, sondear alternativas de financiación (fondos europeos, banca local, aportaciones de los socios...) y esperar que la ACP flexibilice algo su posición, de modo que facilite financiación aunque el ajuste de cuentas quede pospuesto a la resolución de los conflictos.

"La ampliación del Canal de Panamá es una obra estratégica tanto para la economía como para la seguridad mundial. Todo el tráfico marítimo global espera con impaciencia la finalización de este proyecto que permitirá a los barcos atravesar por el nuevo canal ampliado en 2015", decía ayer el consorcio en su nota. El margen para negociar es de días o semanas. Sin acuerdo, la ampliación del Canal de Panamá puede retrasarse meses o años.