Argentina afirma que las negociaciones con Repsol por YPF avanzan “bien”
El Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner nacionalizó la petrolera en 2012
El Gobierno argentino ha afirmado este jueves que las negociaciones con Repsol para compensarlo por la nacionalización de la petrolera YPF marchan "bien", aunque ha aclarado que se trata de un acuerdo "complicado" de alcanzar.
El Ejecutivo de Cristina Fernández de Kirchner y el grupo español llegaron a un acuerdo preliminar a finales del pasado mes de noviembre para sentarse a discutir los términos de la compensación, que comprenderá la entrega de títulos públicos argentinos y que fuentes en Madrid valoraron en unos 5.000 millones de dólares (unos 3.683 millones de euros).
El Gobierno argentino, que nacionalizó YPF en 2012, había adelantado que quería cerrar un acuerdo antes de que finalizara 2013, que finalmente no se cumplió.
El país sudamericano necesita recuperar la confianza de los inversores extranjeros, que se mantienen alejados por las políticas intervencionistas del Gobierno, para acelerar el desarrollo de los enormes recursos de hidrocarburos no convencionales del país.
"El acuerdo con Repsol, como se ha dicho, es un acuerdo muy complicado, un acuerdo que está afortunadamente avanzando muy bien", ha indicado a periodistas el ministro de Economía, Axel Kicillof. "Pero, claro, estamos en presencia de una empresa privada que tiene que hacer sus convenientes consultas, sus convenientes procesos de aprobaciones y entonces, una vez que tengamos una respuesta definida por parte de la empresa, lo anunciaremos convenientemente", ha añadido.
Por su parte, Repsol prefirió no comentar sobre las declaraciones y no han trascendido detalles de las negociaciones, informa Reuters.
El acuerdo preliminar entre Argentina y Repsol establece que la compensación se realizará con activos líquidos. El grupo español también exige que el país sudamericano le otorgue una garantía de pago.
Repsol, que había valorado su participación en YPF en unos 10.000 millones de dólares (unos 7.368 millones de euros), demandó al Gobierno argentino ante tribunales internacionales y un órgano arbitral del Banco Mundial.
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