Imputado parte del consejo de Caja Segovia por prejubilaciones millonarias

El magistrado Jesús Marina Reig, titular del Juzgado número 2 y Mercantil de Segovia, ha fijado las fechas para que declaren como imputados los miembros de la comisión de retribuciones que acordaron conceder prejubilaciones millonarias a los directivos de Caja Segovia. Unión Progreso y Democracia (UPyD), que figura como demandante, cifra entre 35 y 40 millones de euros los pagos, repartidos entre nueve miembros del consejo de dirección.

Según ha dictado el juez en una providencia, tras acceder a la solicitud del fiscal, el trece de enero próximo están llamados a declarar quienes eran presidente y vocal de la comisión de retribuciones, Atilano Soto, del PP, y Manuel Agudíez, del PSOE. Al día siguiente lo harán la exsecretaria de la comisión, Elena García Gil, que fe vicesecretaria provincial del PP y miembro de la gestora que administra actualmente el patrimonio —una gran parte hipotecado—, de la antigua obra social de la entidad, representando a la Federación Nacional de la Mujer Rural, y quien era director general, Manuel Escribano Soto.

Después de que declare el último imputado, el 15 de enero, que será el exsecretario general de Caja Segovia, Antonio Tapia, el juez decidirá sobre el resto de las declaraciones que ha solicitado el Ministerio Público, que afectan a los miembros del consejo de administración, entre quienes también se encuentran Soto, Agudíez y García Gil. En la lista hay aforados: el senador popular Javier Santamaría y del portavoz adjunto del Grupo Popular en las Cortes de Castilla y León, Juan José Sanz, o cargos públicos, desde el alcalde de Segovia, Pedro Arahuetes, independiente en la lista del PSOE; a los vicepresidentes de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente y José Luis Sanz Merino, del PP, o el presidente de la patronal, Pedro Palomo.

El secretario del consejo, Miguel Angel de Vicente, ha pedido al juez que requise los los originales de las actas de los consejos de la fundación

Por otra parte, quien actuó como secretario del consejo, Miguel Angel de Vicente, actual secretario provincial de los populares segovianos, que se ha personado en el caso, al igual que Atilano Soto, ha pedido al magistrado que, ante la aparente dificultad de encontrar los originales de las actas de los consejos, entre otros órganos, “sean requisadas mediante la oportuna diligencia de entrada y registro [de las oficinas de la Fundación Caja Segovia] para su unión a los autos y puesta en conocimiento de la autoridad judicial”. El fiscal ha señalado en un escrito que no se opone a esta entrada y registro para la búsqueda de la información.

De Vicente, que forma parte de un grupo de exconsejeros que han denunciado a Soto y a Agudíez, entre otros, por una operación inmobiliaria que ha llevado a hipotecar el torreón medieval de Lozoya, la que fue joya de la obra social, entre algunos inmuebles más, sostiene que “no existe” correspondencia entre los acuerdos del consejo de administración y las actas redactadas por el secretario Fernando Tapias y refrendadas por el ex presidente Soto; y se niega a suscribirlas.

Por su parte, el magistrado ha acordado que, con carácter previo a resolver sobre la solicitud de entrada y registro, se requiera a Caja Segovia, a través de su representación procesal, para que, en el plazo de tres días, aporte certificación de las actas de la comisión de retribuciones, del consejo de administración y de la comisión de control, de 26 y 27 de enero de 2006; de 20 y 21 de noviembre de 2008, y de 22 de diciembre de 2010, con expresión de los asistentes a las mismas.