El Gobierno identifica 2.700 normas que obstaculizan el mercado único

El Gobierno ha detectado unas 2.700 normativas, el 30% de ellas estatales (810) y el 70% autonómicas (1.890), que afectan a 29 sectores económicos y contienen trabas a la unidad de mercado o barreras para el ejercicio de la actividad empresarial, por lo que deberían modificarse. Esta es una de las conclusiones a las que ha llegado el Ejecutivo con vistas a la implantación de la ley que garantiza la unidad de mercado. Con este fin, el Consejo de Ministros ha fijado un calendario para ejecutar el Plan de Racionalización Normativa y que implica también a las comunidades.

Según ha explicado el ministro de Economía, Luis de Guindos, en un primer momento se identificaron 6.500 normas que impactan en la actividad empresarial. De ellas, 2.700 tienen un efecto "potencialmente perjudicial", por lo que es necesario hacer proceso de "limpieza burocrática", ha añadido Guindos. Según ha justificado, o bien obstaculizan el libre acceso o el ejercicio de las actividades económicas.

En el caso de las normas estatales, la modificación se llevará a cabo en el primer semestre de 2014 a partir de las indicaciones del grupo de trabajo creado al efecto. Este aboga por la sustitución de autorizaciones administrativas por declaraciones responsables o simplificando requisitos, ha explicado Guindos. No obstante, muchas de estas normas ya están siendo modificadas a través del Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones, el Anteproyecto de Ley de Colegios y Servicios Profesionales o la modificación prevista de la Ley de Bases de Régimen Local.

En cuanto a las normas de las comunidades, Guindos ha explicado que su revisión se hará en el marco de las conferencias sectoriales que reúnen a los ejecutivos central y autonómico. A este respecto, el ministro se ha mostrado confiado en que las comunidades colaborarán, ya que a su juicio existe un "ambiente positivo" y una "percepción general" de que se puede avanzar en la simplificación normativa.

En las conferencias -más de 25 u otros mecanismos o comités- podrán contar con la contribución de los operadores económicos. Por áreas, el 27% de las normas afectan a agricultura, alimentación y medioambiente, el 21% a fomento (sobre todo a vivienda), el 20 % a industria, energía y turismo y el 14% a sanidad.