Los curanderos eléctricos

Un curandero es alguien que, sin ser médico, propone curas milagrosas en momentos desesperados y a personas con verdaderas ansias de solucionar el problema que les aqueja.

Sin embargo, este tipo de recetas no suele ser muy efectiva, como tampoco lo son muchas de las soluciones que, en la actualidad, se plantean como remedio a los males del sector eléctrico español, que son muchos y se han visto agravados tras la reciente reforma eléctrica anunciada por el Gobierno.

En primer lugar, y como presidente de la Asociación Española de la Industria Eléctrica, me gustaría referirme a las alusiones que últimamente se hacen al déficit de tarifa eléctrica. Como probablemente ya sabe el lector, este déficit es la diferencia entre los costes regulados en los que incurre el sector eléctrico y los ingresos regulados que recibe a través de las tarifas, insuficientes para cubrirlos. Este desfase se ha ido acumulando a lo largo de los años, especialmente a medida que los costes regulados y las decisiones de política energética han ido ganando peso en el recibo eléctrico.

En un reciente artículo publicado en este diario bajo el título Otro diagnóstico del problema eléctrico, se llega a negar la existencia misma del déficit. Algo que resulta sorprendente si se tiene en cuenta que, como consta expresamente, los firmantes de este texto han ocupado puestos de responsabilidad en el Ministerio de Energía, la Comisión Nacional de la Energía y el operador del sistema, entidades que siempre han reconocido la existencia de este déficit desde el momento en el que empezó a generarse hasta nuestros días.

Asimismo, esta actitud resulta llamativa cuando toda la reforma eléctrica del Gobierno gira explícitamente en torno a la idea de acabar con el déficit de tarifa, y cuando el ministro del ramo ha llegado a reconocer que, a pesar de dicha reforma, en 2013 seguirá generándose déficit (en concreto, de entre 2.500 y 3.000 millones de euros). Se trata, por tanto, de un problema de gran envergadura, difícil de resolver. Tal vez por ello, los principales causantes de las medidas que han llevado al crecimiento desmesurado del déficit prefieren cerrar los ojos y pensar que no existe.

A menudo, los curanderos recurren también a fórmulas del pasado y remedios que ya se intentaron sin éxito, convenciendo a su crédulo paciente de que esta vez sí funcionará lo que en el pasado fracasó.

En el sector eléctrico, de forma parecida, se proponen en estos días soluciones que hace tan solo un par de años se revelaron ineficientes, costosas y contraproducentes.

De este modo vemos cómo, desde ciertos ámbitos, se están volviendo a pedir más apoyos para ciertas tecnologías renovables. Quienes lo hacen insisten además en sentirse “estafados” por el hecho de que se les haya reducido la inasumible retribución que durante años han recibido.

Dejemos al margen la jurisprudencia, que ya ha aclarado vía sentencia que la adaptación de una retribución a las circunstancias económicas vigentes (recordemos que España está en crisis) no supone un acto retroactivo. Simplemente basta recordar cómo nos fue en el pasado cuando aplicamos la panacea que ahora preconizan estos curanderos: cuando pretendimos ser los primeros de la clase en tecnologías inmaduras que, posteriormente, otros han adquirido a precios muy inferiores. Debemos tener en cuenta la lección aprendida y reconocer que, para ganar la carrera, la clave no es agotar los recursos con un gran sprint inicial, sino ser un buen corredor de fondo.

La mayor parte de la reforma recae sobre los hombros de las empresas de UNESA

Mención aparte merecen las alusiones a la transparencia y las peticiones de auditorías, tan de moda últimamente. Quienes así lo solicitan parecen olvidar que las empresas eléctricas son compañías auditadas que cotizan en Bolsa y que rinden cuentas puntualmente ante los reguladores de los mercados (en España, la CNMV). Asimismo, siempre han facilitado toda la información que la CNE ha solicitado y que ahora está a disposición de la CNMC.

Igualmente, es común oír hablar de la necesidad de una mayor competencia para el sector eléctrico. Una tesis, esta última, con la que, para extrañeza de muchos, no puedo estar más de acuerdo. Efectivamente, el sector precisa de una mayor liberalización, ya que actualmente la inmensa mayoría de los consumidores está acogida a tarifas marcadas desde la Administración. Las compañías eléctricas agrupadas en UNESA son las primeras que abogan por una mayor liberalización que, sin duda, redundará en beneficio del sistema y, también, del consumidor español.

Los llamados costes de transición a la competencia (CTC) tampoco salen bien parados en este tipo de debates. Se comparan, equivocadamente, con las primas al régimen especial, cuando se trata en realidad de conceptos bien distintos: los llamados CTC son costes incurridos en el pasado y pendientes de cobro que, en realidad, han supuesto para las empresas 1.147 millones de euros desde los años noventa (muy por debajo de los casi 12.000 millones de euros reconocidos y comprometidos en su momento por el Ejecutivo). Por su parte, las primas son incentivos, concedidos en gran medida de manera excesiva y desordenada, para el desarrollo de determinadas instalaciones. No hay comparación posible entre ambas cuestiones.

Igual sucede con los pagos a la disponibilidad, una noción que considero preciso explicar. Las fuentes de energía renovable tienen prioridad de entrada en el mix eléctrico. Sin embargo, y como sabemos, estas tecnologías no son gestionables, puesto que dependen de las condiciones meteorológicas. Por ello, las centrales de ciclo combinado y las nucleares —cuya energía no es intermitente— deben estar siempre a punto y disponibles para dar cobertura al sistema. De esta forma, cuando no hay producción eólica ni solar, el sistema no queda desabastecido. Garantizan, por tanto, la seguridad del suministro; algo que no sería posible sin los citados pagos a la disponibilidad.

Por otro lado, en algunas ocasiones se llega a culpar a las compañías de UNESA de que los costes de política energética se incluyan dentro de la tarifa eléctrica. Una acusación que llama la atención, puesto que esta asociación considera que los costes de política energética no directamente vinculados al suministro de energía no deberían formar parte del recibo que pagamos todos los consumidores; unos sobrecostes políticos que, sumados a un elevado volumen de impuestos, hacen que alrededor del 50% de la tarifa que pagan los consumidores no tenga nada que ver con los costes reales de producir y suministrar electricidad.

En el mencionado artículo se llega incluso a decir que los consumidores y las energías renovables son los principales paganos de la reforma eléctrica cuando, en realidad, la mayor parte de la reforma recae sobre los hombros de las empresas de UNESA.

Es importante que, desde todas las posiciones y desde todos los puntos de vista, se propongan soluciones que contribuyan a poner orden en un sector tan relevante como es el eléctrico. Es importante que la reforma que finalmente salga del Parlamento no hunda una industria como esta, fundamental para el crecimiento de la economía española, para su competitividad y para el empleo. Pero dichas aportaciones han de ser rigurosas.

A veces los ungüentos milagrosos de los curanderos tienen un envoltorio más atractivo que lo que te receta un facultativo. Pero, personalmente, yo me fío más del médico.

Eduardo Montes es presidente de UNESA.