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El índice que plantea Economía para revisar precios subirá un 0% en 2014

El Ministerio quiere que el nuevo instrumento se utilice como referencia voluntaria en los contratos entre privados

La inflación bordea ahora el 0%, cuando lo habitual en los últimos años es que ronde el 3%, y la pretensión del Ministerio de Economía es que ese escenario de estabilidad de precios “se perpetúe” al menos hasta recuperar la competitividad perdida con el resto de la zona euro. Para contribuir a ese objetivo, el Ejecutivo ultima el proyecto de Ley de Desindexación. La norma incluye un índice alternativo al IPC para actualizar precios, el índice de garantía de la competitividad, que, según detallaron este martes fuentes de Economía, arrojaría una subida del 0% en 2014.

El nuevo índice, que publicará el Instituto Nacional de Estadística junto al IPC, se incorporará como referencia de actualización para aquellos contratos privados en los que se prevea algún tipo de revisión anual, pero en los que las partes no hubieran especificado la cuantía de la revisión. Fuentes de Economía precisaron que se incluirá en las leyes de arrendamientos urbanos y rústicos en sustitución del IPC, es decir, que si arrendador y arrendatario no pactan en cuánto subir el alquiler al año, se utilizará el nuevo índice, que tiene un suelo del 0% y un techo del 2%.

Contratos públicos

Economía plantea que el nuevo índice se utilice como referencia voluntaria en los contratos entre privados. En el sector público, el Ejecutivo se propone evitar que se actualicen precios de forma automática en función de un índice general. Así, en los precios regulados (billetes de autobús, bombona de butano, servicio universal en telefonía, productos farmacéuticos o sellos de correos, por ejemplo) o en contratos públicos, las actualizaciones se harán en función de los costes y de la eficiencia del servicio que se presta.

Si el Gobierno lo considerase necesario, en cada caso se construirán índices sectoriales para actualizar esos precios, de obligado cumplimiento para todas las Administraciones. Economía precisó que esta norma no afecta ni a la revalorización de las pensiones ni a la negociación salarial, pública o privada.