La Audiencia vuelve a eximir a Aena de compensar por la huelga de controladores

La huelga de controladores aéreos en el puente de diciembre de 2010, que provocó el cierre del espacio aéreo español y la declaración del estado de alarma, fue una "situación extraordinaria" de la que no se puede responsabilizar al operador aeroportuario estatal, Aena. Esa es la tesis que la Audiencia Nacional reitera en una sentencia firme, fechada el pasado 10 de julio. La resolución da la razón a los abogados del Estado y anula una sentencia anterior que obligaba a la Administación a pagar a la agencia Viajes Iberia 304.385 euros por los daños derivados de la huelga.

El fallo calca los argumentos de otro anterior, emitido el pasado 15 de abril, en el que se exoneraba a Aena de toda responsabilidad por los daños que el paro de los controladores —que abandonaron masivamente sus puestos de trabajo— provocó a viajeros y agentes de viajes. Según los magistrados, este modo de protesta no buscaba prestar un mal servicio ni generar molestias, sino que pretendía directamente "el cese del tránsito aéreo". Si los controladores hubieran hecho mal su trabajo, el Estado debería responder, pero en este caso, defiende la sentencia, los empleados públicos se salieron del ámbito de la relación laboral por lo que no cabe responsabilizar a Aena.

Por eso, porque era una protesta dirigida expresamente contra Aena y no contra los usuarios del servicio, los jueces señalan que sería "paradójico" que aquel contra el que se dirige la acción —el operador aeroportuario— sea quien deba indemnizar a terceros. Además, señalan, la posterior decisión administrativa de cerrar el espacio aéreo se tomó "precisamente en garantía de la vida y la integridad" de aquellos que ahora piden que la Administración les indemnice.

La sentencia niega por tanto que en este caso sean de aplicación las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que obligan a varias aerolíneas a compensar a los pasajeros afectados por el cierre del espacio aéreo de parte de Europa provocado por las emisiones del volcán islandés Eyjafjalla.

La diferencia entre ambos casos reside, según el fallo, en que pasajeros y aerolíneas tienen un contrato que les vincula mientras que en este caso, la reclamación contra la Administración es de naturaleza extracontractual. Por eso sostienen que no son de aplicación los reglamentos europeos de compensación a pasajeros por retrasos y cancelaciones, sino que deben regir las normas, principios y procedimientos de la legislación española.

Desde el principio la justicia ha rechazado responsabilizar a Aena por la huelga de controladores. Ya en noviembre de 2011, la primera sentencia sobre el caos aéreo del puente de la Constitución de 2010 concluyó que los únicos responsables de los daños —las reclamaciones ascienden a centenares de millones de euros— fueron quienes llevaron a cabo el abandono del puesto de trabajo.

El viernes 3 de diciembre de 2010, después de que decenas de controladores abandonaran sus puestos en protesta por un decreto del Gobierno Zapatero que incluía una nueva regulación de la jornada laboral de estos profesionales, se desató el caos en los aeropuertos españoles. Hubo que desalojar aviones y cancelar cientos de vuelos. Los controladores no cedieron y el Ejecutivo decidió militarizar la supervisión de la navegación aérea. Miembros del Ejército ocuparon las vacantes en las torres de control.

El espacio aéreo español se cerró y el sábado 4 el Gobierno decretó el estado de alarma por primera vez en la historia de la democracia. Esa misma tarde se reanudaron los vuelos, pero tuvieron que pasar más de dos días para que se recuperara la normalidad. En pleno puente, cientos de vuelos y miles de pasajeros se vieron afectados por un caos del que, según la justicia, solo deben responder los controladores.