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La eficacia de la reforma fiscal en México, puesta en entredicho

Un estudio señala que el Gobierno mexicano tendría que ajustar su gasto público para implementar con éxito la reforma

El estudio propone invertir en infraestructura para México.
El estudio propone invertir en infraestructura para México. BLOOMBERG

México gasta más de lo que recauda a través del cobro de impuestos, y en algunos casos el gasto público está mal administrado y bajo la opacidad. De 2000 a 2012, el gasto del Gobierno mexicano aumentó un 56% -casi un 5% cada año- un ritmo mayor al del crecimiento de la economía y que representa el 24% del Producto Interno Bruto del país. El informe ¿Cómo gastar mejor para crecer? Estudio sobre gasto público frente a una inminente reforma fiscal, elaborado por el Laboratorio de Políticas Públicas Ethos en colaboración con los investigadores mexicanos Carlos Elizondo Mayer-Serra y Luis de la Calle, señala que la administración pública debe mejorar la distribución de los recursos públicos para que la iniciativa de reforma fiscal, propuesta por el presidente, Enrique Peña Nieto, funcione. La publicación de este reporte coincide con la discusión, en el Congreso mexicano, que actualmente se hace de la reforma hacendaria, así como de las reformas sobre la ley de transparencia y la energética.

“Antes de cobrar más impuestos, el gobierno debe demostrar que se puede disminuir de forma importante el desperdicio de recursos públicos y sancionar con celeridad cualquier acto de corrupción, así como incrementar de forma contundente y generalizada la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos”, indica el informe, que se publica este jueves, y que reconoce que si México puede tener un gasto público mayor a su recaudación es porque los ingresos de la renta petrolera han aumentado considerablemente en los últimos años por la consolidación del mercado energético mundial, a pesar de que la producción petrolera local ha caído un 30% desde 2004.

En los últimos 12 años, continúa el estudio, las áreas que mayor gasto han generado en México son seguridad pública, salud, economía, desarrollo social, educación, así como en la asignación de recursos a pensiones y a las entidades federativas. Los Gobiernos estatales han sido señalados por la administración discrecional de los recursos que el Gobierno federal les entrega. “El gasto público en el nivel local es poco transparente y hay mucha evidencia anecdótica de que la corrupción y el dispendio son altos. Asimismo, otra gran parte del problema proviene de políticas públicas equivocadas, muchas veces por tener una visión de corto plazo o inconexa entre los diferentes programas”, añade el informe.

Las prioridades del país han cambiado en los últimos años. Desde 2006, el Gobierno mexicano duplicó su gasto en seguridad pública al intensificar la lucha contra el narcotráfico, aumentó las compensaciones para los policías y creó nuevas plazas de trabajo, aunque los homicidios –por ejemplo- no han descendido. También, el gasto se ha concentrado en elevar cuatro veces el presupuesto en sanidad pública por la implementación del Seguro Popular – una cobertura de salud básica- durante la administración del expresidente Felipe Calderón. Sin embargo, indica el reporte, México sigue dedicando pocos recursos a la salud de sus habitantes con un 3,1% del PIB, mientras que países como Estados Unidos o Reino Unido –con sistemas estrictos de sanidad pública- emplean arriba del 9% en este rubro.

Como lo mostraban en julio los resultados de la medición de pobreza 2012 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), los índices de pobreza no han cambiado sustancialmente a causa de que las políticas públicas para combatirla están concentradas en entregar subsidios a varios sectores de la población en México. “Los subsidios no cambian la situación estructural de pobreza”, reconoció entonces la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles. El estudio de Ethos confirma esta tendencia que se ha concentrado en la última década en el programa Oportunidades y ha entregado un 0,55% del PIB en ayudas sociales.

El estudio señala que México tiene como ventajas sobre otros países un bono poblacional que le permitirá contar en las próximas seis décadas con un gran número de habitantes trabajando y generando ingresos. Al mismo tiempo, apunta al gasto que se hace en pensiones a los trabajadores de instituciones públicas. Según el reporte, en los últimos años el dinero destinado a pensiones ha aumentado un 11% anual que no es sostenido debido a que los recursos pensados para cubrir este gasto son empleados para solventar gastos de operación de las empresas estatales.

El auge del sector energético en Estados Unidos, el ahorro sostenido de México en la última década y la creación del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) son condiciones que pueden fortalecer no sólo al crecimiento económico sino también la transparencia en la administración del dinero público, refiere la publicación. La corrupción se ha concentrado en los partidos políticos y los tres poderes federales (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) que han fortalecido algunos gastos excesivos, generalmente justificados bajo el rubro de “otros gastos” en los reportes oficiales, o han fomentado el ejercicio de recursos públicos sin estar debidamente justificados.

El laboratorio de políticas públicas asegura que para que la reforme fiscal sea eficiente es necesario que el Gobierno mexicano destine los excedentes de la recaudación de impuestos –estimados en un 2% del PIB- a sectores altamente productivos y competitivos en México. La organización indica que si un 45% de estos excedentes son enviados a sectores de infraestructura física (ferroviaria, carreteras, telecomunicaciones, energía, seguridad) y un 55% a las infraestructuras humanas (educación, ciencia y tecnología, salud, desarrollo social, pensiones) México tendría una oportunidad para crecer como no se ha visto en las últimas décadas.