Berlín gana la batalla por el diseño del nuevo mecanismo de resolución bancaria

Una vez más, y a solo una semana de sus elecciones legislativas, Alemania se sale con la suya. Berlín llegó este fin de semana al Eurogrupo y el Ecofin de Vilna con un objetivo: descarrilar la propuesta de Bruselas de mecanismo de resolución bancaria europeo, el organismo que tiene que decidir cómo y cuándo cerrar, liquidar o reestructurar entidades financieras. Alemania consiguió tumbar el proyecto del comisario Michel Barnier, y finalmente habrá una aproximación más gradual, menos ambiciosa en ese pilar fundamental de la unión bancaria europea. Con el apoyo de Finlandia, Suecia, Reino Unido y, sorprendentemente, España, Alemania consiguió que la Comisión Europea desistiera de convertirse en el organismo que decidirá como resolver las entidades bancarias cuando sea necesario.

El ministro alemán, Wolfgang Schäuble, cuestiona desde hace meses la base jurídica que daría de la propuesta de la Comisión. Berlín estaba también en contra de la creación de un fondo europeo para cubrir las pérdidas, y defendía como alternativa una red de autoridades de resolución y de fondos nacionales. Al final, habrá una solución de compromiso: se arranca con un proyecto más tímido del que pretendía Bruselas —una red de autoridades reforzada con un órgano de decisión centralizado— y se deja para más adelante la creación de un verdadero organismo europeo de resolución. A cambio, cabe esperar que Alemania renuncie a un cambio de tratado. Y se elude el peor de los escenarios: que se encalle el proyecto y, con las elecciones europeas, se retrase al menos 18 meses más.

Cinco años después de la caída de Lehman Brothers han cambiado muchas cosas con relación al sistema financiero. Pero hay algo que sigue intacto: la capacidad de la banca para retrasar o anular cualquier tipo de regulación que perjudique sus intereses. Tras un dictamen —no vinculante— del Consejo Europeo contra la tasa de transacciones financieras (conocida también como tasa Tobin), el comisario de fiscalidad, Algirdas Semeta, se mostró ayer “absolutamente confiado” sobre la legalidad de la propuesta. “Ni va contra los tratados ni contra el mercado único”, sentenció.