El que adelante no mira,…

La indexación es un acuerdo explícito entre las partes de un contrato para ajustar periódicamente sus precios con la evolución efectiva de la inflación, sin necesidad de renegociación. Por tanto, es un mecanismo para intentar mantener el poder adquisitivo de alguna de las partes, protegiéndose frente a las sorpresas de inflación. Sin embargo, las implicaciones de este tipo de reglas van más allá de defender los intereses legítimos de alguien concreto, ya que su existencia o ausencia pueden afectar al comportamiento de otras variables macroeconómicas y conllevar costes o beneficios para la sociedad.

Existen ejemplos de reglas de indexación en diversas parcelas de la actividad. Así, el IRPF presenta tipos impositivos crecientes para cada escalón de renta, cuyos umbrales están fijados nominalmente. Si los umbrales no se indexan, individuos cuyas rentas aumenten menos que la inflación podrían experimentar un incremento de su carga fiscal, con los desincentivos que esto puede generar. También en los mercados financieros existen productos, incluso la deuda soberana de algunos países, que protegen al ahorrador del riesgo de inflación. Pero es en el mercado de trabajo donde estas reglas han sido más utilizadas y despiertan mayor debate.

España, dada nuestra tradición de país inflacionista, se venía caracterizando por la existencia de “cláusulas de salvaguarda” en una amplia mayoría de convenios colectivos. Estas cláusulas, de facto, implican una indexación parcial de los incrementos salariales con la inflación del año precedente. Históricamente, la inflación ha sido mayor en nuestro país que en el resto de países europeos, que, en general, no utilizan estas cláusulas. Pero hay que recordar que ahora nos une el euro y el BCE debe velar por la estabilidad de precios en el conjunto del área.

Dado que el coste laboral es un determinante básico del precio de los productos que forman la cesta de consumo, esta dependencia del pasado se acaba trasladando a la propia inflación. Como resultado, la reducción de la inflación en España se convierte en un proceso más lento que en nuestros socios europeos, generando diferenciales de inflación durante periodos dilatados que suponen pérdidas de competitividad y, por tanto, de actividad y empleo. En muchos casos estas cláusulas son asimétricas, activándose solo cuando la inflación supera una referencia, pero no cuando es inferior. Así, únicamente con ajustes más acusados de los costes laborales o de la actividad se consiguen diferenciales de inflación negativos. Además, la referencia utilizada incluye productos que, como el petróleo, no se producen en España. Un aumento de estos precios supone una pérdida de renta para el conjunto de nuestra economía, que debe ser asumida por todos los agentes.

En perspectiva histórica, la indexación que se ha practicado en España no ha sido eficaz para mantener el salario real de los trabajadores, ya que, en definitiva, este depende de la parte del incremento de la productividad que no se traslada a aumentos adicionales de los márgenes empresariales. Por eso, más allá de las expectativas de inflación incorporadas en la negociación colectiva, para elevar el salario real de los trabajadores de forma duradera resulta más efectivo implementar políticas que incrementen la productividad y la competencia en los mercados de producto.

Ángel Estrada es economista y ex director general de Análisis Macroeconómico y Economía Internacional.