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Marruecos, los peces de oro

Un centenar de barcos españoles amarrados desde hace años faenarán con el nuevo acuerdo pesquero

Barcos varados en el puerto de Barbate (Cádiz)
Barcos varados en el puerto de Barbate (Cádiz)

Casi dos años de encuentros y desencuentros han sido necesarios para lograr un nuevo acuerdo de pesca entre Marruecos y la Unión Europea. Unos 125 barcos comunitarios, de los que más de un centenar serán españoles, podrán faenar por un periodo de cuatro años en aguas de ese país y del Sáhara, cuyo territorio se halla hoy bajo la administración de Rabat. Suscrito ese acuerdo entre la Comisión Europea y el Gobierno marroquí, los barcos siguen amarrados en los puertos andaluces y canarios a la espera de que el pacto sea ratificado por el Parlamento Europeo ante la decisión de la contraparte de no aceptar su aplicación provisional.

La flota española, primera de la Unión Europea por potencial, a pesar del duro ajuste experimentado en las últimas décadas, se ha visto históricamente obligada a faenar fuera de sus aguas debido, fundamentalmente, a una veintena de acuerdos suscritos hasta 1986 por España y, posteriormente, por Bruselas. De ese conjunto de acuerdos en vigor, el de Marruecos puede considerarse único, no solo por el volumen de capturas, sino por la cercanía de los caladeros para una parte muy importante de la flota andaluza y canaria y por su capacidad para generar empleo directo e indirecto en la mar y en la costa.

Las negociaciones con las autoridades de Rabat nunca han sido fáciles debido a la voluntad marroquí de obtener unos elevados ingresos y a la necesidad de caladeros de una serie de puertos españoles. Además, se trata de un acuerdo que siempre ha tenido un plus añadido. Marruecos ha puesto sistemáticamente en la balanza de las compensaciones la mejora de sus condiciones en los acuerdos agrícolas con la Unión Europea, un mercado esencial para dar salida a sus crecientes producciones.

Los acuerdos con Marruecos datan de los años noventa, y las cosas comenzaron a torcerse en 1999. En esa fecha se produjo el bloqueo en las negociaciones de renovación, lo que supuso la ausencia de un nuevo compromiso hasta el año 2005. El resultado fue la desaparición de una parte muy importante de una flota que llegó a contar con 800 barcos. Parte de esa flota fue al desguace, otra buscó nuevos caladeros y 300 embarcaciones resistieron temporalmente el embate. Finalmente, en 2005 se produjo la firma de un nuevo acuerdo, pero no entró en vigor hasta dos años después, lo que supuso un goteo de nuevos abandonos.

La falta de acuerdo dio lugar a la formación de 200 empresas mixtas

La aplicación del acuerdo entre 2007 y 2011 significó la posibilidad de volver a faenar en aguas de Marruecos y del Sáhara para un centenar de barcos, con una compensación total por parte de la Unión Europea de 144 millones de euros, a los que se sumaron las cuotas de los armadores en función del tipo de pesca, barco o caladero. La Comisión y Rabat acordaron el 27 de febrero de 2011 una prórroga del mismo por un periodo de un año, que no pudo cumplirse ante la decisión del Parlamento Europeo de no ratificarla el 14 de diciembre de ese mismo año, obligando a regresar a puerto a toda la flota.

Esta casi permanente tensión en las relaciones pesqueras entre Marruecos y la Unión Europea, con España como rehén, ha sido una de las razones por las que una parte muy importante de ese sector de la pesca español ha optado en los últimos años por la constitución de un elevado número de empresas mixtas en Marruecos para mantener la actividad. Por esta línea apostaron casi 300 barcos, número que en la actualidad se ha reducido a unos 200.

El nuevo acuerdo, pendiente del cierre de algunos flecos, tendrá una duración de cuatro años. Gracias a él podrán operar en aguas de ese país y en las del Sáhara un total de 125 barcos, de los que un centenar serán españoles —como en los acuerdos anteriores—, fundamentalmente con base en Andalucía y Canarias. El nuevo acuerdo tendrá un coste anual de 40 millones de euros, de los que 30 corresponderán a las arcas comunitarias, y otros 10, a las cuotas a pagar por los armadores. Para España, el acuerdo supondrá la posibilidad de realizar unas capturas estimadas en unas 60.000 toneladas y significa empleo fijo directo para 800 marineros, a los que se suma el empleo indirecto en tierra para una parte de la costa andaluza y canaria.

Para Javier Garat, secretario general de la Confederación Española de Organizaciones Pesqueras (Cepesca), en líneas generales se trata de un acuerdo satisfactorio por cuanto introduce algunas mejoras técnicas importantes, salvo en la modalidad de arrastre de profundidad. Pero el acuerdo tiene también su parte negativa, donde Marruecos mantiene su presión. El nuevo compromiso aumenta las exigencias a los barcos comunitarios para el embarque de personal marroquí según el tipo de flota, que en conjunto supone la contratación de más de 300 personas. Igualmente, Marruecos ha logrado aumentar el porcentaje de desembarques de pescado en puertos de ese país, hasta un 30% en alguna modalidad, donde el sector denuncia la falta de las infraestructuras necesarias.

Rabat logra más ingresos y aumenta los marineros embarcados

A pesar de las mayores exigencias de Marruecos, el sector espera que el acuerdo no sea bloqueado por la Eurocámara y acabar ya con los amarres subvencionados en los puertos.

La doble moral de los europarlamentarios

El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, hacía recientemente un llamamiento a los parlamentarios europeos para que valoraran la importancia del acuerdo con Marruecos para el sector pesquero y la necesidad de que se produzca cuanto antes la aprobación de un texto que será defendido por la representante española Carmen Fraga (PP).

No le falta razón al ministro español para esperar lo peor de los europarlamentarios, especialmente en vista de lo sucedido en diciembre de 2011, cuando acordaron no ratificar la prórroga del acuerdo suscrito por la Comisión y obligaron a volver a puerto a un centenar de barcos españoles.

Aparte de las condiciones técnicas o económicas, en el acuerdo con Marruecos ha tenido en la última década un peso muy importante la situación de los territorios del Sáhara, actualmente bajo la Administración de Rabat, en cuyas aguas opera una parte muy importante de la flota. Muchos europarlamentarios, fundamentalmente los procedentes de los países del norte de la Unión Europea y los integrantes de los grupos ecologistas y verdes, han considerado tradicionalmente que los acuerdos con Marruecos no se deberían firmar mientras no se tuvieran garantías sobre el trato dado a la población saharaui, que parte de los fondos que aporta la Unión Europea no vayan a parar a ese territorio y que Marruecos cumpla las normas sobre derechos humanos con toda su población, exigencias sobre las que las autoridades de Rabat no quieren ni hablar.

Al margen de cuáles sean las condiciones de la población saharaui y de los fondos que llegan a sus territorios, la realidad es que los europarlamentarios de esos países del norte manejan un doble lenguaje, una doble moralidad. A los mismos legisladores no les tiembla el pulso a la hora de aprobar el acuerdo agrícola con el mismo país, por el que aumentan unas importaciones que por volumen y precios benefician especialmente a los países del norte y centro de la Unión Europea y perjudican los intereses de los países del sur, especialmente de España. Son los mismos europarlamentarios que amenazan con bloquear un acuerdo de pesca que coloca a España como principal país afectado por el número de barcos, aunque no sea el país que más pesque.