Todos cobraron, nadie responde

Nadie tiene la culpa. Y si la hay, se la echan a su antecesor en el cargo. Someramente, es lo que han dado de sí las cuatro primeras sesiones de la comisión del parlamento de Cataluña que investiga el derrumbe de las cajas catalanas y el perjuicio causado a los ciudadanos que compraron preferentes o han sido desahuciados. Hasta ahora se ha centrado en Catalunya Banc, la antigua Caixa Catalunya. Hoy nacionalizada, suma 12.000 millones euros de inyecciones públicas y afronta el despido de 3.000 empleados y el tercer intento de venta. Han comparecido cuatro expresidentes, un director general, los sindicatos. Nadie asume nada. Ni siquiera su accionista mayoritario, el Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria (FROB), sobre las dos subastas fallidas.

Los comparecientes han dirigido la entidad —fruto de la fusión en 2009 de las cajas de Catalunya, Manresa y Tarragona— desde 1984 hasta el pasado mes de mayo. Los momentos de autocrítica se pueden contar con los dedos de una mano. Como cuando el lunes pasado el expresidente Antoni Serra Ramoneda soltó: “La culpa de lo que ha pasado la tenemos todos, aquí todo el mundo ganaba dinero”.

Todo el mundo lo hacía y se ganaba mucho dinero, acaba saliendo de la boca de los comparecientes. Ya se hable de comprar la aseguradora MNA en 1995, —una pesadilla que ha acabado costando entre 210 y 300 millones—; de invertir en ladrillo hasta con promociones en Polonia sin valorar el riesgo —la justificación es que durante años dio grandes beneficios—; de abrir oficinas por toda España sin estudiar su viabilidad; de emitir preferentes desde las islas Caimán —porque así lo establecía el Banco de España—; de dar hipotecas a 40 años a mileuristas —¿quién iba imaginar  tasas de paro de más del 25%?— de fiar decisiones estratégicas a consultoras carísimas, —para eso les pagaban seis millones al año—; de votar el salario de directivos que cobraban un dineral —si eran sueldos de mercado—…

Pese a que todos se sacuden las culpas, los grupos parlamentarios convienen en que la comisión es útil. Está destripando cómo actuaba la cúpula de la mayor caja de un modelo, el catalán, que se basaba en la proximidad al cliente —rentas medias y bajas y pymes— y en una potente obra social. “Sí está sirviendo para ver el delirio en el que se convirtieron las cajas cuando se pusieron a hacer de bancos sin que los directivos estuvieran capacitados y sin que nadie rindiera cuentas”, opina el diputado de Ciutadans Jordi Cañas, que protagoniza duros interrogatorios.

“Por ahora la conclusión es que había manga ancha con los equipos directivos, que tenían mucho poder”, acuerda la diputada del PSC Alicia Romero, y “se dejaron llevar por la vorágine”. Desde ICV, Josep Vendrell apunta al “abismo entre lo que costará el rescate de las nacionalizadas a los ciudadanos y la asunción de responsabilidades, que no puede quedar impune”. También de impunidad hablan los diputados de la CUP. David Fernández ha llamado “ladrones” a los expresidentes Narcís Serra y Adolf Todó: les ha leído la definición del término y les ha exigido que “devuelvan” sus pensiones “estratosféricas”.

Por orden de comparecencia, el primero fue el expresidente y exdirector general Adolf Todó (desde 2008), destituido en mayo pasado por el FROB. Asumió un 5% de culpa, echó el 95% restante a su antecesor (Josep Maria Loza) y lamentó que llegó de la saneada Caixa Manresa y encontró una situación tan grave que pidió al Banco de España recapitalizar la entidad y crear un banco malo y le respondieron que ni hablar. Todó, que llegó pidiendo un sueldo de 800.000 euros, atribuyó su destitución a haber defendido la venta de la entidad.

En la segunda sesión, Narcís Serra (presidente de la entidad entre 2005 y 2009, el máximo periodo de exposición inmobiliaria) defendió que su cargo era institucional y no ejecutivo y culpó a la crisis y el paro de la quiebra, exonerando a los gestores. Serra discrepó de la gestión de Loza, pero dijo que no actuó “negligentemente” y acabó admitiendo que la cúpula “se complació ante un crecimiento excesivo que no podía acabar bien”. Sobre las inversiones en ladrillo, recordó que la actividad promotora dio en 2007 un beneficio récord de 593 millones. Y dijo que los súper sueldos, aunque “desproporcionados”, estaban en línea con el mercado.

La tercera sesión bajó a las oficinas, con el impactante relato de los sindicatos —que votaron los sueldos de la cúpula— sobre las presiones de la dirección y el "clima de terror" en el que trabajan, empujados a vender más tarjetas y seguros, colocar más hipotecas y dando la cara ante los 80.000 clientes afectados por preferentes que se vendieron con información falsa. Los empleados tienen un teléfono de atención psicológica las 24 horas del día. En la misma jornada compareció el representante del FROB en el consejo de administración Catalunya Banc, José Antonio García, que defendió la actuación de la propiedad en una entidad “perfectamente capitalizada, con ratio superior a la que exige el regulador, que tiene liquidez” y que, dijo, “a finales de año valdrá más”.

Esta semana, la última antes de vacaciones, era el esperado turno de Josep Maria Loza, director general durante una década (1998-2008) y objeto de las miradas de anteriores sesiones. Loza se explayó al relatar sus vínculos personales con la entidad de la que su padre fue chofer, y durante tres horas repitió que siempre actuó “de acuerdo a la normativa” de organismos como el Banco de España y que todas las decisiones pasaban por el consejo de administración. Loza sorprendió al insinuar “la posibilidad” de devolver la indemnización, que recibió, de cerca de 10 millones.

El lunes también compareció quien presidió Caixa Catalunya durante dos décadas (entre 1984 y 2005), Antoni Serra Ramoneda, quien señaló distintos errores de gestión. Como “la pifia” que supuso la compra de MNA, asesorados por Boston Consulting, o la emisión de preferentes: “Claro que me repugnaba emitirlas desde las islas Caiman, pero o pasabas por ahí o no te comías un rosco”, llegó a decir. El diputado de ERC Pere Aragonès cree que hay que distinguir entre las responsabilidades “concretas de equipos de personas”, —a su juicio “Serra y Loza, y en menor medida Todó”— y las de “las prácticas fomentadas por el mismo regulador, que hacían difícil que los gestores se apartaran de la ola general”. Se refiere a cuestiones como la emisión desde paraísos fiscales.

La comisión va para largo. Faltan por declarar los gestores de otras cajas como Laietana o Penedès, los organismos reguladores, los expertos, los consumidores o la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). En la lista figuran también las cúpulas actuales y anteriores de Bankia y el ministro de Economía, Luis de Guindos y sus antecesores, Pedro Solbes y Elena Salgado.