La pelota pasa ahora a España

El Ministerio de Agricultura, las comunidades autónomas y las diferentes organizaciones agrarias iniciarán esta semana las negociaciones para la aplicación en España de la reforma de la Política Agrícola Común (PAC).

Bruselas ha fijado el marco de la reforma, pero sus efectos pueden ser muy diferentes en función de los criterios que se apliquen en cada Estado miembro, siempre que ello no rompa las reglas del mercado único. Como paso previo a esas negociaciones, Agricultura remitió a cada comunidad autónoma y organizaciones agrarias un amplio cuestionario para que cada cual dé su opinión sobre todos los aspectos que se dejan abiertos en la reforma. El Tribunal Constitucional ya ha evitado una polémica al señalar en una sentencia que la PAC es una política de ámbito estatal.

Para Javier Alejandre, responsable de los servicios técnicos de la Unión de Pequeños Agricultures (UPA), debería ser la ocasión para abordar uno de los problemas más graves que afectan al sector y que condicionan su futuro: el relevo generacional, lograr la incorporación de jóvenes, que no es solo un problema de ayudas. La aplicación de la reforma podría ser un punto de partida para diseñar una nueva política agraria.

Hay que definir quién es agricultor activo como destinatario de las ayudas. ¿Solo lo es quien se monta a diario en el tractor, o también quien solo asume sus riesgos como empresario agrario?; ¿quien llega a unos determinados niveles de ingresos, o si está dado de alta en la Seguridad Social?; ¿es activo quien cobra y ya no tiene explotación? Y, yendo a más, ¿dar más apoyos a quien vive en el medio rural?

España debe decidir si se priman o no las primeras 30 hectáreas de una explotación; si se eliminan las ayudas menores de 300 euros; si se aplica o no una modulación de los pagos a partir de los 300.000 euros —parece que no la habrá—, decidir qué se hará con los 640 millones que habrá en el bote para el pago de ayudas acopladas, y definir los sectores que se beneficiarán. Hoy es destinatario prioritario la ganadería extensiva, pero también se podría aplicar a cultivos en dificultades, según cada campaña.

Hay que buscar acuerdos sobre la división del territorio en 30 o 40 regiones donde sea obligada la convergencia de ayudas hasta ese 60% del pago más bajo sobre la media, y definir los cultivos o las producciones a converger. Hay que decidir sobre el nivel ayudas para calificar a los pequeños agricultores, o los porcentajes de trasvases de fondos entre desarrollo rural y pagos directos.

España debe decidir sobre el volumen de las superficies elegibles, años 2011 o 2013, dónde asignar derechos de pago, qué criterios se aplicarán para las superficies de pastos, si se da entrada en el nuevo sistema a casi 800.000 hectáreas de frutales y viñedo en la asignación de derechos y, sobre todo, las superficies que hoy cobran ayudas sin tener actividad. Debe decidir si se integran frutas y hortalizas en los pagos directos, o la orientación de más fondos para desarrollo rural y zonas desfavorecidas.

Finalmente, entre otros aspectos, en materia de cadena alimentaria, España tiene la posibilidad de reconocer organizaciones de productores y que las mismas puedan trabajar para regular la oferta, así como sobre la obligatoriedad de suscribir contratos en sectores diferentes de la leche como cereales, vacuno o aceite.