Bruselas pincha la burbuja aeroportuaria

Bruselas pretende pinchar la burbuja de los aeropuertos europeos —hay 460 en toda la UE; casi 50 en España— en la próxima década. La Comisión Europea presentará hoy las líneas maestras de un proyecto para regular las ayudas de Estado relacionadas con las infraestructuras aeroportuarias con objeto de impedir algunos de los excesos de los últimos años. Bruselas será más exigente a partir de 2014; seguirá permitiendo el uso de dinero público, pero solo bajo ciertas condiciones. La Comisión propone dar un periodo transitorio máximo de 10 años a los aeropuertos para que consigan funcionar sin ayudas, explicaron a este diario fuentes comunitarias. Más allá de ese plazo, aplicará a rajatabla las nuevas reglas para limitar al máximo los problemas de competencia.

Las apoyos directos a las aerolíneas para nuevas rutas serán temporales

El papel de la financiación pública en el sector de la aviación va hoy mucho más allá de la reestructuración de empresas en crisis: aeropuertos y aerolíneas reciben múltiples apoyos, poco transparentes, de Administraciones nacionales, regionales y locales. La accesibilidad en muchas zonas ha mejorado, pero a costa de algunos abusos. Solo una decena de los casi 50 aeropuertos españoles son rentables; a menos de 150 kilómetros del de Burgos, por ejemplo, hay otros cinco, todos ellos conectados por autopista; el aeropuerto de Castellón costó 150 millones, está a 72 kilómetros del de Valencia y no tiene vuelos. Ante casos como esos, Bruselas reclama una reconversión del sector aeroportuario, pese a que las fuentes consultadas destacan que España no es el país con más problemas.

La Comisión permitirá ayudas a los aeropuertos si existe verdadera necesidad de garantizar la accesibilidad de una región. Salvo en esos casos, los aeropuertos deberán cubrir sus costes de explotación por sí mismos. Bruselas reclama a los aeropuertos regionales que están lejos de ser rentables un plan de negocio que demuestre que pueden ser viables, con el aumento gradual de las tasas que cobran a las compañías, por ejemplo, o la captación de nuevas aerolíneas para usar al máximo su capacidad. Se mirarán con lupa los casos en que haya otros aeropuertos operativos en la región para desalentar las ayudas que distorsionen la competencia. Los aeropuertos pequeños tendrán más fácil el acceso a ayudas que los grandes, hasta el punto de que su uso se impedirá, en principio, para las infraestructuras que tengan más de cinco millones de pasajeros al año. Las ayudas directas a las aerolíneas para abrir nuevas rutas, además, deberán ser temporales.

La propuesta, que se somete a consulta pública, pretende remozar la normativa actual, que data de 1994 y 2005. Como hasta ahora, Bruselas permitirá el uso de ayudas en caso de que los aeropuertos juegen un papel clave como servicio público, para no aislar a las regiones peor conectadas, o cuando la inversión se haga en condiciones de mercado.