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La Administración triplica el número de entes que le prestan servicio desde 2007

La CNC pide que la Ley de Transparencia obligue a dar publicidad a los contratos administrativos con estas firmas públicas

La Administración Pública ha triplicado en seis años, desde el inicio de la crisis hasta 2012, el número de entidades públicas que se consideran como medio propio, esto es, que prestan servicios o suministran bienes por encargo a organismos públicos.

Al cierre de 2012 tenían esta consideración 155 entidades, 37 de ellas estatales y 118 autonómicas, según revela la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) en referencia a firmas como Tragsa, Ineco, Inteco o Red.es.

"Sin perjuicio de que a tal número habría que sumar los medios propios de las entidades locales y de posibles omisiones, la cifra es considerable", subraya este organismo en un informe en el que analiza la implicación para la competencia efectiva que derivan de la utilización de estos entes por las administraciones.

Según el estudio, sólo las 37 entidades que prestan estos servicios en el ámbito de la Administración central facturaron unos 2.500 millones de euros en el último ejercicio disponible (2011).

Para el organismo que preside Joaquín García Bernaldo de Quirós, esta cifra "corrobora la importancia económica de los medios propios", sobre todo en ámbitos de actividad como la obra pública (con una facturación anual de 1.047 millones de euros), la medioambiental, de residuos y eficiencia energética (438 millones) o la ingeniería y arquitectura (382 millones).

También sobresale el negocio que genera los medios propios que aportan empresas públicas en los sectores de la certificación electrónica (257 millones), los servicios penitenciarios (197 millones) o el I+D+i (61 millones).

De esta forma, CNC concluye que las encomiendas de gestión a medios propios son un instrumento de aprovisionamiento "muy extendido" en las administraciones públicas y que su uso "puede impactar sobre la competencia".

"La ausencia de tensión competitiva inherente a la utilización de este mecanismo constituye una restricción a la competencia, pues se encarga la prestación de bienes o servicios a una entidad pública sin que exista concurrencia", apunta Competencia, que advierte de los consecuentes riesgos de ineficiencia en las condiciones comerciales de la transacción, "en particular en el precio".

INCLUSIÓN EN LA LEY DE TRANSPARENCIA.

Por ello, la CNC considera que las admnistraciones deben justificar "rigurosamente" el encargo a medios propios, a partir de un "análisis de su necesidad y proporcionalidad" y "confrontándose" con un eventual daño a la competencia.

Para minimizar el "impacto negativo" que pueden tener estas encomiendas sobre la competencia, el organismo insta a la Administración a revisar y evaluar la situación de los organismos que les prestan bienes y servicios.

También sugiere modificar la normativa para regular mejor estas encomiendas desde la perspectiva de "favorecer la competencia" y estima "necesario" que la futura Ley de Transparencia "obligue" a las administraciones a dar publicidad a los encargos que realizan a sus entes públicos.

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