Las autonomías morosas perderán competencias en impuestos

El Gobierno retendrá de la financiación autonómica el dinero de facturas que deban las comunidades que no paguen a sus proveedores

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro
El ministro de Hacienda, Cristóbal MontoroEFE

Las comunidades que se demoren más de 30 días en el pago a sus proveedores tendrán siete meses para enderezar la situación y, en caso contrario, serán sancionadas por Hacienda hasta casos extremos de perder competencias en los impuestos cedidos. Fuentes del Ministerio que controla Cristóbal Montoro explicaron este lunes que la medida se incluirá en la futura Ley Orgánica de control de la deuda comercial en el sector público, que el Ejecutivo quiere que entre en vigor en 2014.

Cuando la demora del tiempo de pago medio de las facturas supere los 60 días durante dos meses seguidos el Ministerio de Hacienda podrá aplicar una batería de medidas “correctoras”, como un proceso de “retención de los importes a satisfacer de los recursos de financiación” de la comunidad morosa. En ese caso las operaciones de endeudamiento a largo plazo “precisarán de autorización del Estado”, y la autonomía deberá presentar un plan para cumplir el plazo máximo previsto en la normativa de morosidad. “Queremos integrar el control de la deuda comercial de Comunidades Autónomas y Ayuntamientos en el principio de sostenibilidad financiera”, explicó Hacienda.

El ministerio podrá enviar a sus 'hombres de negro' para valorar la situación presupuestaria de la región morosa

Si lo anterior no funciona, la ley también incorporará graves sanciones. “En ciertos casos, las competencias normativas que se atribuyan a las Comunidades Autónomas en relación con los tributos cedidos pasarán a ser ejercidas por el Estado”, señala Hacienda. El ministerio podrá incluso acordar el envío de “una comisión de expertos”, a modo de hombres de negro, para valorar la situación presupuestaria de la región morosa. Como última vuelta de tuerca, Hacienda podrá exigir a la Comunidad que deposite en el Banco de España el equivalente al 0,2% de su PIB nominal y le irá cobrando intereses sobre el mismo.

Fuentes del departamento que dirige Montoro señalaron que será muy difícil llegar a aplicar las sanciones más duras: “No hemos quitado ninguna competencia ni intervenido a nadie hasta ahora y estas mismas medidas se contemplan para las comunidades que incumplan el déficit, hemos trabajado con los distintos niveles de la administración para reducir la deuda”.

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El Gobierno no cree que pueda haber picaresca en el modo de contabilizar el “periodo medio de pago a proveedores”, un nuevo concepto que introduce la ley y que cada administración deberá publicar en su respectiva página web. “Ese periodo se medirá desde que entra una factura, por eso será obligatoria la presentación de la factura electrónica”, matiza el Ejecutivo. Con la norma, la deuda comercial de las administraciones públicas estará al mismo nivel que la deuda financiera.

Otra de las medidas aprobadas en consejo de ministros, el nuevo plan de pago a proveedores para comunidades y Ayuntamientos, tendrá dos fases: la primera priorizará los pagos de conciertos suscritos en materia sanitaria, educativa y de servicios sociales, estimados por el Gobierno en 3.000 millones de euros. Se incluyen subvenciones para I+D y proveedores de universidades. La segunda fase, que facilita a las administraciones el pago de facturas derivadas de servicios públicos, obras, suministros, arrendamientos e indemnizaciones por expropiaciones no se activará “hasta que la situación de los mercados lo permita”, según Hacienda.

La primera fase del plan, que sí se pondrá en marcha, abarca el pago de deudas con el llamado “tercer sector”: sanitario, educativo y de servicios sociales. Los Ayuntamientos sí podrán incluir dentro de la ampliación del plan de pagos deudas “por sentencias firmes de procedimientos de expropiación” cuantificadas en 316 millones, y las correspondientes a “transferencias a entidades sin ánimo de lucro”, que suman 332 millones. Esas obligaciones deben tener como fecha límite el 31 de diciembre de 2012. Se estima que unos 5.500 municipios tienen hasta esa fecha alguna factura con entidades sin ánimo de lucro.

Sobre la firma

María Fernández

Redactora del diario EL PAÍS desde 2008. Ha trabajado en la delegación de Galicia, en Nacional y actualmente en la sección de Economía, dentro del suplemento NEGOCIOS. Ha sido durante cinco años profesora de narrativas digitales del Máster que imparte el periódico en colaboración con la UAM y tiene formación de posgrado en economía.

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