Industria pide reunirse con Almunia y Barroso por las ayudas al sector naval

Con una imagen de unidad y al más alto nivel. Así han respondido el ministerio de Industria y las autonomías afectadas a la intención de la Comisión Europea de obligar a devolver las bonificaciones fiscales —conocidas como tax lease— que el sector naval español recibió entre 2005 y 2011. El ministro José Manuel Soria, se ha reunido hoy en Madrid con los presidentes autonómicos de País Vasco, Galicia y Asturias, para formar un frente común y firmar una declaración conjunta en la que piden al Ejecutivo comunitario que "reconsidere" la propuesta avanzada la semana pasada por el con el comisario europeo de Competencia, el español Joaquín Almunia.

Los firmantes, entre los que también está el presidente de la patronal de astilleros privados Pymar, Álvaro Platero, han pedido además reunirse con Almunia antes del 4 de julio y con el presidente de la Comisión, el portugués José Manuel Durao Barroso, antes del día 15 para trasladarles su petición antes de que la cuestión llegue al Colegio de Comisarios europeo el próximo día 17.

Tanto los representantes políticos como el dirigente patronal consideran que el planteamiento del Ejecutivo comunitario —que contempla la devolución de cerca de 2.000 millones de euros— "abocaría directamente a la ruina a un sector industrial vital para España", lo que el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha cifrado en la puesta en peligro de 87.000 empleos.

El ministro Soria ha destacado que existen "sólidos fundamentos jurídicos" para rechazar la propuesta comunitaria, que está previsto que se apruebe el 17 de julio después de que en 2011 se suspendiera el tax lease español tras una denuncia de Holanda. El titular de Industria ha recordado que ha habido casos parecidos en la UE en los que no se ha exigido la devolución de las ayudas, en alusión a un expediente similar en el que Francia fue eximida de hacerlo por respeto al principio de seguridad jurídica.

La situación de inseguridad que crearía la decisión anunciada por Almunia es uno de los principales argumentos jurídicos, junto a la posible discriminación de España respecto a Francia y al hecho de que no la Comisión no actuará antes contra las ayudas. En este sentido, se ha señalado que la holandesa Neelie Kroes, la antecesora del español como comisaria de Competencia, declaró en 2009 que las bonificaciones fiscales españolas eran legales.

Feijóo, ha rechazado que se sancione a armadores, inversores o astilleros "por cumplir la ley tributaria española". El dirigente popular también ha vaticinado que, aunque el comisario haya dicho que los que tendrán que devolver dinero serán armadores e inversores, los que perderán serán los astilleros. "Les será prácticamente imposible contratar un barco por la inseguridad jurídica que se crea".

En la misma línea se ha expresado el lehendakari del Gobierno Vasco. El peneuvista Iñigo Urkullu ha contestado a la insistencia de Almunia en que los constructores de barcos no pagarán afirmando que "por más recovecos y circunloquios que se quieran utilizar sobre a quién afecta la sanción, esta afectará a la carga de trabajo del sector". 

El jefe del Ejecutivo autonómico vasco se ha explicado que todas las partes se han quedado "sorprendidas" por la propuesta de resolución de la Comisión, dados los informes jurídicos y las negociaciones que se han mantenido en los últimos años.

Urkullu, como Feijóo, ha criticado que el sector tenga que soportar esto después de la reestructuración que ha llevado a cabo en la última década para competir con los países emergentes y después, "del castigo que suponen los dos años de indefinición sobre el tax lease", en palabras del presidente de la Xunta. El socialista Javier Fernández, presidente del Gobierno del Principado de Asturias ha sentenciado que la decisión supondrá "el colapso" de la mayor parte de los astilleros privados españoles.