Mejorar la búsqueda de trabajo para los parados: próxima reforma

Vuelve la presión para que el Gobierno de una nueva de vuelta de tuerca a la reforma laboral. El Ministerio de Empleo todavía no ha finalizado el examen a la última, lo hará el mes que viene, y, por tanto, la OCDE no ha podido revisar esa evaluación, lo hará en septiembre. En cambio, el Fondo Monetario Internacional se ha agarrado a su manual, ese que le ha llevado a equivocarse con Grecia (y a admitirlo) y ha pedido otra vuelta de tuerca al mercado laboral: abaratar el despido, jueces con menos poder y más devaluación salarial. Se suma al Banco de España que pidió el último día de mayo contratos y sueldos por debajo del salario mínimo interprofesional. Pero Mariano Rajoy no está por la labor. “La reforma está hecha”, zanjan en Empleo. Rajoy ha diseñado su hoja de ruta para el mercado laboral y en ella, en el corto plazo, solo aparecen cambios ciertos en las políticas activas de empleo.

“Los cambios en los servicios de empleo van retrasados”, dice la UE

Las acciones para ayudar a los parados a buscar trabajo —formación, entrevistas, búsqueda, itinerarios de inserción, en este apartado no entran las prestaciones y subsidios— siempre han sido el hermano pobre de la protección contra el paro. Incluso lo es más conforme avanza la crisis. Basta dar un vistazo al menguante presupuesto dedicado a esta partida durante la crisis, en este año apenas el 13,5% del total invertido directamente en luchar contra el paro. “La reforma de los servicios públicos va retrasada”, advierte la Comisión Europea.

La exigencia de cambiar y potenciar las políticas y los servicios públicos de empleo es una de las pocas cosas que despierta el consenso en el mercado laboral. Lo hace el FMI en el mismo documento que aconseja atornillar más la reforma laboral, la que aceleró la destrucción de empleo en 2012. Pero también lo pide la Organización Internacional del Trabajo, siempre en las antípodas respecto al FMI. Igualmente lo reclaman los sindicatos y economistas de todo el espectro académico. Y es el único cambio al que Rajoy parece dispuesto a prestar oídos por el momento. El presidente cierra así —o, al menos, aplaza, un verbo más ajustado a la personalidad de Rajoy— el sempiterno tira y afloja entre la responsable de Empleo, Fátima Báñez, que rechaza atornillar más la reforma laboral y pide paciencia y Luis de Guindos, el ministro que negocia con los organismos internacionales y traslada el Gobierno las presiones que recibe.

Sindicatos y economistas critican la escasez presupuestaria

A la espera de lo que suceda en el examen de septiembre, en Empleo el plan es llevar adelante los cambios en las políticas activas de empleo apostando, sobre todo, por la colaboración con las agencias privadas de colocación. Es decir, compartir con estas empresas (y parece que solo con ellas, no con ONG ni ayuntamientos o universidades), la tarea de ayudar y buscar empleo a parados. Explican en el Ministerio que esa es su gran prioridad y que para hacerlo están observando ejemplos en Europa: uno de ellos, Reino Unido, donde llevan 20 años trabajando en esta línea.

Por el momento, Empleo está negociando los cambios con la Comunidades Autónomas, que son las que gestionan las políticas activas de empleo, y ya les ha anunciado que su intención es que comiencen a recibir fondos en función de objetivos cumplidos. Pero la impaciencia cunde. Desde Adecco, su secretario general, Santiago Soler, apunta en la misma línea: “Hasta ahora no ha habido grandes novedades. En políticas no ha habido nada sustancial. Por ejemplo, en la colaboración público-privada en año y medio no se ha firmado un solo convenio”. También lo hace el secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer: “No hay nada de nada”. Y recuerda que, además de los recortes presupuestarios en políticas activas, se prescindió también de 3.000 orientadores laborales para desempleados.

Empleo negocia con las comunidades una financiación por objetivos

La participación privada en la intermediación laboral es una de las propuestas que lanzó el jueves la fundación Fedea, junto a otras en línea con los organismos internacionales, como el contrato único con indemnización por despido creciente, su oferta más conocida. Pero Empleo solo se queda con el primer consejo. Ya ha elaborado un borrador de convenio marco, por tanto sujeto a cambios, que tiene que ser suscrito por las comunidades autónomas, con las que está negociando.

En ese convenio figura la retribución máxima que podrá recibir una empresa por parado que coloque al menos durante seis meses: entre 300 euros, si es joven menor de 30 años que ha estado poco tiempo en paro, y 3.000 euros, si es un parado de larga duración y tiene más de 45 años. También se abre la posibilidad a que las autonomías paguen algo más, 400 euros por persona atendida. Pero este dinero tiene límite: 66 millones en cuatro años.

La estrechez presupuestaria de esta iniciativa es una de las principales críticas. “El fallo más grande es la absoluta falta de ambición”, analizan los profesores de Economía Samuel Bentolila y Marcel Jansen en el blog Nada es gratis, de Fedea. A ellos les gusta el concepto de la propuesta pero les desagrada su concreción.

El principal problema con el que se va a encontrar la reforma de políticas activas es el dinero. Fueron las primeras paganas de las medidas de recorte del Gobierno de Rajoy. Y aunque el gran tajo dado a las subvenciones a la contratación, las bonificaciones, son las que más han pagado el pato, también la formación y la orientación laboral lo han sufrido en gran medida.

Tanto por la estrechez presupuestaria como por la falta de una evaluación sobre la marcha actual de las políticas de empleo, Paloma López, responsable de Empleo de CC OO, se muestra muy escéptica con las planes del Ejecutivo. "Lo primero es analizar lo que está pasando", señala, y para ello reclama datos. López se queja del apagón estadístico sobre políticas activas, algo que en su opinión tiene una doble causa: ocultar la caída de usuarios derivada de los recortes presupuestarios y empeorar la imagen de los servicios públicos de empleo para justificar la entrada de la iniciativa privada.