La oposición recibe con críticas el informe de pensiones de los expertos

La mayoría de grupos parlamentarios ha recibido con muchas reservas y bastantes críticas el informe que los 12 expertos designados por el Gobierno han elaborado sobre la próxima reforma de las pensiones. Así se pudo ver este martes en la comparecencia en el Congreso del presidente del grupo, Víctor Pérez Díaz, para defender su trabajo. No obstante, en ocasiones costaba discernir si las críticas se dirigían al comité de sabios o al propio Ejecutivo. Nada más comenzar su intervención, Pérez Díaz, pidió “más rigor” ante lo que, según sus palabras, es una propuesta para el debate acerca de la reforma de las pensiones que tiene que estar lista antes de octubre. No obstante, el compareciente admitió que pese a que el grupo plantea que sus recomendaciones entren en vigor a ser posible en 2014, el trabajo hecho “no ha mirado con lupa” cuál es el impacto que tendría sobre los pensionistas durante la implantación plena de la reforma de 2011, la que retrasa la edad de jubilación paulatinamente a los 67 años en 2027.

El 7 de junio el comité finalizó su informe con una propuesta de definición del factor de sostenibilidad, el principal elemento de la reforma de pensiones que se avecina. En concreto, su planteamiento defiende una doble fórmula de ajuste automático en las pensiones y contención de gasto: por un lado, plantea un factor de equidad intergeneracional (FEI) que liga el cálculo de la pensión inicial a la esperanza de vida, lo que visto su aumento se traducirá en menores pagas, y, por otro, un factor de revalorización anual (FRA), que desvincula el crecimiento anual de las pensiones del IPC y lo une a la situación de las cuentas de la Seguridad Social.

En la defensa del informe, Pérez Díaz afirmó que su propuesta es solo un “mecanismo de alerta” para que los políticos tomen decisiones. Esta línea argumental ya pudo verse en la presentación del documento antes de remitirlo al Pacto de Toledo. Según explicó, el FRA permite saber “con qué ingresos contamos” y que los políticos decidan si es necesario aumentarlos por otras vías para que las pensiones no bajen.

Precisamente este ejemplo, o mejor dicho, la fórmula de revalorización anual, es el principal obstáculo que ve el PSOE para acordar una reforma como la propuesta por los expertos. “Si el Gobierno no modifica la propuesta, las posibilidades de pacto son cero”, aclaró el portavoz socialista de Economía, Valeriano Gómez, “tendría que ser un factor de sostenibilidad mucho más cercano al establecido en la reforma de 2011”. Entonces, con Gómez como ministro de Trabajo, lo que se previó era la definición de un factor que tendría en cuenta exclusivamente la esperanza de vida.

“No he dependido de un grupo económico”, se defiende Pérez Díaz

Mientras Gómez hacía estas declaraciones en Santander, en el Congreso, Isabel López, portavoz socialista sobre pensiones espetó a Pérez Díaz que el trabajo de los expertos había generado alarma social, no solo entre los futuros pensionistas, “que ya la tenían”, sino también entre los actuales. Este argumento fue rechazado por la portavoz popular Carolina España, quien dijo que era la oposición quien genera esa alerta.

Las críticas de López i Chamosa también llegaron a la composición del grupo. La socialista le preguntó a Pérez Díaz por su colaboración habitual con Unespa, la patronal de las aseguradoras, en varios informes sobre pensiones. Un ataque similar hizo Joan Coscubiela, de Izquierda Plural, que acusó al grupo de actuar “teledirigido” y con cartas marcadas.

“Jamas he sido dependiente de un grupo económico”, se defendió Pérez Díaz, “con un punto de indignación”, que estuvo presente a lo largo de toda su respuesta a los portavoces.

Las críticas de CiU comenzaron por la defensa de las reformas de pensiones pasadas que, según su portavoz, Carles Campuzano, “han evitado que no se hable del riesgo de viabilidad financiera del sistema hasta 2012”. Campuzano preguntó si los expertos habían tenido en cuenta a la hora de formular su propuesta el impacto añadido que de implantarse sin más supondría, ya que hasta 2027 se está desarrollando la reforma de 2011. “No hemos mirado con lupa el periodo de transición actual”, respondió Pérez Díaz.

“Sin cambios, no hay posibilidad de pacto”, declara un portavoz del PSOE

Por parte del PNV, Emilio Olavarria, que agradeció la solidez técnica de la propuesta, dudó de su constitucionalidad. Mientras que el diputado de UPyD, Álvaro Anchuelo, preguntó de dónde procedían la solución de las dos fórmulas propuestas finalmente. Pérez Díaz respondió que no hubo otras alternativas.

A título personal, el presidente de la comisión de expertos no aclaró si su posición se encuentra más próxima al informe elaborado a petición del Gobierno o al de Unespa, en el que se propone un giro radical al sistema de pensiones acercándolo a un modelo como el sueco, donde los jubilados perciben exactamente lo cotizado más una rentabilidad virtual. “No soy un experto con una posición clara”, contestó, “no estoy seguro”.