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A vueltas con la fiscalidad de los planes

El debate sobre la desgravación estalla en medio de los recortes de la pensión pública

Oferta de planes de pensiones en una oficina bancaria de Madrid
Oferta de planes de pensiones en una oficina bancaria de Madrid

La caja de los truenos la abrió la propia Comisión Europea, que sugirió hace unos días que España debería suprimir o limitar la desgravación fiscal por planes de pensiones privados. Para el Ejecutivo comunitario, en el impuesto sobre la renta personal, “la desgravación fiscal de las contribuciones a planes de pensiones tiene efectos regresivos y falsea la composición del ahorro”. Se trata de una propuesta con grandes defensores y acérrimos enemigos.

En el primer grupo, por un lado, quienes, como Ignacio Zubiri, catedrático de Hacienda Pública en la Universidad del País Vasco, sostienen que estas desgravaciones tienen un coste elevado: en 2013, algo más de 2.000 millones de euros (equivalentes al 3% del IRPF), si se tiene en cuenta que en la Memoria de Beneficios Fiscales de los Presupuestos Generales del Estado para 2013 aparece la cifra de 1.112,31 millones, que tan solo corresponde a la parte estatal del IRPF, que supone, tras la aplicación de la nueva escala complementaria, en torno al 56%. Por la parte de las comunidades autónomas hay que añadir el otro 44%. “No tiene sentido”, según Zubiri, “dedicar dinero público a pensiones privadas, especialmente en un momento en el que se están recortando las pensiones públicas por falta de dinero”.

En el segundo grupo y rebatiendo esta afirmación se colocan quienes consideran, como Ángel Martínez-Aldama, director general de la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva (Inverco), que, en la realidad, el coste fiscal real para el Estado de las desgravaciones en los planes de pensiones privados “no es tan relevante como señalan esas cuantías iniciales”. “No hay que olvidar”, explica Aldama, “que tan solo se trata de un diferimiento de impuestos: cuando se rescatan los planes de pensiones, los ingresos obtenidos hay que incluirlos en la base imponible del IRPF como rendimientos del trabajo. Sucede así que no solo se pagan impuestos al marginal por las aportaciones realizadas, sino también por los rendimientos que estas han generado, algo que no sucede en otros productos de ahorro que tienen un tipo fijo”.

¿Por qué beneficiar a unas gestoras con un historial de resultados muy bajo?

En 2012, el Ministerio de Hacienda contempló en su Memoria de Beneficios Fiscales unas deducciones por aportaciones a sistemas de Previsión Social por importe de 962,21 millones de euros. El doble, si se tienen en cuentan las comunidades autónomas. Total: unos 1.925 millones de euros. En la memoria de la Dirección General de Seguros de 2012 se señala que a lo largo de ese año se hicieron aportaciones a los distintos tipos de planes de pensiones por importe de 4.136 millones de euros, y que las primas de los planes de previsión asegurados (PPA) sumaron 3.395 millones de euros, de los que habría que descontar unos 1.000 millones por tratarse realmente de traspasos. Un total de 6.531 millones de euros. Una desgravación media, por tanto, en torno al 29,5%.

Si el mismo tipo medio impositivo se aplica al conjunto de prestaciones (son rendimientos del trabajo) —según los datos de la DGS, estos mismos instrumentos suman 5.369 millones—, resultan unos ingresos en el IRPF por esta vía de unos 1.583,85 millones. El coste neto final, por tanto, para el Estado por la desgravación en sistemas de previsión social en 2012 se acercó a los 341 millones, según estos cálculos.

Quienes apoyan la eliminación de esta desgravación consideran adicionalmente que su efectividad es limitada, porque la mayoría de la gente simplemente traslada a planes de pensiones ahorros que hubiera invertido en otros activos y, en muchos casos, hubiera utilizado para financiar su jubilación. Para estos expertos, además, se acoge a la deducción no solo el ahorro nuevo generado por el propio incentivo (probablemente, poco), sino el que se hubiera realizado en cualquier caso. Por último, consideran, tal y como recalca Zubiri, que “es una deducción que solo beneficia a las rentas altas, que son aquellas que más deducen —el 10% que más declara realiza el 35% de las deducciones— y las que más se ahorran por euro deducido, porque su tipo marginal en el IRPF es más alto”. En la actualidad, las aportaciones a planes de pensiones reducen la base imponible en el IRPF por un máximo general de hasta 10.000 euros, 12.500 euros para mayores de 50 años. Los tipos marginales oscilan, en función de las comunidades autónomas, entre un 24,75% y hasta un 56%.

Quienes defienden la vigencia de esta desgravación creen indiscutible que fomentar el ahorro a largo plazo a través de sistemas de previsión social complementaria pasa obligatoriamente por ofrecer una discriminación fiscal a su favor (entre otras razones, para compensar su iliquidez), tal y como sucede en todos los países de la OCDE en los que se otorgan reducciones a las aportaciones, eximen de tributación los rendimientos y hacen tributar las prestaciones, con mínimas matizaciones. Sobre el mayor aprovechamiento fiscal de las rentas altas en estos productos recurren para rebatir esta idea a los datos de la DGS de su Memoria de Planes de Pensiones, que reflejan que, en 2012, el 75,8% de los partícipes aportaron menos de 300 euros en dicho ejercicio —no propio de patrimonios elevados, en su opinión—; el 13,2%, entre 300 y 900 euros; el 4,6%, entre 901 y 1.800 euros; el 0,3%, de 8.000 a 10.000 euros, y más de 10.000 y hasta 12.500 euros, un 1,2%, mayores de 50 años.

Los defensores de las ayudas dicen que solo se difiere el pago del impuesto

La desgravación en los planes tiene otro frente más. Quienes apuestan por su eliminación recalcan que, en su opinión, beneficia a las gestoras, que, “a pesar de haberse mostrado más eficaces al cobrar gestiones que al obtener rentabilidad, siguen atrayendo inversores por la deducción”. En este mismo sentido, aunque con matizaciones, los profesores del IESE Pablo Fernández y Javier Aguirreamalloa, junto con el investigador Pablo Linares, publicaron recientemente el estudio Rentabilidad de los Fondos de Pensiones en España 2002-2012, cuya principal conclusión numérica fue que el resultado global de los fondos en este periodo fue “decepcionante, debido a las comisiones e ineficiencias en inversión y gestión” y que, por tanto, “este resultado global no justifica en absoluto la discriminación fiscal a favor de los mismos”. Desde su punto de vista, “el Estado, que tiene alguna responsabilidad en las pérdidas que millones de contribuyentes han sufrido y siguen sufriendo, podría animar a invertir en algunos (pocos) fondos de pensiones, pero no indiscriminadamente en cualquiera de ellos”.

Desde Inverco, además de los datos —al cierre de mayo y en términos interanuales, el conjunto de planes del sistema individual generó rendimientos promedio del 12,98% en 1 año; del 2,84% en 3 años; 1,22% en 5 años; 2,28% en 10 años; 1,68% en 15 años; 4,02% en 20 años y 4,94%, en 23 años—, subrayan que los planes de pensiones son transparentes en su gestión y en sus comisiones y que los partícipes tienen el derecho a traspasar de forma gratuita su dinero de uno a otro si consideran que los resultados obtenidos son “decepcionantes”. Por otro lado, señalan que suprimir esta desgravación colocaría los planes de pensiones en un plano de inferioridad respecto, por ejemplo, a los fondos de inversión, que cuentan con absoluta liquidez y cuyos rendimientos tributan en la actualidad, si superan el año de antigüedad, entre el 21% y el 27%.