Una reforma acelerada por la recaída

Apenas pasaban unos días desde que el 2 de agosto de 2011 el Boletín Oficial del Estado había publicado la reforma de pensiones que retrasó la edad de jubilación de 65 a 67 años, cuando llegó a La Moncloa una carta del Banco Central Europeo. La misiva condicionaba la compra de bonos para rebajar la presión sobre la deuda española a que el Gobierno, entonces del PSOE, aplicara nuevos recortes. Era la respuesta de Fráncfort para frenar la tormenta financiera que se desató y que se llevó por delante la agónica recuperación de la economía española de la Gran Recesión. Aquella carta no imponía ningún cambio nuevo en la jubilación. Pero la recaída económica —con rescate financiero incluido— ha acabado por convertirse en el acelerador necesario de una nueva reforma de pensiones, que tiene que estar lista este mismo año, cuando no hace ni dos años que se aprobó la más profunda que ha sufrido el sistema en los últimos 30 años. La que acabó con el hito mental que tiene en la mente casi todos los trabajadores desde 1919: los 65 años como el momento del retiro.

La nueva reforma consistirá, sobre todo, en el diseño del factor de sostenibilidad, un mecanismo automático de contención del gasto en pensiones contemplado en la ley de 2011 para 2027 que, probablemente, entrará en vigor mucho antes de lo previsto. Para definirlo, el Gobierno encargó a un grupo de 12 expertos la tarea. Ya la han acabado. Han propuesto un sistema de contención del gasto doble que se suma al retraso de la edad de jubilación y demás ajustes de la anterior reforma: uno, que desvincula la evolución de las pensiones y las liga a la salud de las cuentas del sistema, y otro, que calcula las prestaciones iniciales de los futuros jubilados según la esperanza de vida en el momento del retiro. Ahora se abre el turno de la política y las negociaciones con sindicatos y empresarios.

“Claro que sin lo que ha pasado en los dos últimos años, esta reforma no se entiende”, explica Javier Díaz-Giménez, profesor de Economía de IESE y profundo conocedor de los sistemas de pensiones, “se han acelerado todas las previsiones. Si esperábamos que en 2015 las cotizaciones de quienes están trabajando [excluyendo así las de los parados] no bastaran para pagar las pensiones eso ya sucedió en 2010”.

Caben pocas dudas sobre que la dureza de la crisis ha forzado el adelanto de una reforma prevista en 2027. Y también de que ha preparado el terreno para que la sociedad la acepte. El propio grupo de expertos lo viene a admitir en uno de sus últimos borradores: “Es precisamente, la calidad del momento actual como tiempo económicamente comprometido, lo que lo hace ideal para presentarle a la sociedad una reforma que, eso sí, debe ser creíble y razonable. [...] El sacrificio, por otra parte, es más fácil de aceptar en tiempos comprometidos que en medio de la bonanza”. No obstante, en la versión final del viernes este argumento de que había que aprovechar la crisis para hacer la reforma, tras ser desvelado por EL PAÍS, desapareció. La justificación quedó exclusivamente centrada en los riesgos financieros y económicos que afronta en el largo plazo el sistema de pensiones.

Sin lo que ha pasado estos años, esta reforma no se entendería

Desde que volvió la recesión en el verano de 2011, la Seguridad Social ha perdido más de 1,3 millones de afiliados; en 2010, 2011 y 2012 ha registrado déficits crecientes; el paro ha subido hasta más allá del 27%; y los salarios —la fuente de la que proceden las cotizaciones que ingresa la Seguridad Social— se están devaluando significativamente, y lo más probable es que este último proceso continúe durante varios años más.

Defienden quienes rechazan hacer cambio alguno que existe el Fondo de Reserva, que todavía acumula más de 63.000 millones para afrontar los déficit que están por venir. Pero de seguir así la economía, puede darse la situación de que si en poco tiempo no se revierte la situación, esta hucha se agotará justo cuando se acerca la retirada de la generación del baby boom, los nacidos entre 1958 y 1978, a la que siguió una significativa caída de la natalidad, lo que se traducirá en un importante envejecimiento de la sociedad española.

Este fenómeno demográfico, según el informe sobre envejecimiento de la Unión Europea de 2012, elevará el gasto en pensiones en 2040 hasta el 12,3% del PIB, 2,2 puntos por encima de la factura de 2010, aunque para tener el cuadro completo hay que recordar que estará 1,6 puntos por debajo del conjunto de la zona euro. Esto se conjuga con un estancamiento en las previsiones de ingresos por cotizaciones en torno al 10% del PIB, si nada cambia o no se aportan otros recursos. “En cifras absolutas, el número de pensiones que prevé la Seguridad Social pasaría de los nueve millones actuales a los 15 millones en 2052”, apunta el informe de la comisión de expertos aprobado el pasado viernes.

Esta avalancha de datos ha cargado de razones —y de fuerza— a los partidarios de ir más allá de la reforma de 2011. Algo que tampoco es nuevo, como recuerda en un artículo reciente la actuaria de la Seguridad Social, Alicia de las Heras: “Ha sido una constante [...] del sistema de pensiones la reiteración periódica de posiciones que alertan sobre su inviabilidad económico-financiera”.

Desde el verano de 2011, el sistema ha perdido 1,3 millones de afiliados

Entre los partidarios de una reforma más profunda se cuenta, por ejemplo, la Comisión Europea, que hubiera querido que la jubilación a los 67 años llegara antes de 2027. El Gobierno español, ya del PP, se opuso frontalmente a esto. Hubiera resultado difícil a los populares justificar esta medida tras rechazar la reforma de 2011 por no aceptar, entre otras cosas, el retraso de la edad de retiro.

A cambio, y con rescate financiero mediante y sus consiguientes condiciones de obligado cumplimiento, el Ejecutivo ha tenido que comprometerse a adelantar la puesta en marcha del factor de sostenibilidad. Falta por saber cuándo, aunque los expertos y se han inclinado por hacerlo cuanto antes. Justifican en la Seguridad Social que si no hay cambios rápidos el sistema no aguantará hasta 2027, cuando llegará la edad de jubilación legal a los 67 años, y que los problemas no son solamente coyunturales.

Entre quienes creen que el recrudecimiento de la crisis ha acelerado la reforma y la hace necesaria se encuentran varios autores de la anterior, uno de ellos es Octavio Granado, ex secretario de Estado de la Seguridad Social con el PSOE. “La fuerza la crisis y la devaluación competitiva”, explica, en referencia a las bajadas de sueldos y, por tanto, de recaudación por cotizaciones que se están aplicando en los últimos meses. No obstante, él pide paciencia a la hora de analizar los cambios a hacer para saber cuál está siendo el efecto de la que ha comenzado a aplicarse este año y no le gusta en absoluto lo que se conoce hasta el momento sobre el factor de sostenibilidad. En su opinión, sería mejor seguir ahondando en cambiar los parámetros del sistema (como aumentar los años necesarios para calcular la pensión más allá de los 25).

Lo que hace que Granado rechace las urgencias y la demanda de otros es su visión sobre las proyecciones demográficas, de las que dice que son muy cíclicas y dramatizan el problema. Su visión es similar a la que tiene Santos Ruesga, el miembro del comité de expertos que votó en contra el pasado viernes y colaborador habitual de UGT. Él, en su texto discrepante, incluso apunta que “hay un exceso de alarmismo en torno a la evolución financiera del sistema”.

Las pensiones pasarán de nueve millones actuales a 15 en 2052

Estas opiniones no son compartidas, en absoluto, por Díaz-Giménez. Para él, lo sucedido en estos dos años ha acelerado unos cambios necesarios que ya tendrían que haberse hecho, como poco, hace dos años. Él incluso propone que se aprovecharan las circunstancias para ir más allá y cambiar radicalmente el sistema. “Lo que estamos haciendo es parchear”, afirma. Su propuesta es seguir el ejemplo sueco, un sistema implantado en los noventa en que cada pensionista viene a percibir estrictamente lo cotizado más unos rendimientos ficticios. Lo mismo ha propuesto en uno de sus últimos informes Unespa, la patrona de las aseguradoras.

De las Heras, en el citado artículo (¿Es posible establecer en España un sistema de pensiones a la sueca?), calcula lo que eso podría suponer para un asalariado medio español una rebaja del 40,9%. La actuaria de la Seguridad Social recuerda que cuando en Suecia se aplicó este sistema se acompañó “de un fuerte crecimiento de los niveles asistenciales de cobertura social”.

También defiende la necesidad de hacer una reforma, y más concretamente una que contenga un factor de sostenibilidad como el propuesto por el comité de expertos, el profesor de Matemáticas para la Empresa de la Universidad de Valencia Robert Meneu. Lo defiende por motivos demográficos y económicos. “Sí que es necesario o estaríamos abocados a reformas periódicas que tendrían que hacer los políticos”, señala.

El primer argumento que esgrime es el demográfico, aunque admite que las proyecciones que se hacen sobre lo que sucederá en 2040 o 2050 contienen un riesgo importante de error que induce a potenciales fallos. Un ejemplo de esto, hay bastantes, fue lo que sucedió en 1996, cuando un estudio de la Fundación BBV sobre el futuro de las pensiones pronosticaba que España tendría nueve años después 13 millones de cotizantes —tuvo 17,9— y 14 para 2020— en 2013, cuando el mercado laboral en el centro de la peor crisis desde posguerra tiene 16,3 millones de afiliados—.

Tras el informe de los expertos es el turno de políticos y agentes sociales

Consciente de estos errores y para tratar de solventarlos, José Ignacio Conde-Ruiz, uno de los integrantes de la comisión de expertos, en un estudio reciente ha utilizado tres escenarios demográficos, uno de ellos optimista, y con tasas de paro del 5%. Su conclusión: la reforma de 2011 solo resuelve un tercio de los problemas demográficos a los que se enfrenta España.

Tampoco esto convence a Juan Antonio Fernández Cordón. Este demógrafo y economista, investigador del CSIC, advierte de las limitaciones que tienen las previsiones a muy largo plazo: “El que proyecta está influenciado por lo que sucede ahora, porque proyecta sobre lo que está viviendo en este momento”.

En opinión Fernández Cordón, los problemas de envejecimiento que afronta España no son tan graves como puede deducirse de un simple vistazo a las pirámides de población para dentro de varias décadas. “Las proyecciones demográficas son autónomas. Primero se hacen y luego se comparan con lo que se espera que suceda en la economía, como si esta no fuera a influir en la marcha de la demografía. Es cierto que dentro de unos años España tendrá muchas jubilaciones, pero ¿eso va a suponer que las empresas dejarán de sustituir la mano de obra y no vendrá nadie a sustituirla?”, pregunta a modo de ejemplo. Simplificando mucho, se puede decir que los flujos migratorios no se recogen bien en las proyeciones.

“El único problema demográfico que puede tener el sistema de pensiones proviene del alargamiento en la esperanza de vida”, apunta Fernández Cordón, “pero eso se puede resolver con otro reparto de la riqueza nacional”. Es decir, lo que propone el investigador del CSIC es que mientras perdure el problema, que puede disminuir a partir de 2046, se puede recurrir a otras fuentes de ingresos, léase impuestos.

Algo similar vino a decir Miguel Ángel García, jefe del gabinete de estudios de CC OO, y el pasado viernes, cuando en su defensa del factor de sostenibilidad definido por el grupo de expertos del que ha formado parte, dijo que abría la puerta a que las pensiones se financiaran con ingresos que no provinieran solo de las cotizaciones sociales, sino también a través de los impuestos.

Tras el informe de los expertos en que se proponen dos fórmulas que implican (por más que se quiera disimular) unas pensiones más bajas, es el turno de los políticos y los agentes sociales. El debate sobre las pensiones, con la carga emocional que conlleva, se extenderá durante varios meses. Pero las decisiones que se tomen ahora extenderán sus efectos durante años. Quizá décadas.