Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra
informe sobre la reforma de pensiones

El experto que votó en contra: “No demos pie al pánico y a la alarma social”

El economista Santos Ruesga defiende que se debe dar margen a la reforma de 2011

“El diagnóstico es excesivamente alarmista”, justifica

Critica "la urgencia" con la que se ha elaborado el estudio de los sabios

Se muestra contrario a basar en proyecciones económicas ajustes drásticos en el sistema

El informe sobre la sostenibilidad de las pensiones que los 12 expertos han entregado al Gobierno ha sido aprobado por una amplia mayoría: 10 votos a favor. Hubo una abstención. Y un voto en contra. El sabio díscolo ha sido Santos Miguel Ruesga, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Autónoma de Madrid y doctor en Ciencias Económicas. ¿Por qué? Junto al informe, se ha elaborado también un anexo en el que figuran las explicaciones sobre tres votos particulares. Y ahí es donde Ruesga explica sus diferencias con el resto de los expertos, que le han llevado a oponerse a la valoración del resto de sabios. "De momento hay ingredientes suficientes en el terreno de la reforma del sistema pensiones y en las fortalezas del propio sistema como para que nos otorguemos un pequeño respiro y no demos pie al pánico y a la alarma social; eso sí que nos sirva también para pensar en el siguiente paso a desarrollar. Paso este que, sin duda, convendría viniera consensuado por la fuerzas políticas y sociales que articulan la opinión y los intereses de los ciudadanos del país", señala rotundo.

Considero innecesario incorporar un factor adicional de sostenibilidad ligado a la evolución de los ingresos y los gastos del sistema tal como se define en el Informe, que a largo plazo supondría un elemento adicional de ajuste sobre el valor medio de las pensiones

Este experto considera que se está actuando con excesiva precipitación y sobre la base de estimaciones económicas que considera insuficientes para acometer cambios tan profundos. "El Informe parte de un diagnóstico excesivamente alarmista de los problemas financieros del sistema público de pensiones, con una crítica subyacente al sistema de reparto, que, sin embargo, ha mostrado en el pasado un gran potencial para hacer frente a diferentes problemas a los que se ha tenido que enfrentar", señala Ruesga.

Cree que se debería dar tiempo a los cambios aplicados en 2011 en materia de pensiones, "y hacer su seguimiento antes de introducir otros posibles factores de reducción de la cuantía de las pensiones". Es pronto para acometer cambios drásticos sobre el pago de pensiones, justifica. "No hay tanta urgencia. Los problemas comenzarían a agravarse (con las previsiones actuales) a partir de 2030, pero con la reforma de 2011 la previsión de gasto en pensiones sobre el PIB aún sigue estando por debajo de la media europea en 2040 y posteriormente", explica en su voto en contra.

El economista comenta sus diferencias con el diagnóstico en 10 folios. En síntesis, su desacuerdo parte de la base de que la revisión del sistema se realiza sobre proyecciones económicas. Y la economía fluctúa mucho. "Aún admitiendo las dificultades que, fundamentalmente por razones de la evolución demográfica del país, se puedan plantear en el futuro para la estabilidad presupuestaria el sistema de público de pensiones, no considero preciso que se introduzcan factores de sostenibilidad apoyados en la dinámica de variables económicas estimadas", señala al final de su extensa crítica a las ideas del estudio. "No hay necesidad inmediata de intervenir sobre la marcha de las pensiones, mas allá de la ley 27/2011 y las medidas complementarias que se consideren en el ámbito del pacto de Toledo. En este sentido, en los próximos años habrá que estar atentos a la evolución de los resultados de la reforma", añade.

Ruesga no niega que el sistema de pensiones necesite una reforma. Sin embargo, critica que esos cambios deban basarse en reducir los pagos, y propone aumentar el gasto público en pensiones. "A mi modo de ver creo que es preciso asumir que el aumento del número relativo de pensionistas, derivado de las tendencias demográficas, exigirá un esfuerzo paulatinamente mayor de la sociedad para con el gasto de pensiones, lo que nos habría de llevar a una cifra de gasto similar a la media de la UE, en el entorno del 14%, sin alterar otras partidas de gasto social, con el fin de mantener la suficiencia de las pensiones y la sostenibilidad del sistema. Por ello, considero que el esfuerzo de ajuste tiene que recaer fundamentalmente en una acentuación de la solidaridad inter e intrageneracional en los próximos años, por lo que además de los efectos de la reforma en marcha, sería razonable establecer un compromiso, lo más consensuado posible, acerca de la suficiencia de las pensiones públicas, sobre la base de una aportación creciente a su financiación de recursos públicos, en un horizonte de convergencia con la media comunitaria, tanto en lo que a gastos en pensiones se refiere como a gasto social, en general. Las cifras al respecto permiten avalar un horizonte como este", defiende.

Entre los puntos concretos en los que muestra su desacuerdo, Ruesga señala además la necesidad de tener más datos para acometer cambios profundos e incluso subraya la falta de apoyo por parte de organismos oficiales a la hora de ofrecer detalles para ofrecer un diagnóstico más certero.  "Considero innecesario incorporar un factor adicional de sostenibilidad ligado a la evolución de los ingresos y los gastos del sistema (aun entendiendo, como no, la licitud de que un Comité de Expertos realice las propuestas que le parezcan adecuadas, más allá del mandato que tenga), tal como se define en el Informe, que a largo plazo supondría un elemento adicional de ajuste sobre el valor medio de las pensiones y sobre cuyos resultados efectivos en términos de equilibro presupuestario no contamos con las simulaciones suficientes, ante la ausencia de apoyo por parte de los organismos oficiales y la cortedad del tiempo asignado al Comité para realizar su encargo", explica.

Los matices de otro experto que pide más tiempo para el cambio

Miguel Ángel García Díaz, responsable del Gabinete Económico Confederal de Comisiones Obreras y profesor colaborador en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, apoya el informe del comité de expertos sobre el factor de sostenibilidad del sistema público de pensiones. Sin embargo, ha optado por ofrecer ciertos matices sobre el mismo, y se ha desmarcado del consejo de aplicar los cambios ya en 2014. “Considero compatible mi voto favorable al contenido del Informe presentado por el comité con expresar mi preferencia de desplazar hasta 2019 la implantación de los dos componentes del Factor de Sostenibilidad recomendados”, justifica.

En el informe, recuerda, se fija una horquilla de aplicación entre 2014 y 2019 pronunciándose a favor de una aplicación lo más temprana que sea posible y prudente. Sin embargo, García Díaz apunta: "Diferir en 5 años su aplicación práctica permitirá a la sociedad española disponer de tiempo suficiente para conocer en profundidad este instrumento e incorporarle a todas aquellas decisiones que puedan considerar están influidas por esta nueva variable que se introduce en el sistema de pensiones".

Según justifica este experto, "la disponibilidad de recursos financieros en el Fondo de Reserva gracias, entre otras razones, al esfuerzo realizado por los trabajadores durante la anterior etapa de bonanza (renunciando a una superior actualización de las pensiones o a rebajar las cuotas sociales), es un instrumento que permite hacer frente durante un tiempo prudencial a posibles saldos negativos del sistema público de pensiones". Añade además que el factor de sostenibilidad que se propone en el Informe implica un cambio significativo en la dinámica de funcionamiento del sistema público de pensiones, "que debe ser explicado y asimilado por la sociedad y los órganos democráticos que toman las decisiones en materia de Seguridad Social. Considerando. Por otra parte, en un momento tan delicado como el actual es conveniente evitar nuevas incertidumbres en la población que pudieran generar efectos negativos sobre sus decisiones de consumo e inversión", y de ahí, el margen de cinco años que solicita.

Más información